Revivieron los viejos dinosaurios de la transición para instalar su balance sobre el golpe y la dictadura. Entre gritos en el Congreso se revive la declaración golpista hecha en agosto del ‘73 y se pronuncian militares en retiro para marcar la línea al gobierno. A todas luces, muy lejos de una pretendida reconciliación.
Jueves 24 de agosto de 2023
Esta semana el ambiente se caldeó en el Congreso terminando a gritos la polémica votación que aprobó, por 50 votos a favor y 42 en contra, la lectura de la resolución de la Cámara de Diputados que el 22 de agosto de 1973 acusó al gobierno de Allende de quebrantar el orden constitucional, con lo cual se otorgaba legitimidad a cualquier intento golpista.
Esta polémica afrenta negacionista de la derecha, impulsada por la UDI, RN, Evópoli y el Partido Republicano, declara “absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República durante el Gobierno del expresidente Salvador Allende Gossens”.
Lo anterior despertó el rechazo del oficialismo que acusaron la iniciativa de la derecha como una “actitud miserable y provocadora”, como señaló el senador PPD José Miguel Insulza, cuyos dichos fueron respaldados por el presidente Gabriel Boric.
A esto sumarle los brutales dichos de la diputada Gloria Naveillán, que calificó como "leyenda urbana" las violaciones a mujeres por parte de las fuerzas represivas del Estado, o los ataques de Republicanos, como del diputado de la Carrera a la diputada Carmen Hertz por cargar en su solapa una imagen de su esposo detenido desaparecido.
Esto mientras tanto, un grupo de militares en retiro fustiga al gobierno con una carta señalando que las actividades por los 50 años del golpe estarían “provocando mayor división”. Así mismo indican que “no podemos quedarnos en un silencio culposo ante tanta agresividad y denostación a las fuerzas militares y policiales que efectivamente tuvieron participación -aunque no buscada ni deseada- en el quiebre institucional del año 1973″, agregando que “pareciera que el señalado quiebre lo hubiesen llevado adelante unilateralmente las FF.AA., olvidándose que sus causas jamás se generaron en los cuarteles”.
Lo anterior no es más que expresión de un ambiente crispado de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe, fecha que el gobierno pretende capitalizar políticamente apostando a recomponer su alicaída popularidad, mientras que los partidos de la transición buscan imponer la relativización y el llamado a la unidad nacional, como lo vienen expresando en diversas entrevistas a los presidentes de gobierno de la ex-concertación como Michelle Bachelet, Ricardo Lagos Escobar o Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Sin embargo, lejos estamos de la reconciliación y el olvido. Resulta increíble pensar que aún hay causas inconclusas, como las 89 cajas con osamentas encontradas en dependencias de la Universidad de Chile y que reabre la discusión sobre la verdad y justicia para los más de 1.210 desaparecidos.
Así mismo, el lunes pasado la Corte Suprema ratificó la condena por 15 años y un día en contra de los agentes de la DINA Manuel Rivas Díaz, Hugo Hernández Valle y Raúl Iturriaga Neumann, por secuestros y torturas en la "Venda Sexy" ocurridos a fines de 1974, ¡casi 50 años después! Esto sin contar cientos de casos que han quedado en impunidad.
Ni perdón, ni olvido.
A 50 años del golpe de estado no se puede hablar de reconciliación cuando de los más de 1000 acusados, apenas 80 agentes han sido condenados a penas en cárceles de lujo, mientras otros 300 gozan de penas en libertad. Mientras se conserva el secreto de miles de archivos que esconden aún la verdad y que permiten a los militares ya sus cómplices civiles sostener su impunidad con pactos de silencio.
Al día de hoy sigue siendo necesario acabar con la impunidad y exigir juicio y castigo a los represores de ayer y hoy, incluyendo el cierre de Punta Peuco (que la Nueva Mayoría se negó a ejecutarlo a pesar de haberlo declarado oficialmente), así mismo, como se hizo con Álvaro Puga Cappa hace falta descubrir a todos los colaboradores civiles de la dictadura, inclusive abriendo los archivos de todas las ramas de las Fuerzas Armadas para descubrir a todos los involucrados para proceder a su degradación y retirarle sus pensiones privilegiadas.
Así mismo, quienes reivindicamos lo mejor de aquella valiente generación de trabajadores, mujeres, jóvenes y campesinos que tenían en mente una sociedad sin explotación y sin violencia, podemos rendir un valioso homenaje a las víctimas de la dictadura volviendo a retomar ese espíritu, esa idea y esa lucha por la transformación del mundo en que vivimos. Una tarea que desde ya requiere la completa independencia de cualquier gobierno que pretenda pasar la página y reconciliarnos con quienes no temieron, y no van a temer, en llevar a cabo el golpe de estado y su sangrienta dictadura.