La Guardia Civil ocupará los puestos de los huelguístas y en los próximos días se presentará un laudo obligatorio. Ada Colau más preocupada por la mala imagen de las “colas” que por esta vulneración de derechos.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Viernes 11 de agosto de 2017
Foto: EFE
¿Qué podría aunar las voluntades del gobierno del PP, el govern catalán en camino de desconexión y la alcaldesa del “cambio” de Barcelona? Aunque parezca difícil, estas tres instituciones han logrado encontrar un punto de encuentro: reventar la huelga de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat.
Un conflicto laboral que está enfrentando y poniéndo en la palestra la práctica cada vez más extendida de las externalizaciones low cost. Empresas con beneficios milmillonarios que se hacen con concesiones públicas con ofertas por debajo de coste que solo se sostienen por medio de rebajas brutales de salario y condiciones.
Que el PP y los ex-convergentes, acompañados de sus socios de ERC, quieran quebrar esta lucha a toda costa no sorprende a nadie. Ambos son padrinos y defensores de las leyes que han precarizado el empleo en los últimos 30 años. Que lo haga BeC puede ser más inesperado, pero solo para aquellos que desconozcan como lidia la alcaldesa de Barcelona cuando tiene que enfrentar una huelga obrera. Ya la vimos criminalizando a los trabajadores del metro, sacándoles sus nóminas y tachándoles de privilegiados, o dando la espalda a otros externalizados como los socorristas de las playas el año pasado o los operarios del bicing este verano.
Este viernes ha sesionado el comité de crisis formado por el gobierno central para tratar de evitar la huelga indefinida que los trabajadores de Eulen han convocado a partir del lunes. Sus integrantes ya dejan claro cual va a ser la vía escogida para lograrlo, medidas bonapartistas y de excepción. Además de la “parte contratante” del servicio – dirección de AENA, del aeropuerto del Prat y gobierno – se ha contado con la presencia de Ángel Gozado, el General Jefe de la Guardia Civil de Cataluña.
Dos han sido las medidas propuestas, en primer lugar militarizar el servicio, es decir que sean los agentes del instituto armado los que ocupen los puestos de trabajo de los huelguistas. Los uniformados se convertirán en esquiroles en las próximas 24 horas para garantizar el servicio y que no se vea afectada la operación 15 de agosto, la fecha con más volúmen de tráfico aéreo del año.
Acompañando esta medida represiva, que ya tuvo un antecedente con el gobierno de Zapatero cuando militarizó las torres de control para acabar con la huelga de controladores aéreos en 2010, se ha anunciado que se trabaja en común con la Generalitat, quien está asumiendo las funciones de mediación laboral, para imponer en los próximos días un laudo obligatorio. Una medida administrativa que obligaría a los trabajadores a aceptar la propuesta del mediador y volver a sus puestos de trabajo bajo amenaza de despido.
El Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se ha reunido con los consejeros de Territorio y Sostenibilidad, Interior y Trabajo de la Generalitat - Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn – para informarles de sus planes y agradecerles la colaboración. Desde el Govern catalán ya se han puesto a disposición refuerzos de Mossos d’Escuadra para contribuir a la militarización del aeropuerto, y obligado al comité de huelga a someter a votación en asamblea una nueva propuesta de la mediación. Cuando se trata de reventar huelgas no hay ningún problema en colaborar con la Guardia Civil, la misma que viene operando contra el referéndum del 1 de octubre.
El ministro también tiene previsto reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que en plena campaña de defensa de la “marca Barcelona” y criminalización de las protestas contra el turismo masivo de la pasada semana, se ha venido pronunciando muy preocupada por las consecuencias de las colas en la imagen de la ciudad y el negocio turístico.
Sorprendentemente una medida de excepción como esta, que reafirma un peligrosísimo antecedente para toda huelga o protesta obrera que se de en un servicio público, no está siendo contestada ni por el nuevo reformismo -que se cuida mucho de entrar en un tema tan “sensible” y que desnuda la cara más complaciente con los grandes capitalistas de uno de sus “ayuntamientos del cambio”- ni tampoco por las direcciones de los grandes sindicatos.
Este silencio cómplice es aún más criminal cuando a quienes se quiere reventar es a un sector ultraprecario, con salarios de 900 euros y una carga de trabajo por encima de cualquier protocolo de salud laboral. Es clave responder ante un atropello de este calibre, la izquierda política y la izquierda sindical deberían denunciarlo y exigir a los grandes sindicatos que se opongan tajantemente a la militarización de un conflicto laboral.
Si quieren meter a guardias civiles y mossos a reventar la huelga de los trabajadores del control de pasajeros, que se paren el resto de empresas externalizadas y los trabajadores de AENA. Si esquirolean la huelga de Eulen, que se convoquen paros en personal de tierra, maleteros, señalización... Hoy van a por los de los arcos de seguridad, pero si este antecedente se deja pasar será un gran obstáculo para cualquier reivindicación del resto de los trabajadores de aeropuerto y otros servicios esenciales.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
