Con la disolución de la última caravana y la deportación de casi 4 mil migrantes, autoridades mexicanas y guatemaltecas acatan las políticas xenófobas y racistas dictadas por Trump.
Miércoles 21 de octubre de 2020
A principios de octubre, con el rebrote de la pandemia en diferentes países del mundo y Latinoamérica, el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, ordenó disolver la primera caravana migrante convocada tras el confinamiento. Más de 3 mil 500 personas entre ellas, mujeres y niños provenientes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, partieron de San Pedro Sula en Honduras el 30 de septiembre y fueron interceptados en los primeros días de octubre en la frontera con Guatemala por policías y militares guatemaltecos, que les impidieron continuar su camino hacia Estados Unidos.
Utilizando como pretexto los protocolos migratorios y sanitarios declarados por la pandemia de covid-19, el gobierno de Giammattei logró la detención y repatriación de miles de migrantes, argumentando que “no es momento de migrar”. Nada mencionó sobre la desesperación que orilla a miles de trabajadores y familias centroamericanas, a emprender el peligroso viaje por el “sueño americano” incluso en tiempos de pandemia, pues el recrudecimiento de la pobreza, desigualdad y violencia estructural en Honduras y el resto Centroamérica es cada día más insoportable.
Es la primera vez que el gobierno guatemalteco niega el libre tránsito a migrantes centroamericanos, pese al Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA4), firmado en 2005 por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. La acción se da meses después de la firma del acuerdo con Estados Unidos para que Guatemala funja como “Tercer País Seguro” en la Centroamérica.
Dicha categoría fue acuñada en Suiza en 1951 durante la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, señalando que para las personas que sean rechazadas del país donde busquen asilo (segundo país), existe la opción del “tercer país seguro”. Éste tiene la obligación de garantizar el principio de "no devolución" para los refugiados, así como el derecho al trabajo, educación, vivienda, seguridad social y médica entre otros; aspecto que según los testimonios de migrantes hondureños en medios locales guatemaltecos, no está siendo cumplido.
Colaboración del gobierno mexicano
La disolución de la caravana migrante fue realizada en colaboración con las autoridades mexicanas, en cabezadas el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes vigilan con drones la frontera sur y en múltiples ocasiones, han utilizado la fuerza pública para reprimir junto con la Guardia Nacional, a las y los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
En principio, AMLO mostró una actitud “humanitaria” hacia las caravanas migrantes que también albergaron grandes expectativas democráticas con el triunfo de Morena en 2018. La ilusión finalizó luego de la presión de Donald Trump y el gobierno estadounidense, para evitar la llegada de miles de centroamericanos a su territorio. Después vino la brutal represión por parte de las autoridades mexicanas, que a la fecha operan como “border patrol” en la frontera sur de México y tienen denuncias por la violación sistemática a los derechos humanos de migrantes, en centros de detención cuyas condiciones precarias e insalubres son un foco de infección y contagio para quienes se encuentran recluidos.
Quienes más vulnerables quedan son mujeres, comunidad LGBTI+ e infantes, que en su tránsito hacia el “sueño americano”, corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, feminicidios, crímenes de odio, ser secuestrados para las redes de trata con fines de explotación sexual o laboral y/o quedar a expensar del crimen organizado.
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Las acciones coordinadas entre los gobiernos de Guatemala y México dan cuenta de la política regional dirigida desde la Casa Blanca hacia territorio centroamericano en materia migratoria. Con la represión hacia migrantes y la prohibición del derecho humano al libre tránsito, los gobiernos de Giammattei y López Obrador dejan claro en donde está su lealtad y compromiso: del lado de las empresas y gobiernos imperialistas, para preservar la superexplotación de las y los trabajadores junto con los recursos naturales.
Se trata de una política criminal diseñada desde Estados Unidos y llevada adelante en completa subordinación por los gobiernos de México, Guatemala y el resto de Centroamérica, para tratar de contener una crisis migratoria provocada por el avance de las políticas imperialistas en la región. Mientras reprimen, asesinan, criminalizan y encarcelan a trabajadores migrantes, las empresas trasnacionales de capital estadounidense y de otras potencias como China, tienen garantía de impunidad en sus prácticas de devastación ambiental y explotación laboral, dejando feminicidios, violencia y descomposición social a su paso, sin que la comunidad internacional y los gobiernos locales hagan nada al respecto.
Toca a la poderosa clase obrera multiétnica estadounidense, y en particular a quienes protestan contra el racismo y la violencia policial, así como a la clase trabajadora mexicana y centroamericana, junto con los sectores oprimidos y pobres de la región, unir fuerzas y luchas para detener la barbarie imperialista que azota el continente de norte a sur y exigir el libre tránsito por los países de la región así como plenos derechos para todas y todos los migrantes, incluyendo atención sanitaria y refugio en condiciones dignas durante la pandemia.
Solo así podremos ponerle un alto final a las empresas y gobiernos que, incluso con la pandemia, insisten en dar prioridad a sus ganancias y negocios, por encima del medio ambiente y la vida de millones de personas y trabajadores del continente. No podemos permitir que la política antimigratoria, xenófoba y racista de Donald Trump, sea su salvavidas en la campaña de reelección para los próximos comicios.
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