El domingo 1 de agosto, Iván Merino Aguirre, Ministro de Energía y Minas del gabinete Bellido se reunió con los capitalistas chinos de las grandes empresas mineras que vienen operando en Perú para asegurarles “mayores proyectos de inversión” con licencia social, olvidándose de las denuncias de los obreros mineros por sobreexplotación y contaminación de la megaminería china.
Lunes 2 de agosto de 2021 20:11
El Ministro Iván Merino Aguirre, parte integrante del Gabinete de Guido Bellido y del gobierno del Presidente Pedro Castillo, decide poner en marcha la renegociación de los contratos mineros de acuerdo al Plan Bicentenario, el Programa Político de Perú Libre. Sin embargo, el ministro renegocia estos contratos priorizando ventajas para el empresariado chino, como la promesa de garantizarles facilidades para mayores proyectos de inversión con “licencia social”.
Además de ello, no hizo ninguna observación por el maltrato a los dirigentes sindicales mineros, quienes han sufrido persecución, criminalización y despidos masivos por parte de las empresas mineras chinas. Un ejemplo es la criminalización que realizan los empresarios chinos contra los dirigentes obreros en Chinalco y en Marcona, política que se agravó con la pandemia. Otro es el de los mineros de Shougang que recibieron amenazas de despido por haber denunciado contagios por Covid-19.
A la reunión acudieron representantes de las empresas chinas con mayores índices de conflictividad obrera, como son Zhang Xudong, CEO de la empresa minera Chinalco, operadora de proyecto minero Toromocho; Wei Jian Xian, gerente general de MMG Las Bambas; Yao Shun, presidente del directorio de Shougang Hierro Perú en Marcona, Ica; y Hu Quan, representante de China National Petroleum Corporation (CNPC).
Todos estos representantes son funcionarios públicos de la República Popular China que han fomentado la tercerización laboral en los campamentos mineros chinos, han contaminado las ciudades y playas aledañas a los campamentos, y se han mostrado reacios a cumplir las sanciones de SUNAFIL, OEFA, entre otros. Como funcionarios públicos del régimen chino, deben rendir cuentas al Partido Comunista Chino, un partido que ha perdido su carácter de clase, ha devenido en una casta burocrática y empresarial, siendo conformado por 80 multimillonarios que obtienen beneficios de la banca pública china y del mercado capitalista nacional y extranjero a costa de la explotación obrera, como señala André Barbieri en su artículo "Xi Jinping. El autócrata providencial en el centenario del PCCh.".
Todos estos representantes del gran capital chino dialogaron con el ministro Merino respecto a la importancia de un entendimiento entre el Gobierno, las comunidades campesinas y las empresas mineras para sacar adelante los proyectos de inversión, sin hacer mención a la plataforma de lucha obrera. El Ministro no ha mencionado el perjuicio ni ambiental, ni laboral, ni sanitario que han generado las empresas mineras chinas en sus respectivos campamentos, limitándose sólo a hacer mención a la licencia social para la convivencia pacífica con las comunidades campesinas.
Sin embargo, el ministro no ha aclarado en qué consiste esta “licencia social” a la que hace mención, por lo que podemos intuir diferentes significados. Las comunidades campesinas andinas han estado en pie de lucha contra el extractivismo de la mega-minería transnacional, entre ellas, los de capital chino, claramente en el proyecto minero chino de Las Bambas en Cusco, pues, al igual que el resto de capitalistas, el capital chino expropia gradualmente las propiedades de los campesinos bajo el régimen de “concesiones mineras” por tiempo indefinido, además de consumir todas las fuentes naturales de agua con la complicidad de los gobiernos.
Para algunos técnicos de la función pública, se cumple con la “licencia social” de las exploraciones mineras y se valida su legitimidad, si los grandes empresarios mineros acuerdan una indemnización a las comunidades campesinas que pierden tierras o que sufren un perjuicio ambiental por la minería, como si esto fuera “suficiente”, limitando enormemente las reivindicaciones reales de los campesinos que exigen una minería limpia y frenar la expansión de las concesiones mineras.
Pese a que el Premier ha dado muestras de querer representar los intereses de los campesinos en las Bambas contra la gran minería, luego del acuerdo que ha sostenido su Ministro de Energía y Minas con las empresas mineras chinas y las promesas ofrecidas al empresariado chino, se termina contradiciendo, lo que genera incertidumbre y poca seguridad sobre la posibilidad de que el pedido de los campesinos sea realmente escuchado por el ejecutivo. En contraste, tenemos la certeza que la voz de los obreros mineros no ha sido escuchada en las primeras reuniones.
De esta manera, el gabinete Bellido inicia su periodo gubernamental con un discurso muy conciliador con los capitalistas chinos, siendo esto una decisión contraria a los intereses de la clase obrera minera la cual ha sido uno de los sectores más golpeados por la presente crisis.
