Desde el Ministerio del Interior, Rodrigo Ubilla señaló: “Queremos mejorar significativamente este año el número de fiscalizaciones en terreno para nutrir la base de datos de expulsiones administrativas.” Dando énfasis al carácter punitivo y represivo que tiene la actual agenda migratoria del gobierno de Sebastián Piñera.
Domingo 3 de febrero de 2019
El Ministro del Interior señaló que el año pasado las expulsiones se establecieron en más de dos mil por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Este año, indican que habrían 12.000 migrantes que no cumplirían las condiciones establecidas; por ello buscan que sean expulsados a través de mecanismos de fiscalización por parte de la PDI.
Así, las declaraciones de Ubilla muestran que no existe ningún tipo de interés humanitario por la precaria situación de vida en la que viven miles de migrantes en Chile, puesto que llevan adelante una agenda meramente represiva, en la que el único objetivo de esta fiscalizaciones es la expulsión del país de miles de familias migrantes.
El Gobierno de Sebastián Piñera tipifica distintas situaciones de “ilegales” o “delictuales” para determinar la expulsión de las familias migrantes, en un acto de total hipocresía y doble discurso frente a los innumerables casos de cohecho, corrupción y robo por parte de la clase empresarial en Chile y políticos afines a sus intereses, así como el descarado y multimillonario robo en instituciones como lo es Carabineros de Chile, que junto con las AFPs son dos de las cuatro instituciones más cuestionadas en Chile y que sin embargo cuentan con el respaldo irrestricto de este gobierno.
El proyecto del gobierno de Sebastián Piñera sobre migración fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Desde el gobierno indican que el 80% del proyecto original se encuentra intacto y están abiertos al diálogo con la oposición como el Frente Amplio y la ex Nueva mayoría para llegar a acuerdos y poder aprobar este proyecto de ley.
Pero, ¿Qué diálogo quiere buscar el gobierno? Un diálogo que busca criminalizar a las familias migrantes que llegan al país buscando una mejor calidad de vida, pero que se encuentran con un país con un sistema de pensiones de hambre, de salud precaria y de educación de mercado.
Al igual que a línea represiva que ha llevado adelante contra el pueblo mapuche, los estudiantes y la población que se han alzado en contra de la contaminación, el gobierno de Chile Vamos no escatima en presupuesto a la hora de disponer recursos y efectivos policiales para implementar sus leyes. En este caso, cientos para fiscalizar, reprimir y expulsar, pasando a llevar derechos humanitarios básicos, como lo es la búsqueda de mejores perspectivas de vida en otro lugar distinto al país de origen.
A su vez, Ubilla acusó a las distintas organizaciones que han alzado la voz contra esta política antimigrante de hacer meros “shows mediáticos”, pasando por alto las recientes encuestas que indican que un 51% de los chilenos opina que los extranjeros son un aporte para el país.
