En las últimas semanas, el gobierno de Chaves ha reforzado su campaña por la aprobación de un préstamo de $6.000 millones en eurobonos. Esta política, lejos de “cambiar una deuda grande por una deuda pequeña”, encadena aún más la economía del país al vayven del mercado internacional.
Domingo 6 de noviembre de 2022
La ruta económica que el gobierno de Rodrigo Chaves marcó desde que asumió el Poder Ejecutivo, ha estado enfocada en la emisión de $6.000 millones en títulos de deuda al mercado internacional, los llamados eurobonos. Con la premisa de cambiar una deuda grande con mayores intereses, por deudas más pequeñas y con menores tasas de interés, sectores burgueses como, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) como la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) han declarado la aprobación de este préstamo como urgente.
El tono que el Poder Ejecutivo asume frente al cierre del año ha ido escalando. Desde las declaraciones que Chaves habría sostenido semanas, atrás en donde afirmó que frente a un escenario de crisis económica no se le garantiza “a nadie que nuestros hijos van a tener democracia"; hasta la advertencia que el Ministerio de Hacienda habría dado a finales de octubre, asegurando un faltante de ¢100.000 millones para el pago de aguinaldos y poniendo la aprobación de los eurobonos como una válvula de escape para el problema del financiamiento del gobierno. Estas amenazas van de la mano con las declaraciones de urgencia que el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la discusión de los eurobonos para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislastiva.
La comisión de la Asamblea Legislativa que lleva adelante la discusión de los eurobonos tiene acuerdo en que se aprueben los $6.000 millones con algunas condiciones, como el compromiso del Gobierno a cumplir con las metas fiscales ordenadas por el FMI o que se defina una hoja de ruta para el “saneamiento” de las finanzas públicas. No es una novedad, la agenda de dependencia económica del gobierno anterior no fue superada o sustituida, simplemente cambió de colores.
La posición de la diputada Sofía Guillén, que está de acuerdo con la política de los eurobonos a cambio de poner condiciones como el cumplimiento de medidas antifraude, o la implementación de medidas en aduanas o en el propio Ministerio de Hacienda, termina por profundizar la dependencia económica del país respecto del capital financiero internacional, pero además termina por otorgar confianza en las diferentes instituciones estatales que administran y aplican el ajuste. En última instancia, se demuestra que esta estrategia lejos de confrontar el problema de la dependencia imperialista, queda atascada dentro de la agenda general de ajuste económico de los organismos financieros y sus representantes políticos.
Por una salida independiente del FMI
Conforme se acerca el cierre del año y la discusión del presupuesto nacional del 2023 se pone sobre la mesa, así también deben ponerse sobre la mesa las necesidades más sentidas de las miles de familias trabajadoras que han caragdo sobre sus hombros las mayores consecuencias de la crisis económica. Las familias que terminan pagando siempre las condiciones de ajuste y de austeridad de los organismos financieros internacionales.
Pero es importante que estos intereses se defiendan con una posición independiente de la agenda de ajuste y endeudamiento. Los modelos del FMI no tienen como prioridad los intereses de la clase trabajadora: su fin es profundizar la dependencia al capital imperialista. Una postura que asuma que el ajuste puede “administrarse” si se hace de manera transparente es una trampa que, en última instancia, descansa sobre la base de la “buena fe” del Gobierno que aplica su “saneamiento fiscal” por un lado; y que por otro lado obvia las condiciones austeridad y ataques a la clase trabajadora y los sectores más precarizados que acompañan las agendas del FMI.
Frente a este panorama, es importante sostener un programa político que confronte los chantajes del Gobierno, poniendo las necesidades más sentidas de las familias trabajadoras como prioridad. Poner sobre la mesa demandas como una campaña por la jornada laboral de seis horas para que trabajen todos sin reducciones salariales; por congelamiento de los precios de la canasta básica; contra todos los recortes, contra la precarización e informalidad: contratos de trabajo colectivos y plaza permanente.
Demandas que pueden ser una salida donde no sean la clase trabajadora y el pueblo pobre quiénes paguen los daños, como el no pago de la deuda externa y el uso de esos recursos en las necesidades más sentidas para las mayorías como la seguridad social, el cuido y la educación, vivienda, entre otras demandas esenciales.
