Según anunció el vocero, Marcelo Díaz, el Gobierno promulgará la reforma sin titularidad sindical, pues no presentarán una ley corta ante el veto que interpuso la Derecha en el Tribunal Constitucional. Se mantiene así el Código Laboral de la Dictadura.
Sábado 18 de junio de 2016
Una vez más, el gobierno de la Nueva Mayoría cede ante la Derecha y los empresarios. De acuerdo a lo comunicado por el vocero, Marcelo Díaz, las autoridades presentarán el proyecto de reforma laboral sin la demanda de titularidad sindical a la que se oponen los sectores más reaccionarios. De esta manera, el gobierno no presentaría una “ley corta” ni respondería ante el veto interpuesto por la Derecha en el Tribunal Constitucional (TC).
“Ratificamos que en opinión del gobierno para la negociación de este tipo de pactos la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, sin embargo no existe una interpretación unívoca de los alcances del fallo del TC, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato se pueda relativizar, implicando una precarización de las relaciones laborales”, aseguró Díaz, ratificando que no habrá ninguna protección para los sindicatos.
De esta manera, el proyecto de reforma laboral vuelve a retroceder y no es más que una iniciativa que mantiene intacto el Código Laboral heredado de la Dictadura, normativa que buscó destruir los organismos sindicales y de trabajadores, quitándoles su fuerza y entregando facultades a los empresarios.
Uno de los puntos centrales del conocido Plan Laboral, antecesor del actual Código del Trabajo que rige al país, fue la creación de “grupos negociadores” que tuvieron (y tienen) el objetivo de debilitar a los sindicatos y dividir a los trabajadores. Así, los sindicatos no tendrían la “titularidad” de negociar ante las patronales, pues también estaría la posibilidad de que se crearan dichos grupos aparte.
El gobierno de la Nueva Mayoría vuelve a retroceder con una promesa de campaña, esta vez, afectando a millones de trabajadores que en la actualidad exigen cambios estructurales en la legislación laboral, incluido el derrocamiento del antisindical Código del Trabajo, tal cual lo plantean los trabajadores organizados en la agrupación Alternativa Obrera.
