Economía. Gobierno y oposición avanzan en agenda de reactivación: alivio tributario y amplia depreciación para "PYMES" hasta 2022

La oposición nuevamente legisla a favor de la agenda de Piñera

La comisión es presidida por el diputado Daniel Núñez (PC) y por acuerdo unánime decidieron despañar el texto completo presentado por el Ejectuvo. La oposición se limitó a introducir dos indicaciones: la de Núñez de cortar el beneficio en diciembre de 2021 y la del diputado Jackson (RD) de restringir el beneficio para aquellas empresas que realicen actividades contaminantes. Finalmente, todas las indicaciones fueron desechadas por la comisión.

¿En qué consisten las medidas?

1) Una rebaja a la mitad del impuesto de Primera Categoría que pagan las PYMES. De un 25% actual se reduciría a un 12,5% para las rentas obtenidas durante los años comerciales de 2020, 2021 y 2022. También se reduciría a la mitad los Pagos provisionales mensuales.

2) Una devolución del crédito fiscal IVA acumulado por las PYMES, en la medida de que tengan una disminución igual o superior al 30% de sus ventas durante los meses de enero y mayo de 2020.

3) Una depreciación instantánea de 100% hasta diciembre del 2022 reduciendo así el valor de los bienes que se adquieran por parte de las empresas. Y se extiende este beneficio no sólo para aquellas empresas que hagan inversiones en activo fijo e incluso para activos intangibles como la propiedad industrial, los derechos de autor y las empresas digitalizadas.

4) Recursos fiscales para la contribución regional de 1% para los proyectos de inversión con valor superior a los 10 millones de dólares. El Estado pagaría ese 1% siempre y cuando las obras partan en un plazo no superior a 3 años desde la obtención de la calificación ambiental favorable.

Cuando la categoría PYME se transforma en un eufemismo que considera también a grandes empresas

De acuerdo a la definición proporcionada por el Ministerio de Economía las PYMES son el conjunto de empresas que tienen ventas entre 2.400 UF y 100.000 UF al año, es decir, el promedio mensual de ventas de una "PYME" oscila entre $4.400.000 y $183.000.000 (con un valor estimado de la UF de $22.000).

Dentro del saco de los beneficios se ocultan más 4300 empresas que poseen altas ganancias, según el propio INE, y que hoy representan el sector más beneficiado con esa política.

La depreciación instantánea del 100% podrá permitir la compra de máquinas (capital fijo) y que su valor sea considerado como una compra y no como una carga imponible durante el año. La pregunta es qué tipo de empresa se encuentra en condiciones de comprar maquinas en un contexto de caída de más de 15% de la actividad económica en todos los rubros, condición que afecta principalmente a las pequeñas empresas.

Según una encuesta de percepción empresarial el mundo empresarial en general declara que la economía no podrá reactivarse este 2020 y que los trabajadores suspendidos y despedidos, que ya superan los 1,6 millones dentro del país, no serán recontratados.

¿Puede esta política de acomodo tributario estimular un desarrollo productivo desde la PYMES? si se considera que las empresas se encuentran endeudadas y que la política de cuarentenas prolonga la caída económica esto no resulta más que una ilusión. Esta política de incentivo por medio de un cambio tributario podrá a lo sumo aumentar la cantidad de empresas declaradas como PYME pero no representará una real inversión a largo plazo porque el objetivo de la gran empresa es otro. Dejar que la tormenta de la pandemia pase para que las empresas menos exitosas sean destruídas y sobrevivan las más exitosas a partir de los beneficios millonarios que pactaron con la oposición el 14 de julio.

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La necesidad de apuntar en el sentido contrario: plan de obras públicas en base a la expropiación de los grupos económicos y la re-nacionalización de los recursos naturales

La brújula política del gobierno es la misma que la de la oposición: endeudar al país, seguir dando plata a los empresarios, mandar al hambre a más trabajadores, no reactivar la economía en lo inmediato, abandonar a las verdaderas pequeñas empresas y utilizar una fuerte represión para controlar la protesta por el hambre y los contagios dentro los lugares de trabajo.

La brújula de los trabajadores y los sectores populares debe apuntar en sentido contrario. La crisis la tienen que pagar quienes la generaron. Hay que rechazar cualquier deuda y todo salvataje a las ganancias de los grandes empresarios

Y la única manera de luchar contra el desempleo estructural y la irracionalidad capitalista es que las y los trabajadores encabecen un plan de obras públicas que apunte a construir hospitales y viviendas, junto con expropiar todos los espacios "ociosos" de las ciudades. Junto con esto se requiere de la necesaria reconversión de las industrias, para que de esa manera el desarrollo pueda llegar también a las pequeñas empresas, quienes dependen del crédito y de grandes empresas que consuman sus productos.

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Este plan requerirá de recursos. En Chile hay 10 familias capitalistas que controlan el negocio forestal, el retail, la minería, la inversión privada, en alianza con transnacionales y esas ganancias terminan invertidas en el extranjero. Cualquier plan serio de obras públicas requiere de la expropiación de los grupos monopólicos y también la re-nacionalización del litio y el cobre que reportan millonarias ganancias a empresas extranjeras, cuyos países después castigarán a Chile por medio de la deuda. En un plan así, la administración debería estar en manos de la y los trabajadores mismos repartiendo las horas de trabajo entre empleados y desempleados, para que todos puedan tener un sueldo no inferior a 500 mil pesos.

Una perspectiva así sólo podrá imponerse con la fuerza de la movilización de los trabajadores activos y desempleados. Las principales centrales sindicales han cumplido un rol de acuerdos con el gobierno, una tregua que se mantiene desde noviembre, y hoy, con millones de trabajadores en la incertidumbre por el descaro de sus patrones, mantienen esa actitud inmóvil y colaboracionista. Es clave que todos los espacios de coordinación sindical y de sectores populares, como las que se están gestando entorno a funcionarios de hospitales como el Barros Luco o el San José en Santiago, discutan seriamente un plan de acciones para luchar por el pan, la salud y el trabajo.