El gobierno anunció el envío del proyecto que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública, coordinador entre las policías, desde Carabineros, la Agencia Nacional de Inteligencia, la PDI y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Domingo 5 de septiembre de 2021
La línea represiva del gobierno ha sido un eje medular durante todo el mandato y es que a tal nivel de intransigencia, lo único que los mantiene en el poder es mantener el control de las FFAA, frente al inminente reflejo de las encuestas que hablan de constantes e históricas cifras de desaprobación.
Un gobierno, que en medio de una profunda crisis económica y sanitaria, ha dado prioridad durante todo su transcurso a la represión. Mientras los hospitales se colapsaron y las y los trabajadores de la salud, a duras penas enfrentaban la pandemia con pocos insumos e infraestructura, el gobierno insistía en que el presupuesto se dispusiera para reprimir la Araucanía, frente al constante conflicto existente en la zona con las comunidades mapuche y las empresas forestales.
La creación de este Ministerio viene a consolidar la línea represiva del gobierno, otorgándole un respaldo a las FFAA, para reprimir a la población. Lo pudimos ver durante la rebelión popular en 2019 y lo podemos seguir observando con el actuar de las policías en las calles, con la línea del “gatillo fácil” y constantes montajes.
La nueva cartera, busca coordinar a las policías desde Carabineros, la Agencia Nacional de Inteligencia, la PDI y la Agencia Nacional de Ciberseguridad y los SEREMIS de Seguridad, contando con dos subsecretarías: la de Seguridad Pública y de Prevención del Delito. Con una falsa promesa de fortalecer la prevención, el control y el apoyo en la rehabilitación. Buscando alejar la figura del jefe de gabinete de las contingencias de la seguridad pública, dándole mayor “estabilidad política” al tema.
Todo esto, en medio del debate de la reforma a la institución de Carabineros, medida que busca regir este Ministerio, para poder amarrar todos los privilegios posibles que tienen las FFAA y seguir manteniéndolos a su favor para respaldarse en el poder. Privilegios que vienen siendo profundamente cuestionados, principalmente desde la rebelión popular del 2019 y el rol que jugaron estas, con medidas represivas hasta el día de hoy como el toque de queda, con las cuales respaldan su actuar de control social.
Seguridad Pública ¿Para quién?
El gobierno anuncia que “esta reforma que está en marcha y abarca todo el sistema de seguridad pública, que busca fortalecer la seguridad ciudadana, mejorando la eficacia de la acción policial, profundizando el control civil de las policías, aumentando la transparencia, la rendición de cuentas y fortaleciendo una mayor coordinación con las demás instituciones”.
Y cabe la duda preguntarse, frente al constante actuar represivo de las FFAA, desde la militarización de la Araucanía y la “labor” que hace un carabinero que a mitad del día asesina en plena calle por “supuestos” con el gatillo fácil, será la salida una reforma a la institución y aún más, el fortalecimiento del aparato represivo para frenar los delitos y la delincuencia.
Cuando el gobierno habla de fortalecer a sus instituciones en favor de la seguridad pública, no se refiere a cuidar a las familias trabajadoras, se refiere precisamente a seguir resguardando las prácticas abusivas y corruptas que tiene toda la clase dominante, la cual es bien resguardada al asedio de este gobierno. Quienes cometen delitos millonarios y se llevan como condena “clases de ética”. Mientras que los jóvenes que hasta el día de hoy no han podido comprobar su culpabilidad en hechos ocurridos durante la rebelión popular, no pueden acceder a mínimos beneficios.
La impunidad constante con las que actúan las policías, será respaldada en pos de la Seguridad Pública, que implica protección constante a toda la casta de políticos y empresarios que hoy gobiernan y manejan el país. Con la cual tienen libre actuar para apresar a la juventud, destruir y devastar la naturaleza, agotando nuestros recursos naturales bajo la excusa de “desarrollo”, que solo implica trabajos precarios para las y los trabajadores. Cuando hablan de Seguridad Pública, no hablan de cuidarnos a nosotros, sino a cuidarse entre ellos.
Es por eso que una reforma que propone mejorar la coordinación entre las policías y busque darle respuesta al problema de la delincuencia, no es más que una medida parche y superficial para entender el problema de raíz, que nace principalmente de la desigualdad social que se produce de la explotación capitalista y la acumulación deliberada de los empresarios a costa de la vida de las y los trabajadores.
El enfrentar este problema con mayor represión, expresa la nula intención del gobierno en resolver este tema, precisamente porque el hecho de la existencia de estas condiciones sociales, perpetúa la necesidad de la existencia del aparato represivo, que desde sus inicios ha nacido para proteger a la clase dominante y que esta pueda mantenerse existiendo en base a la explotación de millones de trabajadores y trabajadoras.
Es por esto que debemos apostar por conquistar la disolución de instituciones como Carabineros, que están hechas para perpetuar el abuso y la explotación de los empresarios, frente a cualquier expresión de desigualdad generada por este mismo sistema. Lo importante es preguntarnos ¿qué tipo de disolución necesitamos? no una institución nueva para reemplazarla a la antigua y con más formación en DDHH, esta visión es una ilusión.
La idea de disolver estas instituciones bajo la confianza de organismos como la Convención Constitucional o el Congreso no es viable, por eso sostenemos que será posible en la medida que trabajadoras, trabajadoras y sectores populares desarrollen métodos de autoorganización, como la huelga general u otros organismos de lucha y poder propio, para frenar de una vez la represión, el abuso policial y la impunidad y por juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes cometidos por estas instituciones.
