El dinero que se invertirá en este pacto, entre el Estado y las cámaras empresariales, provendrá de las jubilaciones de los trabajadores y las trabajadoras bolivianas.
Miércoles 8 de febrero de 2017
Foto: El Día
Hace pocas semanas, el Presidente Evo Morales se reunió con empresarios del sector agropecuario del Oriente, a quienes prometió otorgarles créditos productivos destinados a maquinarias y sistemas de riego. El dinero que se invertirá en este pacto, entre el Estado y las cámaras empresariales, provendrá de las jubilaciones de los trabajadores y las trabajadoras bolivianas.
“Es una excelente iniciativa para ampliar la frontera agrícola”, señaló el mandatario Morales, luego de la reunión que mantuvo con dirigentes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, y la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente. A la burguesía agropecuaria de Santa Cruz, hasta hace unos años calificada por el MAS como “golpista”, se le aseguró que la tarea pendiente es “procesar en decretos supremos” el acuerdo alcanzado.
Para financiar la iniciativa, el Estado anunció que va a disponer de un porcentaje de los recursos de los Fondos de Pensiones, que le permitirá otorgar $us 150 millones en créditos con intereses entre el 7% y el 9%. El Ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que la creación del nuevo fondo está enmarcada en la Ley de Pensiones Nº 065; la cual, a pesar de haber sido sancionada en 2010, todavía no concretó el traspaso de los fondos de las AFP privadas (Futuro Bolivia y Previsión BBVA) a la Gestora Pública, a raíz de un decreto que el Ejecutivo presentó en julio del año pasado. Cuando se concrete este traspaso, la Gestora Pública de pensiones administrará más de $us 14.000 millones en concepto de los aportes de 1,8 millones de afiliados al sistema de pensiones.
El artículo 149 de la Ley de Pensiones define que la Gestora Pública tiene la atribución de “generar rendimientos financieros con los recursos de los Fondos administrados mediante la conformación y administración de carteras de inversión”, lo que permitiría a las AFP invertir hasta el 5% de sus recursos en fondos de crédito destinados a pequeñas y medianas empresas. Este es el andamiaje legal que construyó el Gobierno para darle cauce legal a una política económica que tiene pocos beneficiarios y pone en peligro el dinero de los actuales y futuros jubilados, tanto por tratarse de un sector financiero de riesgo, como por la histórica negativa de la burguesía agroindustrial del Oriente en pagar los préstamos que contrajo con el Estado.
Para el presidente de la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema Obligatorio de Pensiones, Carlos Quiroga, la medida es “una confiscación y un robo”, además de calificarla como inconstitucional. “Acuden a este tipo de recursos porque ya han despilfarrado esa multitud de recursos que debieron haber invertido en su tiempo”, señaló. Por su parte, el Secretario de Finanzas de la COB, Oscar Tapia, criticó la medida porque el Gobierno no la consensuó previamente con los trabajadores, y anunció que se solicitará un informe al Ministerio de Economía; dejando de lado el llamado a cualquier tipo de medida de fuerza por parte de la Central.
La Ley de Pensiones fue promulgada en 2013, luego de semanas de una huelga que culminó traicionada el 10 de diciembre, cuando el Presidente Morales, junto a la burocracia sindical de la COB, comandada por Juan Carlos Trujillo, y el representante de la Federación de Mineros, Miguel Pérez, firmaron el acuerdo que pacificó las protestas. Así, quedó intacto el sistema de capitalización individual para las jubilaciones de los trabajadores, el cual había sido implementado en 1986, cuando se abandonó el antiguo sistema de reparto.
De este modo, el Estado volvió a mostrar su línea siempre directa en contra de los intereses del pueblo, otorgando aumentos de Bs 100 ó 300, que son migajas para una clase trabajadora que, en el mejor de los casos, recibe un 70% de su contribución total al momento de la jubilación; mientras que los integrantes de las Fuerzas Armadas gozan del 100% de sus aportes. Al mismo tiempo, el acuerdo entre el Gobierno del MAS y la COB excluyó la posibilidad de que el sistema de pensiones sea financiado por sus verdaderos protagonistas: la burguesía explotadora. Si la jubilación es un salario social diferido, deberían ser los empresarios los que aporten a dicho sistema.
