Con votos del oficialismo y oposición, el gobierno logró aprobar el veto a la ley anti-toma, que aumenta las facultades represivas de carabineros y aumenta las penas que quedarán a criterio de los jueces si corresponde o no la cárcel para algunos casos.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Jueves 9 de noviembre de 2023
Una “victoria” se aseguró el día de ayer el gobierno de Boric luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el veto presidencial sobre la ley de usurpaciones o como se le ha denominado popularmente “anti-toma”.
Esta ley, que queda lista para ser promulgada aumentará las penas para quienes realicen ocupaciones y entregará mayores facultades a las policías para que actúen al considerar que la flagrancia, 12 primeras horas, se mantiene mientras quienes realicen la ocupación se encuentren en esa condición.
Esta ley ha sido ampliamente denunciada por ser una política criminalizadora contra las familias más pobres que son arrojadas a vivir en tomas ilegales sobre suelos ociosos que las inmobiliarias usan para especular sobre el suelo.
Como hemos denunciado reiteradamente, diversas organizaciones de pobladores han puesto sobre la mesa los efectos nefastos que esto impone sobre las familias pobres que ahora, si no quieren ir presas, deberán soportar por años el hacinamiento bajo la esperanza de poder acceder a un subsidio en alguna zona periférica de la ciudad.
La votación
Durante el debate el gobierno desplegó intensos esfuerzos al hemiciclo para buscar los votos y evitar el mayor número de descuelgues. El miedo del gobierno era que el oficialismo se dividiera debido a que el corazón de la ley es justamente reforzar las normas punitivas (que fue parte de lo que se negoció con la derecha) y que el veto se produjo porque la derecha fue más allá y sumó cuestiones como la autotutela que fue rechazada por el ejecutivo.
De conjunto, nuevamente el gobierno logró retener a gran parte del oficialismo aunque el PC rechazó algunos de los artículos más polémicos y algunos diputados se abstuvieron en otros, de hecho el Partido Republicano también le dio votos al gobierno y esto permitió sacar adelante la ley.
El resultado
Como decíamos semanas antes, esta ley criminaliza la pobreza y la lucha por el acceso a la vivienda, ya que son las familias pobres las que sufren el hacinamiento y el déficit habitacional, mientras los ricos construyen donde quieren, las inmobiliarias no respetan los permisos de edificación o hacen lobby para modificar las reglas como ocurrió en Con Con.
Hay 81.643 familias viviendo en 969 campamentos en todo Chile, la cifra más alta desde 1996. Sólo desde octubre de 2019 a marzo de 2021 el número de familias viviendo en campamentos en el país aumentó casi en un 74%, todo esto empuja a los sectores más desfavorecidos a moverse hacia las tomas en muy precarias condiciones. Tan precarias como la tragedia producida en Coronel donde 14 personas migrantes (ocho de los cuales eran menores de edad) fallecieron en un incendio en una toma en Cerro Obligado, en el sector de Villa Hermosa. La vivienda era de material ligero y se encontraba junto a otra que también resultó totalmente destruida. En ambas casas vivían tres familias.
Asimismo establece un peligroso precedente para poder desalojar, reprimir y criminalizar al movimiento mapuche también, producto del aumento de toma de tierras los últimos dos años, aunque en este caso como una lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas por las forestales y latifundistas.
