40 familias fueron desalojadas el día de ayer por parte de carabineros en el sector del pajonal (Maipu). Mientras tanto en Villarrica contraloría detectó 273 viviendas de sectores acomodados que llevan años sin pagar contribuciones y muchas ni siquiera están recepcionadas, aquí el trato es completamente diferente, mostrando que hay un país para ricos, lleno de beneficios y otro para pobres de precariedad, miseria y represión.
Miércoles 10 de febrero de 2021
No importa si es pandemia, no importa si hace unos días asesinaron a un artista callejero, no importa si murió un joven dentro de un calabozo de una comisaría, Carabineros está a disposición del gobierno para seguir apaleando a los pobres del país. Así lo dejaron claro el día de ayer cuando más de 40 familias fueron desalojadas de un terreno en el sector de El Pajonal, Maipu.
Las imágenes fueron captadas no por los teléfonos de las propias familias, sino por la televisión que llegó al lugar y pudo tomar palco de cómo FFEE gaseaba y mojaba a quienes no tienen donde vivir.
La pobreza, que tanto odia el gobierno y los empresarios, tiene rostro de mujer y migrante, son estos sectores quienes vienen sufriendo los peores estragos de la pandemia y la crisis económica.
Como el mismo exministro de salud lo reconoció, el gobierno no tiene idea del nivel de hacinamiento que viven millones de familias en el país, hacinamiento que lleva a familias como las de El Pajonal a buscar alguna solución habitacional teniendo a la vista la completamente insuficiente respuesta por parte del Estado a este drama.
Mientras el sector inmobiliario sigue ganando millones con la especulación del suelo, estos siguen construyendo enormes edificios con departamentos de 20 mts2, que fomenta aún más el hacinamiento y a un altísimo costo que se presta para la especulación a través del arriendo de estos microespacios.
Al otro lado de la vereda
Mientras los ricos exigen las penas del infierno para los pobres cuando violan la “propiedad privada del suelo”, ellos construyen enormes mansiones a las riberas de los ríos y lagos que se supone son de “todos”.
Solo estos últimos días, la Tesorería General de la República detectó más de 273 viviendas, en el sector de Villarrica, que llevan años evadiendo impuestos usando todo tipo de artilugios legales. No contentos con eso, la TGR detectó 643 obras náuticas (aparcaderos para sus lanchas) que no cuentan con ningún tipo de autorización para su funcionamiento.
Este centenar de lujosas viviendas pertenecen a la élite del país, esa que condena las “quemas de edificios” cuando es una protesta popular, pero que defiende la expropiación y el robo del suelo cuando son ellos los beneficiados. Así es la hipocresía de los empresarios y sus políticos.
Y esto no es nuevo, cada verano el gobierno debe salir a hacer temporada de fiscalizaciones sobre cierres ilegales de ingreso a playas y ríos, fiscalizaciones que saben que luego quedarán en nada cuando todo regrese a la normalidad.
Porque a diferencia de con los pobres, no llevan excavadoras para tirar abajo esas 643 obras náuticas construidas ilegalmente, tampoco sacaran con FFEE a los millonarios que roban las riberas de los ríos. Para ellos hay plazos, perdonazos, muchas veces incluso protección porque son terrenos que pertenecen a las propias fuerzas represivas (Rapel).
Frente al déficit habilitacional, una salida de fondo que paguen los empresarios.
En Chile hay plata, eso es sabido, solo en la pandemia las principales fortunas del país vieron incrementados sus patrimonios en millones y millones de dólares.
Estos millones se han generado a costa de las miserias del pueblo, miserias que se pagaron a través de los seguros de cesantías obligados por la ley de (des)protección al empleo de Briones, a través de los retiros del 10% o la precarización de las condiciones del empleo y la vida.
Pero esta no es la única opción, para salvarnos de la miseria y el hambre hay que afectar las ganancias capitalistas, hay que exigir un impuesto a las grandes fortunas que sirva para financiar el acceso a la vivienda digna y para todas las familias que lo necesiten, sin importar su nacionalidad ni condición legal en el país.
Hay que acabar con la especulación del suelo, poner a disposición de las familias pobres los espacios habitacionales disponibles para que nadie vuelva a pasar un invierno en un campamento sin condiciones sanitarias ni de protección a las inclemencias climáticas.
Estas soluciones implicarán una lucha frontal contra los capitalistas que se negarán a cualquier alternativa que los afecte, pero el pueblo trabajador ya aprendió en octubre y noviembre que otro país es necesario, que hay que acabar con el Chile de los 30 y que ahora gobiernen los trabajadores, las mujeres y la juventud.
