El gobierno de Daniel Ortega reprimió brutalmente las manifestaciones y protestas llevadas a cabo en los últimos días en Nicaragua contra una reforma impuesta al sistema de Seguridad Social al estilo neoliberal siguiendo la línea impuesta directamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Viernes 20 de abril de 2018
El objetivo del gobierno es evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pero descargando tal crisis sobre el conjunto de sectores trabajadores y pensionados -quiebra que es producto de los manejos de la burguesía sandinista, entre ellos la privatización parcial del INSS-. Ésta reforma hace parte de una serie de recortes de beneficios y aumentos en las cuotas que viene haciendo el gobierno desde 2013 en detrimento del pueblo trabajador.
Las protestas y la represión
No es la primera vez que el gobierno de Ortega reprime las protestas por mejoras en la seguridad social. En 2013 las fuerzas de choque reprimieron las luchas que se llevaron a cabo para garantizar pensiones a los adultos mayores provenientes de los sectores más deteriorados de la clase trabajadora. De la misma manera lo ha hecho contra estudiantes, personas jubiladas, y feministas que se han opuesto a las medidas regresivas del gobierno en materia de seguridad social.
Según distintos medios de prensa, el gobierno cerró canales privados de televisión y las fuerzas de choque despojaron a 11 periodistas de sus herramientas de trabajo por cubrir los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Estudiantes, trabajadoras y trabajadores que han salido a las calles a luchar contra la reforma han llevado la peor parte. Mientras se redacta éste artículo se contabilizan tres estudiantes fallecidos y decenas de heridos. Aunque algunos sectores patronales se han opuesto a la medida de Daniel Ortega no es por las mismas razones por las que lo hace el pueblo trabajador. En las actuales manifestaciones y protestas es el pueblo quien pone la carne en los enfrentamientos.
Una Reforma que golpea a la clase trabajadora
Según la reforma, presentada por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), los y las trabajadoras, que aportaban un 6,25% de su salario, ahora aportarán un 7%; mientras que el sector jubilado, que se podían pensionar con un 80% de su salario base, no podrá aspirar más que al 70%, además se le impondrá un aporte del 5% de su pensión para el seguro de salud, por lo cual se le ha dado el nombre de “la cotización perpetua” a tal medida, pues la pagarán hasta que fallecen.
La patronal, por su parte, pasará de pagar del 19 al 21 por ciento, y 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5 por ciento. Aunque la edad de jubilación no se subió de 60 a 65 años como lo propuso FMI, los trabajadores y trabajadoras deberán pensionarse más tardíamente para completar cuotas y acceder a una mejor pensión.
La recarga sobre la patronal es una verdadera farsa, ya que el ajuste cae en esencia sobre el pueblo trabajador y jubilado. Actualmente los recursos que “aportan” las empresas luego le son devueltos a la burguesía por medio de las “empresas previsionales”- medida que consistió en la compra y administración compartida, entre el Estado y las empresas, de clínicas y hospitales privados en Nicaragua-, o de escudos fiscales donde se reconocen las cuotas pagadas por las empresas como gastos deducibles de impuestos sobre la renta según la Ley de concertación tributaria de 2012. En otras palabras, lo que gastan por un lado es reembolsado por el otro.
La cuestión de que tanto el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) como la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) ha pedido al Gobierno local que suspenda las medidas, esto no se debe al aumento de lo que tendrían que cotizar, pues al final de cuentas se les es devuelto, sino a que no fuera completamente acordado con ellos lo que les impide sacar más beneficios. En este sentido lo que impone el gobierno de Ortega es un verdadero ajuste de corte neoliberal, dirigido por una entidad financiera internacional que condiciona el acceso del Estado a préstamos de inversión.
¡Basta de que sea el pueblo trabajador y pobre, junto a los sectores pensionados y jubilados quienes paguen la crisis!
Son el gobierno y la patronal los que tienen que pagar la seguridad social de las y los trabajadores, y ni un centavo debe salir del bolsillo del conjunto de las masas asalariadas que dejan sus vidas ganando salarios miserables, es un completo descaro que hasta a los pensionados y jubilados se les aplique un descuento de su ya paupérrima pensión.
Nicaragua posee una tasa de pobreza que ronda el 46%, según los últimos datos del Banco Mundial, tiene un sistema de seguridad social incompleto y con graves deficiencias en cuanto al abastecimiento de fármacos y acceso a la población. En medio de la situación económica del país y el deterioro acelerado de sus instituciones como resultado de la corrupción por parte de la burocracia sandinista y sus tratos con la burguesía, la clase trabajadora no sólo se enfrenta que le quiten una parte mayor de sus ingresos sino a un aumento en el desempleo producto de medidas en recorte de personal con las que amenazan algunas empresas ante el ajuste.
Pero las patronales no se habían negado a reformas anteriores que les resultaban beneficiosas, ni del bajo precio que pagan en el país centroamericano por concepto de mano de obra, cuyo salario mínimo es el más barato de la región Centroamericana y está por debajo de los 200 dólares mensuales de acuerdo a datos de la CEPAL.
Tanto el gobierno de Ortega como los patronos, no contentos con los altos niveles de explotación hacia las y los trabajadores, pretenden que sean las masas asalariadas, así como cuentapropistas del sector informal, quienes descuenten de sus ingresos los gastos por enfermedades y accidentes, afecciones que en la mayoría de los casos tienen que ver con las pésimas condiciones de vida que impone sobre sus hombros el capitalismo semicolonial centroamericano.
El gobierno busca descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Que sean los capitalistas y los empresarios que paguen la crisis, son ellos, junto con el Estado los que deben pagar los seguros de salud y las pensiones sin que les sea deducible de los impuestos sobre la renta u otra vía de subsidio a la patronal, no la clase trabajadora.
Es necesario luchar por una salida favorable para los trabajadores, los sectores populares y pensionados, la cual vendrá sólo de la movilización independiente, tanto del gobierno que hoy implementa planes como respecto de los sectores de la patronal. Por un seguro de salud digno y una pensión que cubra las necesidades fundamentales de los sectores trabajadores. ¡Por una clase trabajadora con acceso digno a la salud! ¡Basta de represión al pueblo trabajador, a la juventud, estudiantes y personas pensionadas!
El gobierno busca descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Que sean los capitalistas y los empresarios que paguen la crisis, son ellos, junto con el Estado los que deben pagar los seguros de salud y las pensiones sin que les sea deducible de los impuestos sobre la renta u otra vía de subsidio a la patronal, no la clase trabajadora. Por un seguro de salud dignos y una pensión que cubra las necesidades fundamentales de nuestro pueblo. ¡Por una clase trabajadora con acceso digno a la salud! ¡Basta de represión al pueblo trabajador, a la juventud, estudiantes y pensionados!
