CUARTA OLA. Gobierno y empresarios presionan a trabajadores y trabajadoras para continuar sus labores

La llegada de la variante Ómicron ha provocado un récord de contagios diarios, superando las cifras registradas en las olas previas. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija son los departamentos con más contagios. Nuevamente se empieza a conocer que las escasas UTIs que hay en el país estarían llenas y esto tiende a generar una situación de alarma ante un nuevo colapso, particularmente, en la salud pública que ha venido siendo sistemáticamente desmantelada desde los gobiernos neoliberales y cuyo vaciamiento y precarización ha sido continuada por el MAS.

Como lo vimos, desde la primera ola, la pandemia ha desnudado con brutalidad la enorme desigualdad con la que las distintas clases sociales pueden enfrentar la pandemia. Si bien como dice todo el mundo, el Covid no discrimina, lo cierto es que quiénes tienen mejores condiciones y posibilidades de salvar sus vidas son aquellos que pueden acceder a un sistema de salud que está cada vez más privatizado. Mientras que las mayorías trabajadoras quedan a expensas de la precariedad de la salud pública o directamente sin posibilidades de acceder a ningún centro de salud y con dificultades para poder comprar insumos médicos o medicinas que suelen ser muy caras.

Pero además de todo esto, mientras el debate ha estado alrededor de los decretos emanados desde el Gobierno que exigen el carnet de vacunación o la prueba PCR, nadie denuncia ni discute con la misma intensidad las condiciones en las que las y los trabajadores tienen que ir a trabajar cotidianamente. Son las familias trabajadoras, más humildes, cuyas vidas no solo se han precarizado más, sino que se vienen vulnerando sistemáticamente sus derechos a costa de no afectar las ganancias de los capitalistas.

Nos referimos, concretamente, al hecho de que tanto el Estado como los empresarios presionan, cada uno por su lado, a las cajas de salud para que los médicos extiendan bajas médicas a las y los trabajadores por pocos días; es decir, para reducir al máximo los días en que sus empleados tengan que ausentarse a su centro de trabajo. Y a los sectores precarizados que no tienen seguro médico, prácticamente los obligan a trabajar enfermos o la otra es quedar sin trabajo: esto está ocasionando que los trabajadores y trabajadoras vayan, aun convalecientes, a sus fuentes de trabajo y contagien a sus demás compañeros y compañeras lo cual aumenta vertiginosamente los contagios.

Según los cuadernos publicados por el Hospital de Clínicas en julio de 2020 “(...) el intervalo desde el inicio de los síntomas hasta la aparición del ARDS (síndrome de dificultad respiratoria aguda) es de aproximadamente 8 a 12 días. La producción de anticuerpos ocurre tarde después de la exposición (hasta 20 días) y después de la aparición de síntomas (hasta 15 días para el 100% de los pacientes infectados).” [1]. Lo que nos hace reflexionar que como mínimo son 20 días para todo el proceso de enfermedad y un máximo de 30 días para estar completamente librado del virus.

Sin embargo, lejos de que se consideren estas recomendaciones para la recuperación de enfermos covid, observamos que existe una presión real de parte de los gerentes de las empresas para que las bajas médicas de sus trabajadores no lleguen a más de 7 días. Las oficinas que extienden las bajas médicas en las cajas de salud “negocian los días”, de 4 a 7 máximo, con las y los trabajadores que son detectados positivos, además que enfrentan un vía crucis para conseguirlas debido a las largas filas en los seguros de salud y a la insuficiente cantidad de pruebas que se realizan diariamente.

Los sectores de trabajadores y trabajadoras precarizados, que son una mayoría, sino consiguen una prueba gratuita no les queda otra que ir a trabajar enfermos o faltan, con el riesgo de ser despedidos. El resultado de estas condiciones en el sector privado es el ascenso de contagios en sectores de trabajadores de fábricas, que según los empresarios llega a 10 % de ausentismo. Pero el sector precarizado no tiene medición de ausentismo debido a la informalidad en la que se encuentran además de ser el sector más expuesto al virus ya que como no hay control de parte de autoridades en varios centros de trabajo las medidas de bioseguridad son prácticamente inexistentes.

Por el lado del gobierno con el argumento de “que la recuperación económica no puede parar”, las consecuencias son inmediatas: personal de los ministerios contagiados y por el lado de las alcaldías como El Alto Jacha Uta cerrados, debido a que la mitad del personal está contagiado. Lo que provoca extenuantes horas de trabajo a los no contagiados. Como vemos la presión de los jefes en entidades estatales son las mismas que en el sector privado. Los funcionarios estatales con los pocos días de baja médica están yendo a trabajar convalecientes o asintomáticos lo que causa contagio masivo en las reparticiones estatales, debido a que el personal interactúa con la población.

Existe una sintonía entre gobierno y empresarios para presionar sobre los trabajadores, pero no asumir las consecuencias de esa presión, que se expresa en el aumento masivo de contagios, es una forma de pensar mercantil donde se prioriza las ganancias de las empresas y la gestión del gobierno a costa de la salud de la población. Los sectores precarizados e informales que son una mayoría en la economía del país son los más golpeados por esta forma de proceder.

Los pocos sindicatos que tienen las y los trabajadores ven a sus dirigentes entregados al gobierno, como la COB, también entregada a los mandatos de los patrones privados, no hay forma de levantar quejas. Nadie y ningún medio ponen énfasis en este ángulo de la información.

Los y las trabajadoras que están en primera línea como personal de limpieza, enfermeras y médicos están viendo como acabaron sus contratos de trabajo en la segunda ola. Pocos de los que se quedan tienen que soportar extenuantes turnos para cumplir con la población. En este escenario de la cuarta ola donde el personal médico llegó a tener bajas hasta el 50%, como en Santa Cruz, en el pico más alto.

Ante este escenario tenemos que organizarnos desde las bases para recuperar nuestras organizaciones sindicales y sociales, expulsando a los burócratas sindicales que vendieron nuestras organizaciones a los golpistas y al MAS, y sostener una política independiente del gobierno y los empresarios para defender nuestras fuentes de trabajo y nuestros derechos vulnerados. Y terminar con la división en las filas obreras entre contratados y tercerizados. Pero también las y los trabajadores necesitamos organizarnos e impulsar comités de salud y seguridad en cada lugar de trabajo donde se pueda debatir y decidir sobre las medidas de seguridad específicas y necesarias según las condiciones y necesidades de cada lugar de trabajo.

Las y Los trabajadores somos los que levantamos y hacemos funcionar los engranajes de la economía y a los que más nos afecta el manejo irresponsable y demagógico de la pandemia.

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