En una carta dirigida hacia el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y al Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, compañeros y familiares de Berta señalan: “Ustedes son responsables y esperamos que un día sean juzgados” .
Jueves 31 de marzo de 2016
No hay investigación para encontrar a los asesinos de Berta; lo que está presente es un mecanismo para encubrir a los dueños de empresas hidroeléctricas.
El pasado martes, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fueron acompañados de familiares de Berta Cáceres en pleno aniversario de dicha organización, para la entrega de una carta dirigida hacia el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
El contenido de dicha carta, que se dio a conocer por medio de la prensa nacional, señala la complicidad del gobierno para desviar las investigaciones del crimen contra Berta, así como de encubrir y evitar que sean castigados los asesinos a sueldo de las empresas hidroeléctricas multinacionales, de las cuales Berta fue principal opositora.
A pocos días de cumplirse un mes del asesinato de la activista, el gobierno ha instalado un mecanismo para asegurar que los dueños de esas empresas permanezcan intocables. Las autoridades a cargo del caso, incluso han llegado a señalar que el asesinato de Berta se debió a asuntos internos del Copinh, como una campaña de desprestigio hacía la organización.
Quienes reclamaron justicia para Berta de manera masiva en las calles, ahora tienen que enfrentar el acoso y ataque constante de las empresas, que se han cobrado con la vida de por lo menos cinco indígenas lencas, también defensores del río Gualcarque.
Para asegurar la impunidad, se ha cocinado una alianza entre la empresa concesionaria Desarrollo Energéticos S. A. (DESA), -cuyos dueños acusaron en 2013 a diferentes integrantes del Copinh por la pérdida de más de tres millones de dólares destinados al “desarrollo” en la zona del río Gualcarque- así como representantes de la embajada estadounidense en Honduras y el gobierno de Juan Orlando Hernández.
El señalamiento de las hijas de Berta y de miembros del Copinh es puntual. Acusan el rol del FBI en las investigaciones como un elemento para desvirtuar y sembrar el desprestigio a la organización, pero que está encaminado en un imponer un acuerdo de cooperación criminal.
DESA representa una empresa de destrucción y muerte en Honduras, pues mediante un acuerdo de cooperación con la Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (USAID), pretenden dar continuidad a los planes de despojo en Honduras, por lo que la empresa se ha coronado a todas luces como la principal responsable del crimen contra Berta y otros luchadores indígenas.
Así, los miembros del Copinh han cuestionado el papel de los principales coordinadores de las investigaciones, pues claramente se ha favorecido los intereses de DESA. El actual director de fiscales y uno de los que encabeza las investigaciones del caso de Berta, Arturo Duarte Portillo, no sólo ha sido uno de los socios del bufete que representa a DESA, también ha brillado su amistad con el principal abogado de la empresa, Juan Sánchez Cantillano.
La principal prueba de quienes se verán beneficiados con las investigaciones de Arturo Duarte ya fueron dictadas en 2013, cuando el funcionario acusó directamente en los tribunales a Berta Cáceres por impedir los proyectos de estas grandes empresas multinacionales.
