Igor Goicovic -historiador experto en el MIR, en movimientos sociales y de resistencia y referente intelectual de la izquierda del “poder popular”- define los resultados del plebiscito electoral de salida como “una derrota catastrófica para el conjunto de las fuerzas populares”. La alta votación del rechazo (61,86%) pone en evidencia para el historiador la magnitud de la derrota. En un artículo de reciente publicación ensaya una explicación de este resultado y propone una salida política, con las cuales debatimos a continuación.
¿Quiénes fueron derrotados y cómo se explica la derrota según Goicovic?
Goicovic, detalla quiénes serían los sujetos derrotados:
«Es la derrota de los resabios de la protesta popular de octubre de 2019. La misma languidecía en una ritual cada vez menos relevante de enfrentamientos callejeros entre manifestantes y policías, que se arrastraba desde marzo de 2020. Pero es también la derrota de los movimientos sociales anclados en la identidad (feministas, ambientales, territoriales, etnoculturales, etc.). No están ajenos a esta profunda derrota el gobierno y los partidos políticos actualmente en el poder y tampoco se pueden eximir de la misma, los sectores radicalizados de la izquierda que no capitalizan absolutamente nada ni de este evento ni de los anteriores».
En resumen, la derrota incluye prácticamente a todo lo “activo” en términos sociales o políticos y que se referencia de alguna manera en el proceso abierto en octubre de 2019: desde los grupos que organizan choques con la policía hasta el gobierno de Boric, pasando por los movimientos sociales y la izquierda en todo su espectro.
Por nuestra parte, vemos aquí una primera diferencia con Goicovic: consideramos que la victoria del rechazo no es una derrota catastrófica para todos los sujetos enumerados por el historiador, sino fundamentalmente la derrota de una de las vías de restauración impulsadas por las clases dominantes y los sectores reformistas: la del apruebo, derrota que sí impacta en el escenario político por derecha, pero no cierra las contradicciones que explotaron en la rebelión de 2019.
Obviamente no se puede negar que la nueva Constitución concentraba la ilusión de obtener derechos vía Convención, sin lucha de clases. Esa ilusión está en bancarrota. Goicovic habla de “La derrota reformista” en el título de su artículo, aunque después termina incluyendo también en la derrota a la “izquierda radicalizada”, los movimientos sociales, etc. No es claro en señalar que no es una derrota de las masas, sino la derrota de una de las estrategias de restauración. El hecho de que un sector de masas pase de la ilusión a la decepción y ciertos sentidos comunes instalados por la derecha hayan encontrado espacio, se expresa en la votación del rechazo. Ejemplo: la idea de que las pensiones “me pertenecen” cuando en realidad se las quedan las AFP. Ese elemento torna más adversa la situación política, pero no constituyen una catástrofe de la escala que sugiere Goicovic.
Que Goicovic diga que golpea a todos por igual, de manera además “catastrófica”, parece ser una expresión de las ilusiones puestas recientemente en el proceso constituyente. Como si todos hubiésemos podido ganar por igual con el apruebo, lo cual hubiese sido posible con una Constitución más centrada en ciertas necesidades de los trabajadores. En su balance, incluye -como veremos- la idea de que era posible que la Convención asumiera un curso anticapitalista.
Pero, lo más relevante: la definición de “derrota catastrófica” muestra la ilusión en que sólo hacía falta con una revuelta -la de octubre de 2019-, más el trabajo de una Convención izquierdizada y una nueva Constitución, para poder avanzar a un curso anticapitalista. La idea implícita en el texto de Goicovic, es que se podía presionar por izquierda para lograr una Constitución anticapitalista y centrada en los trabajadores, razón por la cual resultaría coherente concluir que que hace falta una nueva izquierda centrada en los trabajadores que pueda “adoptar una estrategia de lucha rupturista que tenga la capacidad de sustraerse efectivamente a la institucionalidad burguesa”. Sin embargo en su balance de la Convención, el mismo parece no estar “sustraído” a esa institucionalidad, cuando desliza que la Convención podía tomar medidas anticapitalistas (la Convención que fue parte de esa institucionalidad), y sugiere debió haberse hecho cargo de la inseguridad, con una nueva manera de gestionar la delincuencia, reformando el cuerpo de carabineros (que es parte de esa institucionalidad) e involucrando a los vecinos. Ese planteo muestra claramente el límite de su discurso de “lucha rupturista” capaz de “sustraerse a la institucionalidad burguesa”, o su definición de una política que apueste por un “núcleo de convergencia social y político que permita articular las luchas autónomas del campo popular”. “Sustraerse a la institucionalidad”, “autonomía”: un discurso que suena bastante “revueltista”, el cual Goicovic escribe a continuación de algunas definiciones que aluden en general a una centralidad de la clase trabajadora: “debemos construirnos como una alternativa revolucionaria y debemos hacerlo al interior de los trabajadores”. “Recuperar la centralidad de la clase trabajadora y de su proyecto histórico”. Pero más allá de su saludo a la bandera con los trabajadores, lo que a Goicovic le interesa es cómo la Convención podría haber sido más de izquierda, lo cual incluye presionar desde los sectores populares, con métodos sustraídos a la institucionalidad. En su texto los trabajadores aparecen como sujetos de necesidad, para los cuales era necesario legislar en la nueva Constitución, pero no como un sujeto político-social con capacidad hegemónica, por eso no menciona el problema de la “huelga general” y el límite que le impuso la burocracia sindical, que terminó siendo cómplice de las “élites” que propulsaron el pacto por la paz.
Veamos como Goicovic construye su argumentación.
¿Qué explica esta “derrota catastrófica”? El historiador señala que tres factores:
A) Que “ni en el debate político que acompañó el texto constitucional y tampoco en su estructura doctrinaria, se enfatizó el carácter anticapitalista del proceso y del documento”. Para el historiador esto se evidencia en que, sólo 6 de los 388 artículos, aluden a los trabajadores. “El trabajo, el subempleo y el empleo precario, su lugar en la esfera productiva y su defensa frente al capital” no fueron temas relevantes en el campo del apruebo, ni en los debates que acompañaron al proceso de redacción del texto, tampoco en la campaña. La resultante fue que “una parte importante de los trabajadores, entre ellos los más duramente golpeados por la explotación y la pobreza, no vieron en este texto nada que supusiera una mejora relativa de sus condiciones”.
B) En segundo lugar, para Goicovic, existió el problema de que la Convención no abordó “el creciente grado de inseguridad que afecta a los trabajadores en sus barrios y entornos laborales”. Para el historiador, no se trataba de “darle más atribuciones políticas e institucionales al Estado policial, lo que genera aún más incertidumbre y percepción de amenaza entre la población”, sino “de plantear un marco regulatorio general que priorice a las poblaciones populares en el gasto social, que amplifique la red de coberturas educativas de calidad y que favorezca la recuperación de los espacios comunes”. Esto “acompañado de una estrategia de control vecinal de las prácticas delictivas y de una reforma profunda al cuerpo de carabineros de Chile”.
C) En tercer lugar, Goicovic invita a que nos hagamos cargo de “la representación de la chilenidad entre un amplio espectro del mundo popular”. Para el historiador, la “chilenidad es una construcción histórica, heredera de prácticas sociales y políticas vinculadas a la guerra de Independencia, a la construcción del Estado y de la sociedad, a los conflictos y guerras civiles, a las luchas de montoneras, al surgimiento y desarrollo del movimiento obrero y a los proyectos políticos del Frente Popular, del Frente de Acción Popular y de la Unidad Popular”. El historiador no se ahorra en argumentos para asociar la “chilenidad” a ser de izquierda: “bajo esa bandera combatió Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 y fue esa bandera, consumida por el fuego burgués, el mundo testigo de su holocausto. Es más, durante la lucha contra la dictadura, un comando del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), recuperó la bandera de la independencia desde el Museo Histórico Nacional (1980), y la mantuvo bajo su resguardo por 23 años. De esta forma el símbolo patrio era arrebatado de las manos de la burguesía y de sus verdugos y pasaba a las manos del pueblo”. Goicovic sugiere que las vejaciones a la bandera realizadas por representantes del apruebo, estarían entre los factores que explican la derrota:
«La bandera de Chile es parte de nuestra historia como movimiento popular y si para muchos de nosotros es triste ver como el emblema de la patria es quemado o escarnecido, podemos imaginar lo que esos actos reportan para los trabajadores».
Tres contraargumentos
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La primera explicación de la “derrota catastrófica” que hace Goicovic: la ausencia de una definición anticapitalista para el proceso constitucional expresada en el poco peso de las demandas de la clase trabajadora; pretende aclarar por qué las y los trabajadores -especialmente los más precarios y golpeados por la crisis- no vieron en el texto “nada que supusiera una mejora de sus condiciones”, razón por la cual habrían votado “rechazo”. No se tocaron temas como “el trabajo, el subempleo y el empleo precario, su lugar en la esfera productiva y su defensa frente al capital”; y por eso, para millones de trabajadoras y trabajadores, en un contexto de inflación que golpea fuertemente los salarios, los derechos de la nueva Constitución no generaron adhesión.
Pero bien ¿podíamos esperar que la Convención se transformara en un órgano de tipo anticapitalista? Es una tarea o chance que le atribuye Goicovic, cuando dice que de haber asumido ese carácter el proceso constitucional, hubiese tenido más capacidad de culminar con un texto que generase adhesión de la clase trabajadora. Lo extraño es que el propio historiador inscribe el origen de la Convención en un proceso que se inició con la “suscripción, por el conjunto de las élites políticas del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019”. Ese acuerdo les permitió a aquéllas élites nada menos que “retomar la iniciativa estratégica” transfiriendo “buena parte de la energía y vocación de lucha del movimiento popular hacia los eventos electorales”. ¿Era posible entonces que la Convención se hiciera anticapitalista y pusiera en el centro a los trabajadores si nació para desviar la rebelión y moderar las expectativas? Responder positivamente es sembrar una ilusión respecto a la Convención y la política de desvío implementada contra la rebelión popular de 2019. Una política que fue implementada para quitar el centro de gravedad de la situación política en la lucha de clases y llevarla a los palacios y pasillos de la institucionalidad.
Un camino realmente revolucionario implicaba romper el “pacto por la Paz y una nueva Constitución” del 12 de noviembre de 2019, con el objetivo de poner en pie una Asamblea Constituyente Libre y Soberana sobre las ruinas del régimen, formando al mismo tiempo organismos de autoorganización de la clase trabajadora en la lucha por un gobierno de trabajadores, que tuviesen la capacidad de convocar a tal asamblea, luchando a través del método de la huelga general. Un camino anticapitalista, implicaba pelear por medidas que no respetaran la propiedad privada capitalista, empezando por expropiar todos los recursos estratégicos en manos de grandes grupos económicos, buscando que estas medidas se impongan con la fuerza de millones de trabajadoras y trabajadores en las calles, junto a la juventud, el movimiento de mujeres y mapuche, con la huelga general y organismos de autoorganización.
Una vez instalada la Convención y multiplicadas las ilusiones con ésta en amplios sectores de la población, constituye un asunto táctico si las elecciones o sus cargos se podían usar para denunciar el desvío que significó la Convención Constitucional y explicar pacientemente que la realización de las demandas de octubre requería -y requiere-, enfrentarse a los grandes grupos económicos locales e imperialistas, poniendo en movimiento la fuerza de la clase trabajadora en alianza con otros sectores oprimidos de la sociedad, buscando desarrollar la lucha de clases “extraparlamentaria”, no confiando en que una nueva Constitución resolverá las contradicciones sociales, sino una perspectiva socialista. El PTR, por ejemplo, sin dejar de decir estas cosas, sí intervino presentando candidatos a la Convención.
En síntesis, un camino anticapitalista implicaba desarrollar una política de hegemonía de la clase trabajadora, lo cual requiere no sólo defender demandas específicas de la clase trabajadora como lo podrían ser las relacionadas con el “subempleo, empleo precario o mejoras en las condiciones de vida” mencionadas por Goicovic, sino también desarrollar una política desde la clase trabajadora para enfrentar todo tipo de opresión: la opresión contra las mujeres, los mapuche, las y los inmigrantes, las y los niños, etc; conectando esa lucha con la lucha por el socialismo y el potencial emancipatorio de la clase trabajadora. El texto de Goicovic parece constatar que las demandas -que denomina “culturalistas”- de los movimientos sociales, no calaron en los sectores populares, pero no aborda la cuestión más crucial: ¿se está generando un abismo entre la clase trabajadora y el pueblo mapuche y el movimiento de mujeres? Poniendo este último asunto en el centro, se torna un problema central el cómo combatir esa separación. Si los grupos de poder del capital amparados por el Estado -por ejemplo los Matte que son dueños de la CMPC-, en buena medida basan su poder en el saqueo y la producción primaria en las regiones mineras o forestales y su posterior comercialización desde la ciudad de Santiago, donde se ubican las oficinas directivas de esas empresas, resulta más o menos evidente que la unidad entre los trabajadores urbanos y los mapuche urbanos y rurales, el movimiento de las mujeres, las y los sin casa, los jóvenes estudiantes de liceos públicos o pobres; fortalece la pelea en contra de un enemigo que es común.
A los trabajadores les conviene actuar como el sujeto protagónico de esa articulación, pues se incrementa su capacidad de lucha. Eso exige de una política revolucionaria basada en la clase trabajadora, la capacidad de elaborar un programa capaz de ganar a la mayoría de las y los oprimidos para la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, alianza que se sellará en organismos de autoorganización comunes.
2
Pero Goicovic piensa en los marcos de este Estado. Esto queda muy en evidencia en su planteamiento frente al tema de la inseguridad: “una estrategia de control vecinal de las prácticas delictivas y una reforma profunda al cuerpo de carabineros de Chile”, junto a más gasto social y educativo: no pasa de ser una propuesta de democratización del aparato represivo. Si ahora carabineros actúa muchas veces contra la población, en su modelo, el “control vecinal de las prácticas delictivas” será quien deba tratar con el cuerpo de policía (reformado). Eso, más un incremento de la inversión para educación y el gasto social focalizado, debería redundar en un cambio en la política de seguridad.
Llama la atención la fórmula “control vecinal”, porque es ajena a consideraciones de “clase”, porque puede devenir en todo tipo de instrumentalización de parte del Estado burgués y sus aparatos represivos de los residentes de las ciudades. En vez de plantear el problema ligandolo a la cuestión del poder de la clase trabajadora y la autoorganización; es decir, al problema de cómo la clase trabajadora se constituye como un sujeto capaz de dirigir la sociedad, para lo cual requiere una fuerza armada que le dé efectividad a su poder, en vez de pensar la cuestión de las milicias desde una perspectiva de clase, Goicovic se pone a diseñar como hubiese sido un planteamiento democrático-popular frente al problema de la inseguridad.
Para quienes somos socialistas, es necesario disolver la policía. Eso está relacionado con la cuestión del Estado, en tanto la policía es un poder material que en buena medida lo sostiene. En el capitalismo, además de una lucha de clases, existe una lucha por la existencia individual, la que se ha incrementado estos años de pandemia y ahora inflación: eso hace necesaria la existencia de esta policía: las riquezas a distribuir, no se distribuyen según las necesidades sociales. En otros términos, para la burguesía, la policía es un factor que permite gestionar su poder en la sociedad y las desigualdades cotidianas en el consumo, formas de vida, etc.
Quienes somos socialistas, pensamos que las funciones de seguridad necesarias para la preservación de un poder de trabajadores, no pueden recaer en un cuerpo de carabineros reformado. Darle a ese órgano represivo la chance de dialogar con organismos vecinales que se encargarían de gestionar la delincuencia -ello, mientras el Estado burgués como tal, continúa en pie- es una política que, en última instancia coexiste con el principio de “monopolio del uso de la fuerza” que es determinante para que el Estado realice su función opresiva y de conservación de las relaciones capitalistas. Por muy reformada que esté la policía, si son quienes controlan la fuerza, tienen la facultad de encarcelar, cualquier “gestión vecinal” termina como instrumento del aparato represivo burgués.
Muy distinto a lo que hacen los trabajadores y sectores oprimidos cuando organizan su propia seguridad en contextos de movilización y lucha de clases más álgida. Los socialistas consideramos que la lucha de clases planteará en algún momento de su desarrollo, la necesidad de poner en pie milicias de trabajadores y trabajadoras y todo tipo de organismos de autodefensa de masas, para potenciar la fuerza disgregadora del aparato estatal en un contexto revolucionario y comenzar a poner en pie un Estado propio. En vez de distraernos imaginándonos una reforma de la policía y que los vecinos gestionen la delincuencia, mientras el Estado burgués sigue intacto, buscamos desarrollar las experiencias de autoorganización demostrando que la clase trabajadora puede dirigir la vida social en todos sus aspectos, incluyendo la seguridad cotidiana.
3
Por último, analicemos el elemento de la chilenidad. Cuando Goicovic escribe que si nos resulta “triste ver como el emblema de la patria es quemado o escarnecido, podemos imaginar lo que esos actos reportan para los trabajadores”; de alguna manera le está cediendo a la campaña derechista que buscaba presentar a todo el campo del apruebo como irrespetuoso con respecto a los emblemas y los símbolos de la “chilenidad”. Recordemos lo que hizo la derecha luego de la presentación de “Las Indetectables” en Valparaíso. Pero el campo del apruebo, recordémoslo, al finalizar el proceso constitucional, fue uno solo cantando el himno nacional.
Pero más allá de la campaña de la derecha, es cierto que la caracterización de la chilenidad que hace Goicovic, datando su origen en experiencias históricas tan distintas como la guerra de independencia, la construcción del Estado, el desarrollo del movimiento obrero y las experiencias de Frente Popular; y su idea de que aquella chilenidad es apropiable por la izquierda, los trabajadores y los sectores populares -a propósito de la anécdota que cuenta del MIR y de su visión de Allende-; resultan difícilmente defendibles desde una posición de izquierda en el contexto de debate político pos Convención.
Distinto hubiese sido si alguna medida de la Convención hubiese entrado en tensión directa con algún Estado o capital imperialista, con alguna medida comparable, por ejemplo, a la nacionalización del cobre (1970), en el marco de un ascenso obrero y popular. En ese caso (que no fue), el “patriotismo chileno”, podría haber expresado de manera incipiente, la desconfianza respecto a inversores imperialistas -bástenos recordar como se leía en los años de la UP, el significado de la nacionalización del cobre. Trotsky sabía diferenciar los patriotismos:
«¿Defensa de la patria? Pero bajo esta abstracción la burguesía entiende la defensa de sus ganancias y de su pillaje. Estamos dispuestos a defender la patria de los ataques de los capitalistas extranjeros, una vez que hayamos atado de pies y manos e impedido a nuestros propios capitalistas atacar las patrias de los demás, una vez que los obreros y los campesinos sean los verdaderos amos de nuestro país; una vez que las riquezas del país pasen de manos de una ínfima minoría a las manos del pueblo; una vez que el ejército, de un instrumento de los explotadores se convierta en un instrumento de los explotados» (El programa de transición).
En el texto de Goicovic, cumplen un papel en la formación de la chilenidad, lo mismo la construcción del Estado (capitalista) que el desarrollo del movimiento obrero, es decir, procesos de generación de poder burgués y procesos de desarrollo de la clase social revolucionaria, procesos contrapuestos. Eso también se condensa en el Frente Popular, en organizaciones como el MIR y en referentes como Allende.
Goicovic no menciona qué papel cumplieron tanto la colonización de Wallmapu por parte del ejército chileno, la cual fue de la mano de un despojo al pueblo mapuche o la actuación de Chile a favor de los intereses salitreros ingleses a fines del siglo XIX, en la construcción del Estado; tampoco la represión a la clase trabajadora que también se ha realizado históricamente en nombre de los intereses de “Chile”, por ejemplo, calificando el socialismo de “foráneo” y aplastando a los trabajadores (en 1907 o 1973) en nombre de los intereses superiores del país.
Por otro lado “mete todo en el mismo saco”, el de la chilenidad, la gestación del Estado burgués, el desarrollo de la clase trabajadora. No se le ocurre pensar que esa “chilenidad” puede cumplir un papel opresor: por ejemplo respecto a los pueblos originarios, en especial el pueblo-nación Mapuche o los inmigrantes, que muchas veces, por su condición, tienen menos derechos laborales o sociales.
Además, no podemos perder de vista la campaña reaccionaria contra la definición del Estado de Chile como un Estado plurinacional, con la cual la derecha buscó reforzar un “patriotismo reaccionario”, aislando la lucha del movimiento mapuche, diciéndole a los sectores populares que mientras los políticos se preocupaban de los indígenas, ellos debían pasar penurias por los bajos sueldos. Esa ideología reaccionaria no se afronta con “más chilenidad” sino combatiendo el “patriotismo opresor”, rol que también cumple la “chilenidad” respecto a pueblos-nación expoliados por el Estado chileno en el contexto de su formación y desarrollo [1]. Las comunidades mapuche que día a día ven como carabineros o incluso el ejército ocupan sus territorios en nombre de la unidad del Estado chileno, no deben tener un concepto muy elevado de la “chilenidad”, aunque indudablemente para muchos sectores -como la mayoría que habita en ciudades- se puede ser mapuche y chileno. En las propias organizaciones mapuche es un debate, por ejemplo para la CAM ser mapuche y ser chileno es incompatible. Por nuestra parte, desde una posición marxista revolucionaria, defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche, el cual implica, el derecho de secesión y formación de un Estado propio sí así lo determinara el pueblo mapuche. Por supuesto, tal separación puede no verse necesaria y pueden darse otras formas de unidad con la clase trabajadora no mapuche, migrante, etc; cuando se trata de enfrentar a enemigos comunes, como los grandes grupos forestales, la familia Matte, la familia Angelini, los terratenientes herederos de los colonizadores. Se trata de la alianza de explotados y oprimidos en contra de los grupos capitalistas que actúan en Wallmapu, algunos de los cuales operan la venta de sus productos desde la capital del país.
Goicovic invita a que nos hagamos cargo de “la representación de la chilenidad entre un amplio espectro del mundo popular”. Pero esa chilenidad que se expresó en el rechazo a la idea de plurinacionalidad, es legible como un elemento de reacción por derecha a la expresión masiva de simpatía con el pueblo mapuche que se dio en las calles durante la rebelión de 2019. Enfrentar esa ideología reaccionaria implica ubicarnos desde el internacionalismo y contra el patriotismo del opresor. Por esa razón, no ayuda a la política revolucionaria “la representación de la chilenidad en los sectores populares”, porque todo eso juega a favor de la campaña de la derecha que busca aislar al pueblo mapuche y generar una clima favorable a la unidad nacional que Goicovic dice repudiar.
Conclusiones
Volviendo a lo central: la explicación que hace Goicovic conduce a la idea de que la revuelta, más la actividad de la Convención Constitucional, más una nueva Constitución con contenidos referidos a los trabajadores y respetuosa de la chilenidad popular; podrían haber permitido el triunfo de un apruebo de salida. Pero derrotar toda una herencia social y económica -la herencia de la dictadura de Pinochet-, es un asunto mucho más complicado porque requiere enfrentarse al poder de los grandes grupos capitalistas y su Estado. Para ello es necesaria la fuerza de la clase trabajadora y la autoorganización. Aunque Goicovic hable de “los trabajadores” y “centralidad obrera” no problematiza cuestiones esenciales que hacen a la chance de combatir desde una estrategia de clase: la cuestión de la huelga general, el límite que imponen las burocracias sindicales, problemas que estuvieron en juego en Chile los últimos años.
Tiene razón en que la ausencia de medidas centradas en los intereses de los trabajadores influyó en que éstos no sintieran como propia la nueva Constitución, motivo por por el cual, entre otras cosas, el rechazo ganó ampliamente en comunas obreras; pero se equivoca en dejar abierta la puerta a un camino contrafáctico en el cual la Convención se hacía anticapitalista y se centraba en los intereses de los trabajadores, como camino que hubiese permitido ganar en el plebiscito de salida, sin problematizar además el potencial en la lucha de clases de los propios trabajadores y trabajadoras -expresado en la huelga del 12N de 2019- que fue traicionado por el pacto del 15 de noviembre. Su falta de delimitación con el proceso constitucional -pese a ver que éste le permitió recuperar la iniciativa estratégica a las élites-, se ve en el hecho de que plantea que hubiese sido una buena idea que frente al tema de la inseguridad se ensayara una forma normativa que combinara la gestión vecinal del delito con una reforma a carabineros. Es decir, Goicovic se ve a sí mismo interviniendo en el debate de cómo diseñar un “Estado mejor” para hacer frente a la inseguridad, sin una tesis que vincule la cuestión de la seguridad a la lucha de clases y la destrucción de la maquinaria represiva estatal (cuerpo de carabineros) en base a organismos milicianos basados en la autoorganización de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, como base de un nuevo Estado, que apunte a la ruptura con el capitalismo. Un gobierno de trabajadores. No. Aquél no es el tema para Goicovic. Más bien le preocupa proponer que los vecinos gestionen el delito con un cuerpo de carabineros reformado. Por otro lado, en su lectura de que el campo del apruebo no supo leer la representación de la chilenidad en los sectores populares, en vez de poner el acento en enfrentar la ideología reaccionaria del patriotismo de los opresores -en tanto se trató de una reacción a la “plurinacionalidad” y a la idea de que los indígenas tendrán privilegios- Goicovic pretende solucionar el problema con más chilenidad, reivindicando una representación de izquierda de la misma.
Dicho esto, su reivindicación de una izquierda revolucionaria que recupere la idea de “centralidad de la clase trabajadora y de su proyecto histórico”, que aspire a “avanzar hacia la formación de un núcleo de convergencia social y político que permita articular las luchas autónomas del campo popular”, que adopte “una estrategia de lucha rupturista que tenga la capacidad de sustraerse efectivamente a la institucionalidad burguesa” y que pueda “desarrollar una política de formación que, reconociendo la centralidad del conflicto de clases, sea capaz, a su vez, de articular los diferentes campos culturales de la lucha social”; termina siendo puramente declamatoria. Una izquierda revolucionaria basada en los trabajadores exige un balance claro del desvío que fue la Convención Constitucional -no sembrar la ilusión de que “pudo ser anticapitalista”-; implica, no sólo darle peso a las demandas específicas de la clase trabajadora sino también al programa para que ésta se constituya como un sujeto con capacidad de unir tras de sí las fuerzas de las y los oprimidos (tema de la hegemonía). Implica la perspectiva de un gobierno de trabajadoras y trabajadores en ruptura con el capitalismo, y una perspectiva socialista.
Goicovic habla de una “derrota catastrófica”, de la cual serían parte los sectores que se enfrentan a carabineros. los movimientos sociales, el gobierno, etc. Su adjetivación de “catastrófica” parece reflejar las expectativas puestas en el proceso, pese a sus críticas a éste. Sí es tan catastrófica la derrota, parece lógico que eso tenga que ver con el hecho de que el proceso podía haber devenido en anticapitalista. Pero no sucedió. Frente a esta lectura que ahora cae en el pesimismo o siembra ilusiones en “métodos de ruptura” que en realidad son para presionar al Estado, los socialistas contraponemos nuestra confianza en el potencial revolucionario de la clase trabajadora y en la lucha de clases. Se abrirán nuevos caminos.
Contar con un partido con un programa anticapitalista, es decir, socialista, anclado en la clase trabajadora, es una clave para llegar preparados a las nuevas batallas, que de seguro vendrán en una situación que no se ha cerrado. Este anclaje en la clase trabajadora no es de ninguna manera por una creencia cuasi religiosa en la clase obrera o para lograr algunas normas más a favor de los trabajadores en constituciones burguesas, mucho menos para presionar en la calle con “métodos rupturistas”; sino que tiene que ver con el potencial estratégico de los trabajadores y trabajadoras, que es producto del papel que ocupan en la producción, especialmente en las posiciones estratégicas. Si los trabajadores y trabajadoras despliegan ese potencial formando organismos de autoorganización, pueden encarar las batallas contra los capitalistas y la explotación con chances de vencer, si se alían a las y los oprimidos. Es lo que se planteó en la rebelión de 2019. ¿Por qué la revuelta no se transformó en revolución? En buena medida esto se explica porque los trabajadores no ingresaron en la escena con mayor protagonismo de sus métodos, por ejemplo la huelga general, y porque no se generalizaron experiencias de autoorganización como la del Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta.
Un partido que pelee por desarrollar con todo este potencial hasta poner en pie un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo en la perspectiva de construir el socialismo, no puede construirse si no buscamos aprender de las principales experiencias de la lucha de clases y la política. En ese sentido, nos pareció necesario debatir con el análisis y la política propuestas por Goicovic, que, pese a hablar de “los trabajadores”, termina alimentando una estrategia que creyó que la simple sumatoria de revuelta más nueva Constitución (izquierdizada) podía lograr derribar la herencia económica y social de la dictadura. Revolucionar la sociedad es un asunto mucho más complejo que votar medidas supuestamente anticapitalistas en una Constitución de un Estado burgués: es una tarea que requerirá la fuerza de millones de trabajadores, la lucha de clases más ardua con métodos como la huelga general o la insurrección, y la autoorganización para terminar con el Estado capitalista y poner en pie un nuevo Estado de la clase trabajadora basado en la autoorganización de millones de explotados/as y oprimidas/os.
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