Esta discusión debió ser votada en la Cámara Alta en el primer mandato de Sebastián Piñera, pero no lo logró debido a que organizaciones políticas, sociales y del medio ambiente la tildaron de promover la privatización de la semilla.
Sábado 15 de diciembre de 2018
Luego de que distintas organizaciones sociales se alzaran contra este proyecto de ley en el gobierno de la ex Nueva Mayoría, es que hoy desde el Ejecutivo vislumbran la necesidad de reimpulsar la discusión en el Congreso, pero con algunos cambios del proyecto original. Ante dicha situación, se mantiene la alerta dentro de las organizaciones políticas que luchan contra la privatización de las semillas en Chile.
La propuesta original, es del año 2009, y han pasado cuatro años, desde que Michelle Bachelet retiró el proyecto de ley, que en términos oficiales regula los derechos sobre obtenciones vegetales, la cual, fue visibilizada por las organizaciones políticas, como un nuevo intento de privatización de las semillas, para así fortalecer la concentración del capital agrario en las manos de unos pocos.
Segunda oportunidad
Esta discusión debió ser votada en la Cámara Alta en el primer mandato de Sebastián Piñera, pero a raíz de los cuestionamientos hechos por las organizaciones sociales denunciando uno de los hechos como la participación de ese entonces del Ministro de Agricultura, Luis Mayol, en la Compañía Agropecuaria COPEVAL S.A, la cual se dedica a la venta de insumos agrícolas, como las semillas, lo que gatilló a que dicha votación interrumpiese su trámite legislativo hasta el segundo mandato de la ex NM, donde producto del descontento social, se fortalecieron las manifestaciones realizadas por agrupaciones compuestas por mujeres campesinas, indígenas y en unidad con sectores de la juventud que exigían el fin de este tratado en el país, y como parche ante este conflicto, el gobierno de ese entonces respondió con su congelamiento, pero no así su retiro del Senado.
Hoy, con la derecha nuevamente en el poder, la cual se ha posicionado con un programa abiertamente neoliberal, nuevamente abre la discusión respecto al “TPP-11” y su relación con Monsanto, donde se le exige al Estado chileno que ratifique el convenio “Upov91”, por lo que se estaría obligando a generar una legislación sobre la patente de semillas. La relación que existe entre la “Ley Monsanto” y el “TPP11” no está del todo alejada, sino más bien que estas acciones legislativas de parte del gobierno van a favor de los acuerdos internacionales suscritos por una amplia mayoría de sus miembros. Como señala a una entrevista realizada por diario Uchile a Lucía Sepúlveda, vocera de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, “En el fondo el tratado obliga a Chile a privatizar las semillas mediante lo que exige el Upov91 y éste último va de mano con esta ley que el Gobierno está intentando refrescar y volver a poner en discusión”.
Una salida independiente a los tratados imperialistas
Para que el proyecto de ley pudiese ser ejecutado por el gobierno de Piñera, sólo es necesaria la votación en la Cámara Alta. Sabemos que ni el “TPP”, ni “Monsanto”, darán solución para la regulación en la plantación de semillas en el país, ya que estos acuerdos buscan fortalecer los negocios empresariales, medidas que tiene graves consecuencias que se puede ver tanto en la privatización de los distintos usos del suelo, como en la intervención directa del imperialismo en Chile.
Contra esto se hace necesario quitar de las cuatro paredes del congreso esta discusión, los cuales sabemos que solo representan los intereses de los empresarios tanto nacionales, como internacionales. Para eso es necesario impulsar asambleas locales en lugares de trabajo, estudio y en comunidades agrícolas para proponer un plan de lucha, donde se exija el fin a la privatización de las semillas.
