El gobierno ha buscado utilizar la problemática de la migración en el Norte de Chile como una manera de avanzar con su precarizadora reforma laboral, justificando esta última en que las alzas en el desempleo se produjeron debido al aumento de la fuerza laboral migrante.
Viernes 2 de agosto de 2019
A inicios de esta semana se encendió una polémica luego de que el Gobernador Regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, apuntara a la responsabilidad de Chile sobre los migrantes venezolanos en Chacalluta,
Tonconi Quiste afirmó que “el gobierno regional de Tacna se ha visto obligado a exhortar al consulado chileno dar urgente solución al problema migratorio de los ciudadanos venezolanos y través de este documento iniciamos el trámite correspondiente”
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Ante esto el Gobierno Chileno no demoró en responder ofensivamente a través de las palabras de Andrés Chadwick, quien insistió en la independencia al momento de tomar decisiones sobre las políticas migratorias al afirmar que “Chile es completamente soberano, vamos a ejercer nuestra soberanía y en Chile se respeta la ley tanto para los nacionales como para los extranjeros”.
Sin embargo no es sorpresa viniendo del oficialismo, cuando han sido enfáticos en ser más estrictos con la migración. En esta misma perspectiva es que el Presidente Piñera se apoya en “datos” en relación al desempleo, que se encuentra en ascenso en el último mes, y la migración afirmando que “en los últimos 4 o 5 años, producto de la inmigración, la fuerza de trabajo en Chile aumentó en un millón de personas”, siendo esta la razón para crear más empleo, como si no existiese un desempleo crónico que ronda el 7% desde 2015.
Es por esto que Piñera insiste en afirmar que: “Por eso soy partidario de una migración regulada, segura, ordenada, y no permitir que cualquier persona que llegue a la frontera se sienta con el derecho de ingresar a Chile” según lo que declaró en un matinal nacional.
Pero, ¿restringir el aumento de la fuerza de trabajo es la única forma de enfrentar el desempleo?
Pese a que Piñera y el oficialismo insisten en criminalizar a la población migrante, en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) apenas corresponde al 6,6% de la población total y que en las ciudades donde más se concentran sólo en Iquique supera por poco el 15% (Arica 10,4%, Antofagasta 13,6%, Tarapacá 16,9% y Metropolitana 10,2%), y aunque la población migrante tiene una ocupación del 75% apenas corresponde al 5% de la fuerza laboral total en Chile, por tanto no hay cifras oficiales ni extraoficiales que afirmen que haya una relación entre desempleo y migración.
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Más bien, es una forma de respaldar dos de sus “caballitos de batalla”, la reforma laboral con la flexibilización horaria que en definitiva significa trabajo más irregular y a la medida de los empresarios con jornadas extensas, y la política de “Ordenar la casa” que ha impulsado este Gobierno con expulsiones a ciudadanos haitianos por ejemplo.
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De este modo, deja completamente por fuera la posibilidad de reducir las jornadas laborales a menos horas para poder repartir el trabajo entre ocupados y desocupados enfrentando así la sobrecarga laboral y el desempleo. Política que no resulta conveniente para el gobierno empresarial de la derecha, puesto que para poder sostener buenas condiciones laborales y de vida para las y los trabajadores es necesario reducir las ganancias multimillonarias de los grandes empresarios para acordar jornadas y salarios más justos.
Así como también, con su política represiva de "Ordenar la Casa" y sus últimas declaraciones, Piñera y el gobierno buscan "poner rostro" a las problemáticas del trabajo, la vivienda y la delincuencia, con una clara criminalización del sector migrante, el cuál viven una precarización igual o peor que los miles de trabajadores y trabajadoras chilenas en la actualidad.
Ante esta situación, hay sectores de izquierda quienes proponen políticas que permitirían tanto a chilenos como migrantes poder enfrentar las dificultades de un sistema económico y social que los lleva a la miseria, con un claro ejemplo del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) de reducir la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana, política que choca con los intereses del actual Gobierno empresarial, que convenientemente ha mezclado dos problemáticas para insistir en pasar reformas laborales precarizadoras y leyes que criminalizan la migración.
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