Con el argumento de combatir el crimen en la minería y dar mayor certidumbre a las empresas, la Secretaría de Economía y la Cámara Minera Mexicana (Camimex) llevan a cabo a través de la Gendarmería Nacional, la capacitación de policías especializados en conflictos mineros.
Marisol FN Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
Jueves 11 de agosto de 2016
Con dicha medida se busca la coordinación de la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército, para resguardar los negocios de las empresas mineras en el país. La política de militarización profundizada en 2006 por el ex presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, ha traído consecuencias terribles para el pueblo mexicano: más de 150 mil asesinatos, miles de personas desaparecidas y desplazadas por la violencia, innumerables crímenes en contra el pueblo pobre y trabajador. Todo bajo el falso argumento de combatir al narcotráfico.
Nada bueno pueden esperar los mineros y sus familias de esta reaccionaria medida que busca avanzar en la militarización del país, ahora llevándola a sectores estratégicos de la industria como lo es la minería y en donde desde hace años, persisten conflictos entre trabajadores mineros y empresarios.
¿Quiénes están detrás de la militarización de las regiones mineras?
La capacitación de la policía minera está a cargo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) en directa colaboración con Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal.
La primera, es una asociación de empresarios mineros dedicada a promover sus intereses como clase dominante en las políticas públicas del país. El segundo es un personaje conocido por planear salvajes represiones hacia movimientos sociales y señalado por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Federal.
Por mencionar algunos casos en el historial represivo de Galindo Ceballos están: la represión a maestros y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca el pasado 18 de junio; la ejecución de 16 civiles miembros de las autodefensas en Apatzingán, Michoacán en 2015; la represión a la manifestación por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 20 de noviembre de 2014 en la CDMX; el brutal desalojo del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mediante un operativo policiaco-militar en el Zócalo de la CDMX en septiembre de 2013, y la lista continúa.
Sindicato minero, una tradición de lucha
La avaricia patronal no ha encontrado un campo dócil en las minas mexicanas. Ejemplos históricos hay muchos. Recordemos la huelga en Sicartsa en 2006 encabezada por la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) en Michoacán. Tras 141 días de heroica resistencia, los mineros y el pueblo de Lázaro Cárdenas fueron brutalmente reprimidos por la policía federal y estatal, por órdenes del entonces presidente Vicente Fox Quesada. El saldo final fue de 2 compañeros asesinados y más de 100 heridos con secuelas graves.
Así también las secciones 65 de Cananea, Sonora, 201 de Sombrerete, Zacatecas y la 17 de Taxco, Guerrero, que desde el 30 de julio de 2007 se mantienen en huelga contra German Larrea y Grupo México. Los mineros y sus familias exigen condiciones mínimas de seguridad en las minas, el respeto a sus puestos de trabajo y otros derechos laborales básicos.
Tras nueve años de heroica huelga –una de las más largas en la historia de México- los mineros y sus familias también exigen justicia para sus compañeros de Pasta de Conchos, Coahuila. En febrero de 2006 la mina de carbón colapsó debido a las inexistentes condiciones de seguridad, cobrando así la vida de 65 mineros cuyos cuerpos hasta la fecha, permanecen sepultados debido a las artimañas y corrupción de Grupo México, solapado impunemente por los gobiernos en turno.
La ambición de las empresas y el gobierno, no conoce límites ni respeta la vida o integridad de los trabajadores.
Un conflicto irreconciliable: empresarios vs trabajadores
Una y otra vez, las medidas represivas contra sectores populares y de trabajadores, han tenido el abierto apoyo de sectores empresariales que incluso, han exigido a los gobiernos en turno el uso de la fuerza pública para disolver las protestas sociales.
Esta situación revela la verdadera naturaleza del Estado capitalista y las fuerzas represivas: su misión es proteger hasta el final y por cualquier medio, la propiedad privada y los intereses de las clases dominantes y empresariales.
En el caso de los mineros, la implementación de las policías mineras ya se lleva a cabo en estados como Sonora, bajo la tutela directa del gobierno la priísta Claudia Pavlovich. Nada bueno pueden esperar los mineros y sus familias de medidas tan autoritarias como la de recurrir a la militarización. En Sonora también la lucha de los mineros ha sobrepasado la esfera sindical y ha empalmado con la de los pobladores afectados por la contaminación del Río Sonora. Es en la unidad con otros sectores obreros y populares en lucha, en donde se encuentra la fuerza para enfrentar la barbarie de las empresas y el gobierno.
Frente a la política de militarización de las zonas mineras impulsada por las empresas y el gobierno, el Sindicato Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia tiene que discutir democráticamente y desde las bases un plan de lucha que este a la altura del ataque. Hay que desconfiar en todo momento del gobierno y los empresarios, que tienen las manos manchadas de sangre de mineros y, que una y otra vez han mostrado su desprecio por la vida y salud de los trabajadores y sus familias.
Urge una política realmente independiente y clasista para el sindicato, que aglutine el descontento de otros sectores obreros y pueda ser la punta de lanza contra este gobierno asesino y patronal.
Hace 110 años, en 1906, la huelga de los trabajadores mineros de Cananea fue un detonante fundamental para el desarrollo de la Revolución Mexicana. La crisis política, social y económica que vivimos en la actualidad, nos impone la necesidad de que la clase trabajadora –que produce la riqueza que después se apropian los patrones- se convierta en el sujeto revolucionario que puede realmente poner fin a la barbarie capitalista de nuestra época y sentar las bases para la construcción de una nueva sociedad.
