Más de 10 mil trabajadores estatales de dependencias de la Ciudad de México ganan hasta 2 mil 792.2 pesos menos que el salario mínimo al mes.
Miércoles 1ro de febrero de 2023
El 1 de diciembre de 2022 el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento sobre el salario mínimo equivalente al 20 % a aplicarse al empezar el año 2023.
Fue el pasado 1 de enero que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, expresó a través de su cuenta oficial en Twitter “Arrancamos 2023 con mucho ánimo de consolidar el trabajo digno”, recordando que ningún trabajador mexicano deberá de percibir menos de $207.44 pesos por una jornada diaria de labores, es decir, un salario mensual de $6,223.2 pesos.
Sin embargo, más de 10 mil trabajadores y trabajadoras de las dependencias públicas del Gobierno de la Ciudad de México tienen un salario menor al establecido como mínimo. La cifra aumenta exponencialmente, si se toman en cuenta a las y los trabajadores a quienes se les niega ese reconocimiento, es decir que se encuentran bajo contratos de simulación, en figuras de nómina 8, honorarios, servicios profesionales, autogenerados o beneficiarios de programas sociales.
Las autoridades de los gobiernos federales y locales parecen estar exentas del respeto a los derechos laborales, siendo los protagonistas de profundizar la precarización laboral.
Son trabajadores y trabajadoras de las dieciséis Alcaldías y Secretarías al servicio del Gobierno de la Ciudad de México basificados con un nivel denominado 469 y trabajadores del “Programa de Estabilidad Laboral” integrados al mismo nivel, su salario actual es de $3,431 pesos mensuales, es decir, $2,792.2 pesos menos que el salario mínimo establecido para 2023.
¿Cómo se creó estableció este nivel salarial?
Frente a una creciente demanda de plenos derechos laborales y estabilidad laboral y en el contexto de la cercanía electoral, el 02 de febrero de 2018, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, planteó la basificación de 10 mil trabajadores de las dieciséis Alcaldías y algunas Secretarías al servicio del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Programa “Justicia Laboral basificación 2018”.
Las y los trabajadores que fueron basificados, habían laborado durante años como personal de honorarios y en algunos casos habían ingresado previamente al Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8), que también impulsó Mancera en el 2015.
El “nombramiento” lo hizo el entonces Jefe de gobierno en el Zócalo con un acto protocolario al que asistieron 80 mil personas. En el acto destacó la presencia del entonces del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) Juan Ayala, quien demostró el cierre de filas con el Gobierno de la Ciudad cuando dijo: “Miguel Ángel Mancera es un Jefe de Gobierno que ha ayudado a los trabajadores, ha regularizado su estatus laboral. Es un hombre que le tendió la mano a la base y clase trabajadora”.
Más de 10 mil trabajadores engañados
La mayoría de las y los trabajadores que en ese momento firmaron su basificación, así como los que firmaron su contratación por “Estabilidad laboral” fueron engañados, se les había prometido en algunos casos respetar su salario y en otros ingresar con el nivel más bajo del tabulador oficial para los trabajadores al Servicio del Estado, es decir, plazas al nivel 8.9 pie de rama, que actualmente tiene un salario de 7, 841 pesos mensuales.
Sin embargo, ningún trabajador conocía que sería creado un nivel inexistente, que violaría no sólo las Condiciones Generales de Trabajo, sino también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
Cabe destacar que las y los trabajadores basificados en este proceso no han tenido asignación del dígito sindical, lo que limita sus prestaciones y les impide ejercer el derecho a la sindicalización.
¿Qué leyes están violando las dependencias estatales?
El artículo 123 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” y en las fracciones VI párrafo segundo y VIII del expresa: 4 Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. SEGUNDO. - Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos: Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.
Además, el Gobierno de la Ciudad de México está violando su propia Constitución, en cuyo Artículo 10, inciso C, de las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores, dice: 6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país.
El gobierno de la 4T, continuidad y profundización de la violación de derechos
Las condiciones de violaciones a derechos laborales dentro de los sectores estatales fue establecida y profundizada por los gobiernos anteriores. La creación del nivel salarial 469 es herencia de Mancera, que hoy se encuentra en la llamada “oposición” que integra el PAN, PRI y PRD.
Sin embargo, a pesar del discurso “antineoliberal” del gobierno actual de Morena, con Claudia Sheinbaum a la cabeza en la Ciudad de México, dichas políticas no sólo no han sido revertidas sino mantienen continuidad y se profundizan.
El gobierno de la 4T pretextó la llamada “Austeridad Republicana” para despedir a cientos de miles de trabajadores estatales, así como la creación de nuevas figuras de simulación que buscan negar el reconocimiento de la relación laboral y con ello los derechos correspondientes, como lo es la figura de beneficiarios de programas sociales, que sostienen programas como los de Pilares, Ponte Pila y proyectos Culturales de la Ciudad de México. Además, se ha despedido y reprimido a los trabajadores que se han organizado para pelear por sus derechos.
Estas políticas de precarización han contado con el silencio y en muchos casos con el abierto respaldo del SUTGCDMX, que actualmente negocia un aumento salarial totalmente por fuera de la base trabajadora, en un contexto de inflación que ha encarecido la vida y convierte la demanda de aumento salarial de emergencia que cubra el costo real de la canasta básica en urgente.
Cabe destacar que el salario mínimo actual está muy lejos de lograr cubrir ese costo pues, de acuerdo al maestro Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, sostiene que para adquirir actualmente los 123 productos de la canasta básica se tienen que destinar 11 mil 529 pesos, explica: En una canasta básica indispensable de una familia de cuatro miembros (30 productos), que además incluye elementos como gel antibacterial y cuestiones de aseo personal y del hogar, el precio alcanza 10 mil 576 pesos. Si a eso le agregamos servicios como el pago de la luz, agua, teléfono y renta, se necesitarían alrededor de 22 mil 182 pesos para tener todas estas condiciones de forma mensual.
La urgencia de la organización y unidad de los trabajadores estatales
La pelea contra los despidos, por plenos derechos laborales y por aumento salarial, atraviesa al conjunto de dependencias públicas, tanto federales como locales.
Los gobiernos de todos los partidos políticos con registro se han encargado de garantizar estas violaciones, es claro que la solución a nuestras demandas no vendrán de ellos - a pesar de las promesas electorales-.
Desde Queremos Trabajo Digno consideramos que para conquistar plenos derechos laborales y condiciones de vida dignas para nuestras familias, solo podemos confiar en la organización de la base trabajadora, que implica recuperar la organización democrática de las y los trabajadores que realizamos funciones de base, más allá de nuestra modalidad de contratación, buscando la recuperación del sindicato como herramienta de lucha, cuyos líderes se han alineado a la patronal para hacer pasar estos golpes contra la clase trabajadora, además de que es necesario la unidad del conjunto del sector estatal que sale hoy desarticuladamente por estas demandas.
