5600 millones en infraestructura policial, programa especial de mantención y reposición de los vehículos policiales, drones, inteligencia y una prefectura.
Miércoles 30 de septiembre de 2020
Este martes en una conferencia de prensa, el pinochetista, negacionista y ministro del interior Victor Pérez, y la odiada ministra de transporte, Gloria Hutt, firmaron el acuerdo al que “llegó” el gobierno (entre comillas porque era prácticamente apurar los planes del oficialismo) con la mafia de los camioneros, luego de amenazas previas de desabastecer al país de comida (sí de comida), impusieron un paro de una semana, se expuso la complicidad de los pacos en las rutas, y para qué vamos a nombrar cada registro de su putrefacción.
Argumentando en “los hechos de violencia y atentados” (sin tomar en cuenta, obviamente, la violencia policial al pueblo mapuche ni los autoatentados para cobrar seguros) y su preocupación por el tema en la macrozona sur (La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), este acuerdo consiste en implementar en la zona:
Inversión de $ 5.600 millones en la infraestructura policial.
Aumento de los medios aéreos en la zona.
Establecimiento de una coordinación especial de información de inteligencia.
Establecimiento de la Prefectura Macrozonal Sur de la PDI.
Programa especial de mantención y reposición de los vehículos policiales.
Y además, dice el acuerdo, “el Gobierno ha presentado trece Proyectos de Ley al Congreso Nacional, que permiten fortalecer el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana”, estos proyectos son:
Estos proyectos, casi todos presentados por Piñera y sus ministros, principalmente el ministerio del interior firmados por Chadwick y Pérez, son parte de la política por aumentar penas, fortalecer la Inteligencia, reprimir, perseguir, encarcelar y mantener la paz de los empresarios, no tan solo del negocio montado por las forestales, si no toda la actividad productiva que enriquezca sus bolsillos.
Por ejemplo el Proyecto de Ley "Juan Barrios" , busca aumentar penas por delito de incendio en “vehículos motorizados”, y aumentar penas si está con pasajeros, y ya sabemos a quienes culpan por sus “incendios”, o el Proyecto de Ley modificación ley inteligencia (Boletín: 12.234-02), que fortalece los mecanismos de inteligencia, agregando objetivos como “Busqueda, obtención”, dándole más facultades a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Otro ejemplo, entre otros como la Ley Anti Encapuchados, apuntan en el mismo sentido de reprimir, fortalecer a las policías y dar más facultades a inteligencia, como es el Proyecto de Ley Infraestructura Crítica, Presentado y firmado por les honorables ex Evopoli-independiente Carmen Aravena y el independiente de Chile Vamos, amigo de RN, Kenneth Pugh, que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, que ya había sido presentado por el gobierno.
Según el acuerdo, de estos proyectos once ya están con urgencia para tramitación. Agregando además de suma urgencia al proyecto de Ley Robo de Madera.
Además anuncia la creación de un grupo de trabajo “conformado por el gobierno, representantes del gremio de camiones y las policías”
Además, otro punto es el de implementación de equipos de vigilancia en el tramo Collipulli-temuco, que ya tiene 45 cámaras de seguridad, aumentando a :
Entre otras cosas se compromete a conceder “Apoyo Económico”, en particular, “para la reposición de las máquinas de trabajo de los camioneros”. El petitorio de los camioneros, el plan y los proyectos del gobierno, los 13 puntos, está cargado de una política represiva, una clásica alianza entre camioneros, la derecha, empresarios y la policía, exigiendo además a las consecionarias aumentar estándares de seguridad con tecnología avanzada.
En la conferencia de prensa de la firma de este acuerdo, Sergio Pérez, presidente de la CNTC, entre la basura que habló, dijo “aquí vamos a hacer un llamado al parlamento para que se produzcan las leyes necesarias”, exigiendo entre ellas, la ley de inteligencia, y además que han tenido una movilización nacional “por la paz, por la seguridad y antidelincuencia” y que la han suspendido para concretar los acuerdos que van a firmar, después de amenazar con desabastecer al país.
Mientras el Ministro pinochetista Victor Pérez, los pone como víctimas, siendo que los verdaderos enemigos son los empresarios que controlan el negocio de las forestales. Lo que buscan “combatir a los violentos”, pero ¿quienes son los violentos? El estado chileno, por medio de los políticos que han gobernado estos 30 años, han estado fortaleciendo una institución podrida que solo existe para gasear, apresar, disparar para proteger los intereses empresariales, realizando montajes para perseguir al pueblo mapuche y a las y los que luchan, en las últimas semanas hemos podido ver represión, y en los medios pudimos ver la brutalidad policial contra niños de comunidades mapuche.
Además pudimos ver quienes apoyaban un paro que amenazaba con desabastecer a la población en plena pandemia, la Derecha, los del Rechazo, el grupo protofascista APRA, bandas de carácter paramilitar (o pasados a película), los empresarios, el gobierno, la policía, etc.
Cabe recordar que el negocio de las forestales es parte de los negocios las familias, o grupos económicos, Matte y Angelini, que se enriquecen explotando recursos naturales que bien podríamos destinar a Educación, Salud, Vivienda.
Por eso es que el proceso constituyente no puede ser posible que se desarrolle de forma paralela, en el mundo de las ideas, mientras sigue gobernando Piñera, mientras nos siguen reprimiendo, mientras saquean territorio Mapuche, mientras fortalecen los mecanismos represivos y persecutorios. Necesitamos recuperar el camino de octubre y retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, en unidad con el pueblo mapuche, por la recuperación y defensa de sus territorios.
