En su conferencia matutina de este viernes, y en el marco de las investigaciones por el caso de Ayotzinapa, el gobierno, de la mano de Alejandro Encinas, declaró que la desaparición de los jóvenes fue orden del edil José Luis Abarca y el grupo Guerreros Unidos.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 26 de agosto de 2022
La conferencia de este viernes abordó las actualizaciones acerca del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. A un mes de cumplirse ocho años de su desaparición, el gobierno declaró, de la mano del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que "es responasbilidad del gobierno esclarecer los hechos" debido a que el caso también tiene contenido político.
Asimismo, declaró que el informe del gobierno de AMLO acerca de la desaparición de los 43 se basa en información científica y técnica, a diferencia de la mentira histórica impulsada por Peña Nieto y Murillo Karam, en la cual se manipuló la escena del crimen, se fabricaron pruebas (como una bolsa de cenizas que, aseguraba el gobierno de Peña Nieto, contenía los restos de los 43) y se recurrió a la tortura. Según los últimos hallazgos, efectivamente no resulta verídica la versión del sexenio anterior, que aseguraba que los jóvenes habían sido entregados al cártel Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula.
Encinas añadió que se trató de un crimen de Estado "no solamente se trata de la desaparición y la pérdida de vida de los estudiantes, [sino que] se conjuga [...] la participación, involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado". "Los normalistas fueron monitoreados. La desaparición de los normalistas debió evitarse y hay omisiones", agregó. En estos allazgos se confirma la asociación del Estado, a través de sus distintos brazos represivos (policías locales y miembros del ejército), con los grupos del narcotráfico.
A pesar de ello, la nueva versión del gobierno pretende ser punta de lanza contra Peña Nieto, quien últimamente se enfrenta a un proceso legal acusado de corrupción. A pesar de que sí hubo bastante corrupción durante su sexenio —prueba de ello siendo la "Casa Blanca" presuntamente pertenencia de su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, y que fue descubierta por la periodista Carmen Aristegui al calor de las manifestaciones por los 43—, la actualización del caso se enmarca en la lucha hacia 2023 por arrebatarle sus últimos bastiones al PRI: Coahuila y el estratégico Estado de México.
Frente a ello se contrapone el discurso de la 4T al de Peña Nieto, cuyo gobierno, intentando encubrir la responsabilidad del Estado, aseguraba que era responsabilidad del PRD debido a la pertenencia a ese partido (que hoy integra la coalición "Va por México") del edil Abarca y el gobernador Ángel Aguirre. Asimismo, Encinas aseguró que no existió un vínculo entre los jóvenes y el cártel ni que tampoco fueran a Iguala con la intención de boicotear el evento de Abarca y su esposa.
Pero, por otro lado, el gobierno de AMLO pretende usar el caso de los 43 ahora para golpear a la oposición neoliberal. La desaparición la habrían ordenado el edil Abarca en colusión con Guerreros Unidos. Esto, aunque es correcto y desde siempre fue más que evidente en la responsabilidad de las autoridades en sus distintos niveles con las bandas del crimen organizado, no quita que, al tratarse de un crimen de Estado, se mantengan varias estructuras y funciones del sexenio anterior.
Como ya lo hemos explicado en artículos anteriores desde este diario, como lo deja ver el caso Lozoya, el papel de la hoy FGR, como sucesora de la PGR, es el de eliminar pruebas y mantener la impunidad de los funcionarios corruptos. Si ayer su blanco de ataque era la juventud (en el marco de una oleada de protestas juveniles a nivel nacional y mundial) y la criminalización de la protesta social, hoy enfoca su atención con elementos puntuales de las administraciones pasadas para usarlas como chivos expiatorios para mantener la legitimidad del mismo Estado que desapareció a los muchachos normalistas.
Las declaraciones de AMLO y Encinas pretenden hacer pasar el asunto como si fueran unas cuantas "manzanas podridas" y no fuera una cuestión estructural de cómo opera el Estado, que mantiene su represión a la juventud (como fue el caso de los normalistas de Mactumatzá) y al movimiento de mujeres (como la manifestación contra el feminicidio de Alexis en Cancún). Por ello es clave que la juventud se organice de manera independiente de los partidos del congreso, incluyendo al Morena, en función de una organización verdaderamente de izquierda y socialista que ponga por delante las demandas e intereses de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y comunidades originarias en clave internacionalista y antiimplerialista.
