Chile. Gobierno y oposición de derecha acuerdan nueva convención constituyente mixta y tutelada en Chile

Este martes se llevó adelante la segunda reunión entre los partidos con representación parlamentaria para acordar un itinerario común para el nuevo proceso constituyente. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado anunciaron que se alcanzaron los primeros 5 puntos de acuerdo: el primero es llamar a un nuevo proceso constituyente, en segundo lugar que sea redactado por un órgano electo, en tercer lugar que ese órgano tenga paridad, en cuarto que se incluya un Comité de Expertos que "acompañará y apoyará" al órgano que redacte la nueva constitución, y quinto que habrá un plebiscito para decidir si se aprueba, con voto obligatorio.

Sin embargo, tras la reunión la derecha de Chile Vamos desconoció los acuerdos. El contenido de esas declaraciones era dar cuenta de que para el este sector el peso de los "Expertos" no era suficiente y se debería avanzar en un "mecanismo mixto", algo más parecido a una Convención Mixta, ampliamente rechazada en el plebiscito del año 2020 que aprobó la redacción de una nueva Constitución. El Partido Republicano, de extrema derecha, aclaró que directamente está en contra de un nuevo proceso constituyente que modifique la actual, redactada durante la dictadura de Pinochet.

A la salida de la reunión del lunes, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (del Partido Socialista), señaló parte de los acuerdos, entre ellos que "la nueva Constitución sea elaborada por un órgano elegido en su totalidad por la ciudadanía, 100% elegida democráticamente, de manera tal de preservar un principio básico de este proceso, que sean los ciudadanos los protagonistas del proceso constituyente, que su voz sea escuchada y respetada”. La participación de independientes y pueblos originarios son temas que quedan pendientes en una nueva reunión de estos acuerdos entre partidos para darle forma a proceso constituyente, que se realizará el próximo jueves 15.

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Luego de estos primeros anuncios, que fueron celebrados por el Gobierno de Gabriel Boric, se comienza a delinear lo que será esta nueva Convención más antidemocrática que el proceso anterior. Recordemos que en los llamados "Acuerdo por la paz social y la nueva constitución" de 2019 se prohibían una serie de temas para ser discutidos por la Convención como los tratados de libre comercio, además, todos los organismos del viejo régimen se mantuvieron partiendo por el expresidente Piñera que pudo terminar su mandato en la total impunidad. Ahora, este nuevo acuerdo, con el triunfo del rechazo y el gobierno debilitado, será peor. La Convención será un espejismo democrático ya que contará con un "Comité de Expertos" que actuará como tutor de que se podrá o no discutir. Por eso es que durante los últimos días, el expresidente Ricardo Lagos ha tenido tanto protagonismo empujando ese Comité e incluso proponiéndose él como parte del mismo.

Ricardo Froilán Lagos Escobar fue presidente de Chile del 2000 al 2006 y es uno de los fundadores de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición que gobernó chile desde la salida de la dictadura de Pinochet, alternando con la derecha. Es uno de los "partidos de los 30 años" que impugnó la rebelión de 2019.

Polémica de la derecha: ¿Qué expresa?

"No aceptamos que pretendan imponer un curso de acción y mucho menos torcer mezquinamente las conversaciones en marcha", dijeron en un comunicado los partidos de la coalición derechista Chile Vamos. La declaración expresa las tensiones internas por qué camino seguir. Mientras el Partido Republicano del excandidato de extremaderecha José Antonio Kast, el Partido de la Gente del populista de derecha Franco Parisi, y un sector importante de senadores del conservador Renovación Nacional estaban por no repetir una Convención o, como máximo hacer un Comité de Expertos. Otro sector de la derecha como Evopoli o la Unión Demócrata Independiente estiman que si o si hay que hacer una Convención. No lo hacen, por cierto, porque sean más democráticos que el otro sector, sino porque ven que un proceso constituyente sin participación no sería un desvío efectivo para retomar la gobernabilidad y cerrar la discusión constituyente. Más allá de estas diferencias, en lo que acuerdan de forma transversal es que debe existir un Comité de Expertos que pueda actuar de arbitro sobre qué temas son permitidos y que temas no.

Reagruparnos frente a un nuevo proceso constituyente fraudulento de manera independiente al gobierno

Nada favorable al pueblo trabajador vendrá de este nueva "cocina constituyente" pactada y negociada a espaldas del pueblo. Hoy, la clase dominante apuesta por una nueva Constitución que reconozca derechos sociales en el papel, mientras se mantienen los pilares del régimen político y económico, sin lo que llamaron “excesos” de la Convención Constitucional anterior. La ofensiva de la derecha busca subordina al Gobierno y la izquierda reformista de los movimientos sociales, por esto es necesario pelear por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que necesariamente será impuesta por la movilización y lucha en las calles en perspectiva de una huelga general, junto a la pelea por un programa de emergencia para que la crisis económica y social la paguen los empresarios y no el pueblo trabajador.

Partiendo por demandas fundamentales, como un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos, y un salario y pensión mínimos de 650.000 pesos chilenos; por la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin rebaja salarial alguna; por detener el aumento de los servicios básicos de agua, luz, combustibles planteando la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores de todas las empresas de servicios básicos que especulen con los precios como ha ocurrido con el caso de Metrogas. Por impuestos progresivos a las grandes fortunas, la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior para terminar con la fuga de capitales récord de los últimos dos años. Así también luchar por el juicio y castigo a los represores, la libertad a las y los presos políticos de la rebelión y del pueblo mapuche. Luchar por el fin de la militarización del Wallmapu y por el derecho a la autodeterminación del Pueblo Mapuche.

Es fundamental reagrupar a las distintas organizaciones sindicales y sociales para esta perspectiva. Las dirigencias sindicales y sociales deben poner fin a su tregua con el gobierno y dejar de esperar a que se logren las demandas con sus maniobras institucionales, para lo cual debemos luchar por la independencia del gobierno y los empresarios.