No fue solo el 10% de las pensiones, sino que 9 indicaciones del presupuesto aprobadas por el Congreso, donde se incluyen fondos para educación en Chiloé, bonos para las trabajadores manipuladores de alimentos en zonas extremas y fondos al programa de atención a víctimas de violencia intrafamiliar.
Domingo 6 de diciembre de 2020
A menos de 1 semana que el Congreso despachara el presupuesto 2021, el gobierno decidió llevar al Tribunal Constitucional 9 cambios aprobados por el Congreso, bajo el argumento que escapa de las facultades del organismos legislativo.
Dentro de estos 9 puntos hay algunos que afectan directamente a trabajadores y sectores populares. Uno de ellos tiene que ver con fondos educacionales para Chiloé, con el objetivo de incorporar en las mallas curriculares aspectos de la cultura y tradiciones de la zona para sus estudiantes.
Por otro lado, dentro de la glosa Junaeb, reclaman por un bono para las manipuladoras de alimentos que trabajan en zonas extremas. También rechazan el aumento de un 5% a un 15% que el Serviu podría otorgar para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
Otro punto rechazado tiene que ver con la glosa del programa de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, que postulaba incorporar a este programa a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia machista durante la pandemia.
Tal como quedó demostrado con la discusión y votación del proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, el gobierno sigue avalando mecanismos antidemocráticos y enclaves de la dictadura como lo es el Tribunal Constitucional, que hoy le permite actuar dentro de la disputa entre el poder ejecutivo y legislativo dentro su marcada debilidad y crisis política.
Mientras millones nos movilizamos contra estas herencias de la dictadura, la derecha sigue defendiéndolas y ocupándolas para sus intereses.
