Huelgas, manifestaciones y demandas exigidas en las calles; desaprobación al Gobierno, baja expectativa en el cumplimiento de las reformas prometidas y profundo cuestionamiento a las instituciones y partidos políticos tradicionales del régimen político chileno, son los resultados que se reflejan en distintas encuestas nacionales. Golpe a la política burguesa.
Martes 17 de noviembre de 2015
El gobierno de la Nueva Mayoría y la presidenta, Michelle Bachelet, siguen bajando en las encuestas, la aprobación no logra repuntar de manera considerable y son diversas las aristas que se ponen en cuestión. Pese a que el régimen político y los partidos que lo componen buscan desesperadamente recuperar la confianza e iniciativa, no logran salir del “ojo del huracán”, del cuestionamiento de gran parte de la población, de la desconfianza expresada en distintos estudios nacionales. La forma en que la burguesía lleva adelante las políticas y dirige la sociedad, ya no es tan creíble como antes.
Bachelet y su gobierno mantiene el alto porcentaje de desaprobación. De acuerdo a la última encuesta Cadem (16 de noviembre), 66% desaprueba la conducción de la presidenta y 69% reprocha al equipo de ministros. En cuanto a las reformas del Gobierno, 53% se manifiesta en desacuerdo con la reforma tributaria, 50% rechaza la propuesta de reforma laboral, 52% está en contra del proyecto de reforma educacional y un 75% exige una nueva Constitución.
¿Y las expectativas ante las reformas prometidas por la Nueva Mayoría? Han disminuido notoriamente. De acuerdo a la opción “poco/nada probable”, un 48% lo considera así respecto a la despenalización del aborto, 54% en relación a que se apruebe la reforma laboral, 65% en cuanto a hacer una nueva constitución, 68% en mantener el crecimiento económico y del empleo, 70% en relación a que se apruebe la Reforma Educacional que asegure gratuidad y calidad, 73% respecto a que se cree una AFP Estatal y un 81% en relación a mejorar la salud. En todas las opciones, exceptuando la despenalización del aborto, la expectativa de que realmente se lleven adelante los cambios, ha disminuido.
Si bien, en la última encuesta Adimark (octubre), la gestión de Bachelet obtuvo un 29% de aprobación, 4 puntos más que en la medición de septiembre, mientras que su desaprobación alcanzó el 67%, 3 puntos menos que el mes anterior al estudio, lo cierto es que su gobierno no logra salir a flote. Esto se explica en relación a los inexistentes cambios estructurales que ha impulsado la Nueva Mayoría, cuando dicho proyecto se planteó como una vía para “canalizar” las demandas exigidas en las calles por diversos sectores de la sociedad, prometiendo ser una alternativa que tomaría las problemáticas más sentidas, empleando una serie de cambios profundos que están lejos de realizarse.
Por cada promesa de reforma y de cambios, el Gobierno lleva adelante moderaciones y subordinaciones a la derecha y la clase empresarial, por eso cada vez aumenta la desconfianza y disminuyen las expectativas. Se vio con la reforma tributaria, con la reforma laboral que supuestamente iba a golpear a la actual normativa laboral heredada de la Dictadura; ahora se expresa con la glosa de “gratuidad” apoyada por las autoridades, donde la demanda histórica de educación gratuita para todos está cada vez más desdibujada, mientras el negocio educativo de los privados sigue perfectamente en pie. Son eso, falsas promesas que ningún partido de la burguesía quiere conceder, pues significarían golpes durísimos para el régimen político y los negocios de empresarios.
Pero, ojo, la derecha y en general todos los partidos tradicionales, tampoco se salvan. De acuerdo a la última encuesta CEP (agosto), un 65% de la población no se identifica ni con la Alianza (9%) ni con la Nueva Mayoría (16%); un 15% confía en el Gobierno y un 3% en los partidos políticos. Además, un 53% desaprueba a la Alianza y un 51% a la Nueva Mayoría. ¿Los dos principales motivos de tanta desconfianza hacia las coaliciones políticas actuales? La corrupción (62%) y las promesas que jamás cumplen las autoridades (30%).
En conjunto, todos los partidos tradicionales, tanto de la Nueva Mayoría- incluyendo al Partido Comunista- y la Alianza, han demostrado no ser alternativas para la clase trabajadora, juventud y sectores populares; han mostrado con ejemplos de sobra que no quieren llevar adelante ningún cambio estructural que ponga en cuestión al sistema capitalista que golpea día a día. No quieren reformas estructurales, no quieren golpear a la clase empresarial, no se proponen que los trabajadores avancen a incidir y decidir el curso de la sociedad; tampoco apoyan ni profundizan las movilizaciones sociales, ni los paros ni huelgas en respuesta a los ataques empresariales.
Pretenden mantener con vida e intacto el régimen burgués, por lo que la emergencia de una alternativa política desde y para los trabajadores y sectores populares, se hace imprescindible en estos momentos de profundo cuestionamiento. Un proyecto político con independencia de clase, que irrumpa desde las luchas y demandas del pueblo trabajador, que se proponga terminar con esta sociedad de clases, desigual y llena de explotación. ¿Será posible esta irrupción? La necesidad está más que planteada.