Cuando está a punto de acabar el segundo mes desde la vuelta a clases, ya vemos liceos en toma, marchas estudiantiles reprimidas por Fuerzas Especiales, y en las facultades se oyen rumores de paro y algunos tienen ganas de movilizarse. Es que ya dos meses han sido suficientes para hartar a la juventud que sufre las precarias condiciones en las que están liceos y universidades, y además se les pone en riesgo con la ley de “gatillo fácil" sabiendo que Carabineros se dedican a reprimir a la juventud cuando se manifiesta. El régimen político y las rectorías parecieran unirse con el objetivo de dar una lección a palos o balas a la juventud.

Estamos en un contexto político marcado por el discurso “securitario”, los matinales mostrando cada delito lo más morbosamente posible tratando de generar paranoia, los carabineros son mostrados como si fueran quienes más sufren por ataques, y todos los partidos apoyan leyes represivas diciendo que así se enfrentará a la delincuencia. Y está comprobado que eso es falso. Desde el Derecho se le conoce como populismo penal. Que significa repetir y repetir que con más policía se acabarán los delitos, que con penas más altas los “delincuentes” o para la derecha todo pobre, pensará más si delinquir o no, o que así se terminará el gran negocio del narcotráfico. Los generales de carabineros, los partidos de la derecha y los de gobierno saben que es mentira. Pero mienten porque es la forma de crear una opinión pública favorable a Carabineros y al plan que tienen luego de la Rebelión Popular - o comúnmente conocido como Estallido Social- de fortalecer el poder represivo del Estado.

De hecho, hoy se aprueban las leyes que propuso Piñera y la derecha cuando eran gobierno, y que Kast también quería llevar adelante. Algún defensor del gobierno dirá que es porque es fruto del diálogo con el Congreso donde tiene mayoría la derecha, y que hay que ceder, llegar a acuerdos y avanzar en la medida de lo posible. O que no está la "correlación de fuerzas" para hacer cumplir su programa y "avanzar". Pero ante esta caricatura de análisis político podemos responder de distintas aristas.

En primer lugar con una respuesta democrática, Boric ganó porque la mayoría de los votantes votó contra la derecha de Kast, en la época en que Kast defendía a los pacos y Boric decía que era una institución corrupta, responsable de violaciones a los derechos humanos y que había que reformarla. Y que decía: "Señor Piñera, está avisado", comprometiéndose a su forma de perseguirlo legalmente por la violaciones de derechos humanos.

En segundo lugar, la mayoría del pueblo trabajador, quienes vivimos en poblaciones, en la periferia, vivimos día a día la inefectividad de Carabineros, y recordamos los casos de corrupción y robo, y también de ligazón con los propios narcos que “controlan” algunos territorios.

En tercer lugar, el Congreso está totalmente desprestigiado, lo muestran las famosas encuestas, Radio BioBio publicaba: “Según la última encuesta Criteria, el 80% de las personas califica al Congreso con una nota roja (menor a 4, en una escala del 1 al 7), mientras que de su labor no supera la calificación de un 2,2. El estudio evidencia que la mayoría piensa que diputados y senadores solo piensan en ganar más dinero y en sus propios intereses al momento de legislar”. [1]

El gobierno podría haber partido respetando el programa con el que hizo campaña, pero no lo hace. Se sienta a cocinar leyes con la derecha y las apoya transversalmente. El gobierno tiene la facultad legal de vetar leyes, pero no lo hace, sino que le da urgencia y promulga el Gatillo Fácil. ¿Por qué?

El sueño de la derecha: después de la rebelión de octubre, nueva constitución escrita por ellos y un Estado más fuerte

Siendo que perdieron la última elección y su presidente fue el más repudiado en la historia de Chile, pareciera que la derecha controla la coyuntura. Sus políticos parecen los grandes ideólogos de cómo enfrentar a los problemas sociales, que para ellos son el aumento de la delincuencia con mayor violencia y la inmigración. A 50 años del golpe de Estado la derecha sigue proponiendo más fuerza para carabineros y sacar a los militares para que se hagan cargo del orden. Querían Estado de Excepción en la Región Metropolitana, además de en el norte y continuarlo permanentemente en el Wallmapu.

Con todo el dinero que maneja la derecha y los medios de comunicación que son sus promotores han moldeado un sentido común tendiente a sus objetivos. Y su más enérgico seguidor es el gobierno. Si hasta un senador del Partido Socialista -Insulza- no estaba en contra de sacar a los milicos en Santiago, tan ridículo que preocupa. De hecho la ministra del interior, del PPD, Carolina Tohá:

“Anunció un acuerdo por 70 medidas para dar luz verde a proyectos como el de la creación del Ministerio de Seguridad o el que regula por ley las reglas del uso de la fuerza y establece protección para las policías. El gobierno abrió una ronda de conversaciones para acelerar la tramitación de al menos siete proyectos que van en esta línea y Boric incluso anunció que acompañará operativos policiales como una señal del claro apoyo a la institución”. [2]

Los partidos de los 30 años buscan fortalecer su poder estatal luego de que la rebelión popular cuestionara profundamente al régimen político que heredamos de la dictadura. La juventud y los sectores más precarios de las periferias lo cuestionaron violentamente, con los históricos métodos de lucha callejera ante la represión de Fuerzas Espaciales y al hastío del Chile neoliberal.

Además de querer prepararse porque la crisis económica seguirá afectando al país, según nuevas proyecciones del FMI, Chile tendrá una recesión este año, perderá 1% del PIB, sin contar con la inflación que sigue aumentando. Y es que el plan que tienen es el de sepultar las demandas que tomaron fuerza en la rebelión popular para pasar un programa neoliberal que restaure la fuerza y blinde al régimen político y al sistema económico chileno.

Como Piñera no pudo y Kast perdió la elección, el Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex Concertación se “ponen los pantalones” y pasan sus leyes, cumpliendo así los sueños del gran empresariado. A esto hemos llamado "transformismo", donde también entra el análisis de la burocracia sindical, estudiantil y de los "movimientos sociales" qué apoyan en los hechos el programa del gobierno y la derecha.

En la misma línea va el fraude constitucional perteneciente a los expertos designados por los partidos del régimen y que deberá tender el beneplácito del congreso, o sea, es un proceso totalmente alejado del pueblo trabajador y sus diferentes demandas.

Y es que con el discurso securitario, con el populismo penal imperante, intentan esconder los problemas de fondo que aquejan a Chile. La derecha junto a su coro “progresista” en el gobierno apuntan sus armas a los delincuentes, a la migración y a los narcos, para inventar un “enemigo interno” que perseguir justificando dar mayores atribuciones a Carabineros. Y es que si Chile vive una ola de pauperización y de “violencia” se debe a la crisis económica que afecta principalmente a los sectores más marginales de la población, quienes tienen que trabajar en negro, o sea sin contrato (al día), extranjeros que al no tener papeles tienen que esclavizarse para dar comida a sus familias y que ahora podrán ser detenidos por no tener papeles y arrojarlos a prisión preventiva solo por este hecho, y a las poblaciones que son afectadas por el narcotráfico.

Pero la verdad es que para que exista pobreza tiene que haber algunos que se lleven toda la riqueza que genera Chile. Ya vimos que durante la pandemia los grandes grupos burgueses aumentaron cuantiosamente sus ganancias, incluyendo las empresas del mismísimo criminal Sebastián Piñera. Los que fugan capitales al extranjero para no pagar impuestos y así asegurarse más plata. La desigualdad en Chile se basa en esto, los empresarios se llenan los bolsillos a destajo mientras la mayoría del país vive con lo justo y endeudándose. Además, está completamente comprobado que para que exista el narcotráfico tiene que estar vinculados a instituciones de poder, al propio estado y a las policías. Como decía Dauno Tótoro por este mismo medio:

“Lo cierto es que otras cifras muestran la podredumbre interna en la institución hasta los niveles más bajos. El medio de comunicación CIPER logró acceder a carpetas de contrainteligencia interna de carabineros, donde se revelaron diversos casos de vínculos de funcionarios policiales con bandas dedicadas al robo, a delitos comunes e incluso al narcotráfico.

De hecho, la Fiscalía ha contabilizado un total de 112 carabineros formalizados entre el año 2010 y el 2020 por el delito de narcotráfico. Imaginemos cuántos no han sido investigados ni descubiertos aún. Por ejemplo, se señala que entre el 2014 y el 2016 fueron 55 los funcionarios policiales investigados por vínculos a bandas narcotraficantes o delictuales. [3]

Están dejando al gato cuidando la carnicería. No nos extrañaría en el futuro ver como más armas pasan de manos de Carabineros a los narcos, cómo la policía detiene y viola los derechos humanos de migrantes y del pueblo trabajador “nacional”. O si se destapan nuevos casos de malversación de fondos como ya vimos con el Paco Gate. Para enfrentar realmente la delincuencia y al narcotráfico tenemos que afectar su negocio. Legalicemos las drogas para poder tomarlo como un problema de salud pública, estaticemos los puertos para evitar que los empresarios se beneficien del jugosos negocio de entrar droga y distribuirla a escondidas como se supo del puerto de San Antonio. O como ha demostrado la evidencia internacional en Argentina e incluso en Bélgica con el puerto de Amberes. 1

“Hay plata pa los pacos y no pa estudiar”

Retomando lo que decía al comenzar el artículo, en la juventud estudiantil se ve con preocupación esta política de los partidos del régimen, ya que saben que tienen bastantes motivos por los que movilizarse, ejemplo de esto son los estudiantes de la USACH que están en paro indefinido por tener ratones en sus salas y techos que se les caen encima, además de no contar con salas suficientes y baños en pésimo estado entre tantas otras cosas. Si hiciéramos un catastro en cada universidad pública los problemas se asemejan. Pero ahora corremos el riesgo de protestar y que nos disparen. Pero la fiscalía y los tribunales están obligados por la ley de gatillo fácil a creer en la palabra de Carabineros en vez de las víctimas. O sea, las víctimas tendrán que probar que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, dejando en resguardo e impunes a los agentes del Estado responsables de la represión.

Pero como se escucha en cada marcha estudiantil, genera mucho rechazo que los distintos gobiernos destinen siempre plata para “los pacos” y no para fortalecer la educación pública. 1.500 millones de dólares Boric le dio a Carabineros mientras que el presupuesto para la educación se nota insuficiente por las condiciones en las que están las Universidades y liceos públicos. Esto sin contar que los aranceles han aumentado casi todos los años, y que gran parte de lo presupuestado para la Beca de Gratuidad se va a centros de educación privados, debido a que los sectores populares sólo pueden acceder a ellos por lo discriminatorio de las pruebas estandarizadas y de las diferencias en la educación primaria y secundaria.

En ese sentido, es aún más vergonzoso ver cómo un gobierno surgido del movimiento estudiantil del 2006 y del 2011 hoy deja abandonada la educación pública. Y es que aliándose con la Concertación la cosa no podría haber sido de otro modo. Después de la dictadura gobernó la centro-izquierda, responsable de profundizar el mercado de la educación, y ahora que son gobierno se comprueba que su objetivo nunca ha sido fortalecer la educación pública sino que seguir subvencionando el negocio a privados.

En ese sentido, como estudiantes tenemos que cuestionar los planes de los partidos del régimen. Como agrupación revolucionaria Vencer venimos diciendo que es necesario reconstruir un movimiento estudiantil que sea independiente del gobierno, que no siga sus planes ni ritmos porque ya podemos ver hacia dónde están dirigiéndose.

Las juventudes de gobierno, Convergencia Social, las Juventudes Comunistas, las Juventudes Socialistas y Revolución Democrática, durante una década han dirigido la mayoría de federaciones estudiantiles y centros de estudiantes. Han sido los responsables, quieran hacerse cargo o no, del estado en el que el movimiento estudiantil se encuentra: desorganizado y pasivo. Su actuar en estos primeros dos meses de clases es expresivo de esto.

En la Universidad de Chile se negaron a llamar a asambleas en todas las facultades para discutir los impactos de las leyes represivas y movilizar en contra de su promulgación. Han centrado sus fuerzas en un petitorio bastante mínimo que fue aprobado en la última sesión del Confech, que tiene un parecido enorme con el programa educativo de Boric pero que no cuestiona las bases de la educación de mercado.

Incluso ante esto tan mínimo e inicial, dirigentes estudiantiles oficialistas han reconocido que el Ministerio de Educación (dirigido por un RD) a duras penas les ha recibido y escuchado, viéndose “obligados” a marchar fuera del ministerio para que les recibieron, sin llegar a acuerdos. Mientras el gobierno puso urgencia a legislar las leyes represivas, hace oídos sordos a las demandas de estudiantes que les apoyan y de quienes son críticos como la mayoría en las universidades.

Por una reforma universitaria contra la represión de los rectores y el gobierno

Ahora más que nunca hace falta una alternativa política y estrategia que permita cumplir con las demandas históricas del movimiento estudiantil. Desde Vencer nos jugamos la vida por reconstruir la organización en liceos y universidades con independencia del gobierno, que se organice desde abajo hacia arriba, potenciando la discusión en asambleas junto a la comunidad educativa (trabajadores y profesores), defendiendo lo discutido en las calles contra la policía y el Estado que niega el derecho a estudiar en óptimas condiciones.

Necesitamos ahora que el Estado financie integralmente la educación pública, haciéndose cargo de la crisis en la que están liceos y Universidades. Esta inyección de recursos debe ser entregada por el Estado pero gestionada por las propias comunidades educativas porque somos quienes sabemos dónde faltan recursos. Para esto es necesario avanzar en afectar las fortunas del gran empresariado por ejemplo nacionalizando el cobre, el litio y todos los ricos recursos naturales que tiene Chile, para invertir en educación y salud como derechos humanos básicos, y que dejen de estar al servicio de generar enriquecimiento para los grandes empresarios.

Y para poder enfrentar los problemas dentro de los centros de estudio, ya sean de seguridad, de mala salud mental, de precarias condiciones de infraestructura, etc, tenemos que avanzar en la democratización de la educación pública.

Estudiantes de la USACH iniciaron un paro durante abril de este año denunciando que no tienen salas, que hay plagas de ratones, que no tienen casinos para almorzar. Esto da cuenta del contexto de precariedad de la educación pública y de cómo el financiamiento de los privados por parte del Estado termina por afectar a las instituciones públicas. A su vez la universidad se ha visto afectada por robos dentro y fuera. En este contexto el actual rector Rodrigo Vidal propone enrejar, poner torniquetes, externalizar la seguridad. Todo eso mientras hay funcionarios que no tienen sueldo. Toda una contra reforma represiva que llevará a la universidad a un ambiente de control policiaco que impedirá la organización libre y democrática de la comunidad. Ante esto hay que contraponer un programa que plantee todo lo contrario: priorizar por resolver las demandas educacionales y laborales presentes en la universidad, y poder escoger a las autoridades. No hay que impedir el acceso de los trabajadores y sectores populares a la universidad, por lo mismo, se debe instalar el acceso irrestricto y la educación gratuita como derecho social. Es tarea de los estudiantes universitarios unirnos también con los estudiantes secundarios quienes luchan contra la Ley Naín Retamal y también denuncian el abandono de los liceos.