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Red Internacional
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Política. Gobierno rinde explicaciones a los empresarios

En Estados Unidos y en Chile, el Gobierno se juntó con empresarios para rendirles explicaciones, mientras suspende todo diálogo con los trabajadores públicos de Atacama. Y mientras les niega un bono de $80.000 pesos, anuncia transferencias de millones de dólares a las empresas.

Viernes 1ro de abril de 2016

En Santiago de Chile

En la exclusiva CasaPiedra, se realizó el foro empresarial de Icare titulado esta vez “¿Cómo viene el 2016?”. Los invitados fueron, por parte del Gobierno, el ministro de la Secretaria General de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre,, y el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.

Por la oposición, el diputado UDI Jaime Bellolio.
La novedad fue la invitación al diputado de Revolución Democrática Giorgio Jakcson, con una fuerte intervención.

El Gobierno, se dedicó a rendir explicaciones a los empresarios. La clave, fue mostrar las bondades de las reformas, para la propia seguridad del modelo. Siguiendo la línea del último cónclave, afirmó que se entró en la etapa de “consolidar” las reformas. Aunque quedan temas conflictivos abiertos, como la gratuidad en educación superior, el aborto, y el proceso constituyente que lo reafirmó.

Contra la propaganda empresarial, aseguró que no son las reformas las causantes de los problemas que atraviesan Chile, sino “una crisis del sistema político, con una crisis de confianza de las élites, en las instituciones que repercuten en una baja aprobación de las reformas y el Gobierno".
Y reveló su intención con estas reformas: “asentar las bases de legitimidad y sustentatibilidad que se requieren para el crecimiento y desarrollo de largo plazo". Es decir, cambiar algo para que no cambie nada, salvar su “modelo”.

Aún así, los empresarios insisten en su campaña propagandística. El presidente de Icare y de Habitat, Juan Benavidez, declaró que "el año 2016 se nos viene amenazante”. Explicando que se debe, además de la situación económica internacional que “ha cerrado un ciclo de expansión y observamos un ajuste importante en el precio de los commodities”, por la política local: “se sumará este año la efervescencia electoral que aportarán las elecciones municipales, antesala de una campaña presidencial que probablemente comenzará a instalarse este año", unido "al controvertido proyecto de reforma laboral, el proceso de negociación colectiva, el inicio de consultas y diálogos de la constitución".

En Estados Unidos

Bachelet está en Washington en la Cumbre de Seguridad Nuclear, y realizando distintas actividades, como un encuentro con el presidente del BID Luis Alberto Moreno, donde también defendió las reformas en curso, en especial la educacional. También las justificó de acuerdo a los intereses empresariales: “superar la brecha entre sociedad y sistema político y recuperar la confianza ciudadana”. Aunque revela también un desplazamiento a izquierda de la situación en Chile, criticando la toma de decisión entre elites sin escuchar a “la ciudadanía”, haciéndose cargo de los procesos de lucha de clases que abrió el movimiento estudiantil del 2011.

Pero antes, tuvo otra reunión con empresarios de ese país, a los que también rindió explicaciones en igual sentido que en Santiago. Reunida con 19 ejecutivos de los sectores de Energía, Pensiones y Tecnología, los llamó a la tranquilidad asegurándoles que se preserva la institucionalidad del país. Es decir, las bases del “modelo”.

Aceitar las explicaciones

Tienen diferencias con los empresarios, que además velan por sus millonarias ganancias a costa de la explotación de los trabajadores y el saqueo de los recursos naturales. También, de las transferencias del Estado al que critican.

Por eso el día anterior, el Gobierno anunció un plan de inversiones, gastos, facilidades y transferencias. Con las 22 medidas de productividad, plan de obras públicas mediante concesiones por US$ 1.443 millones, y facilitarles acceso a financiamiento por US$8.000 millones. Casi 10.000 millones de dólares para los empresarios. Este año Codelco solo transfirió poco más de US$ por 1.000 millones. Y el Gobierno niega un bono de $80.000 para los trabajadores públicos de Atacama.