A través del Ministerio del Obras Públicas y Ministerio de Agricultura, el gobierno responsabiliza al conjunto de la población sobre el problema de la sequía en el país, ¿y qué pasa con las empresas?
Jueves 19 de diciembre de 2019
Mediante una conferencia de prensa, el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el Ministerio de Agricultura, Antonio Walker, llamaron al conjunto de la población a realizar "duchas más cortas, reparar o cerrar bien las llaves, regar de noche, reutilizar el agua", afirmó el ministro de Obras Públicas durante la mañana de este jueves.
Sin embargo, para "cuidar el agua y tener un manejo centralizado de las cuencas" esta medida es completamente insuficiente si las grandes empresas extraen este recurso indiscriminadamente para la producción y extracción de otros recursos, como es el caso de la minería, las forestales, la agroindustria y algunos otros.
Este año, se decretó emergencia agrícola en 119 comunas de seis regiones y se declaró zonas de catástrofe en las zonas de Coquimbo y Valparaíso. En gobierno ha creado dos mesas transversales y una mesa operativa a través de las intendencias regionales pero con limitadas soluciones hídricas que han generado mayor descontento en sectores rurales y comunidades agrícolas, las cuales se han traducido en movilizaciones de comunidades de la zona central como, por ejemplo, el valle de la Ligua durante las movilizaciones de la rebelión popular.
Te puede interesar:"Esto no es sequía, es saqueo", viral denuncia grave sequía en La Ligua
Te puede interesar:"Esto no es sequía, es saqueo", viral denuncia grave sequía en La Ligua
No es sequía, es saqueo
Chile es el único país en el mundo que tiene sus aguas privatizadas. El Código de Aguas de 1981, impuesto bajo dictadura militar, separó los derechos de agua con los derechos de tierra considerando el agua como una mercancía más. El Código de Aguas establece un propietario con derechos de uso, donde éste puede arrendar, comprar y vender los derechos como cualquier otra propiedad.
Para acabar con el saqueo empresarial y la corrupción de los recursos estratégicos, es necesaria la expropiación y estatización de los recursos naturales sin indemnización ni compensación alguna a las empresas mineras, energéticas y extractivistas bajo la gestión de los trabajadores y comunidades.
