Ahora con la instauración del denominado Plan de Desarrollo y Paz para La Araucanía, recién anunciado, se pretende criminalizar y aumentar la usurpación del estado chileno en los territorios.
Domingo 2 de junio de 2019
En medio de la cuenta pública del gobierno de Sebastián Piñera, viene a plantear la modernización de Carabineros y la PDI, un banco unificado de datos y la inteligencia de la policía, a su vez, se incrementaron en más de 3.000 los carabineros en las calles. Ahora con la instauración del denominado Plan de Desarrollo y Paz para La Araucanía, recién anunciado, se pretende criminalizar y aumentar la usurpación del estado chileno en los territorios.
Así mismo, la política represora de las fuerzas especiales ha sido respaldada una vez más por parte del gobierno de derecha, donde plantea que “la seguridad ciudadana se fortalece con más carabineros en las calles” Con más de 3000 carabineros nuevos y movilizando a decenas de miles de carabineros a nivel nacional.
La Araucanía se concentra finalmente como el territorio con mayor porcentaje de fuerzas especiales, quienes a través del comando jungla, el mismo que asesinó brutalmente a Camilo Catrillanca, viene a seguir reprimiendo y violentando al pueblo mapuche. Quienes vienen de defender la propiedad privada y los grandes empresarios y latifundistas.
Los que hablan de vivir en paz en la Araucanía, son los mismos que sostienen este sistema y los principales impulsores de la violencia. Mientras el gobierno derechista plantea invertir recursos en inteligencia policial, no debemos olvidar el uso que se le hace a esta en regiones como La Araucanía, donde constantemente se violenta al pueblo mapuche. Lo vimos con la Operación Huracán, instaurada por la Dirección de Inteligencia de Carabineros el 23 de Septiembre del 2017 en donde se terminó acusando a 8 comuneros mapuches de estar implicados en dos quemas de camiones y finalmente se estableció un montaje por parte de la dirección de inteligencia.
Recordemos que dentro del Plan Araucanía y la supuesta inversión en la zona viene a costa de la criminalización al pueblo mapuche, garantizando nuevos nichos de negocios que vienen a explotar la región más pobre del País, donde se pretende invertir cerca de $8.200 millones de dólares. Los grandes empresarios aplauden las medidas del gobierno, y no es menor, ya que viene a beneficiarlos a través de nuevos negocios, a costa de una mayor explotación de las tierras mapuche.
Al plan de los empresarios que profundiza la opresión al pueblo-nación Mapuche, hay que oponerle una fuerza social en conjunto con trabajadores, mujeres y estudiantes que plantee claramente el cuestionamiento a la propiedad privada de las tierras, que pelee por el derecho a la autodeterminación nacional y que discuta de manera amplia y democrática un plan de conjunto para pelear contra la depredación de las tierras, el derecho a la educación y salud gratuita.
