El rol de la Iglesia en la dictadura
Alejandrina Barry @Barry__Ale - Dirigente del CeProDH e hija de desaparecidos
Jueves 2 de octubre de 2014
Después de más de 35 años, la justicia solicitó la indagatoria del actual obispo militar Emilio Graselli, luego de haber declarado durante todos estos años simplemente como testigo en las causas de lesa humanidad.
Después de 35 años, recién parecen enterarse los jueces de que era un funcionario de la dictadura, se desempeñaba como capellán castrense y había elaborado una lista con más de dos mil quinientas personas, la mayoría continúan desaparecidas, y la pregunta que se hace la justicia hoy es cómo obtenía esa información.
La respuesta a esta pregunta la han dado cientos de familias y sobrevivientes, aportando pruebas y en sus testimonios desde la salida de la dictadura a esta parte, demostrando la santa alianza entre la cúpula de la Iglesia con los militares, demostrando que era un entregador y que presenció sesiones de torturas.
Después de 35 años los familiares y sobrevivientes siguen exigiendo cárcel inmediata y la apertura de los archivos que la Iglesia del papa Bergoglio tiene en su poder y se sigue negando a entregar. El Estado calla de manera cómplice.
Lo que sigue es el testimonio de Alejandrina Barry, hija de desaparecidos e integrante del CEPRODH, cuyo tío, también desaparecido, fue víctima de este siniestro hombre de la Iglesia.
"Mi tío Enrique Barry fue una de las tantas víctimas del obispo militar Graselli. Sabía de su paradero y presenció las terribles sesiones de tortura.
Fue secuestrado en los primeros meses del golpe, mientras desarrollaba su militancia sindical y política en una fábrica de zona sur. Meses después desapareció su compañera de militancia y de vida Susana Papic, quien militó con mi mamá en la formación del sindicato docente de Almirante Brown. Hoy continúa desaparecido y en todos estos años no hemos sabido nada de su destino. Solo unos testigos que nos contaron que sufrió brutales torturas.
Tenía tan solo 24 años cuando fue secuestrado: todos sus amigos que pude conocer me han trasmitido la gran admiración que sentían por él, por su absoluta entrega a la militancia, con unas enormes convicciones. Junto con mis viejos, siempre ha sido y será un orgullo para mí, parte de mi vida, de mi historia, que me llevó a militar. Por eso nunca voy a dejar de pelear por él, por saber qué pasó y por la cárcel para los que lo asesinaron y los que fueron cómplices directos, como este personaje siniestro.
Las últimas palabras a la familia, en su búsqueda desesperada, fueron del propio Graselli: FUE FUSILADO.
Como tantos otros familiares se acercaron a él, para que los ayudara a saber su destino; comprobaron que su destino lo sabía perfectamente y que su intención nunca fue ayudar a la familia para que el aparezca con vida, sino obtener más datos sobre su militancia y que la verdadera ayuda era directa hacia los militares que lo tenían secuestrado.
En el año 1984 miembros de mi familia, presentaron ante la Conadep la denuncia contra el vicario Castrense por ser cómplice en la desaparición. Tras haberse reunido con él, como tantos otros para tratar de que lo ayudara y fueron descubriendo que era un cómplice, que sabía perfectamente dónde estaba y que incluso había presenciado las torturas realizadas en un centro clandestino de detención. Como cita en el libro “ Iglesia y dictadura” de Emilio Mignone, como pruebas del rol de Graselli tomadas del testimonio Conadep: “El encargado de dar información en la Capilla de Stella Maris era un sacerdote (monseñor Graselli) quien dijo que asistía espiritualmente a ’grupos de trabajo’. Graselli describió a Enrique físicamente, comentando que tenía el apodo de ’Pingüino’ y otros datos que evidenciaban conocimiento acerca del paradero de las víctimas; concluyó que Enrique había sido fusilado (Denuncia presentada por Jorge Alfredo Barry, Legajo N° 270).”
Pero lamentablemente el caso de mi tío es uno en cientos de denuncias que se han hecho desde la salida de la dictadura. Como plantea en este mismo libro, donde se encuentran documentados la mayoría de las denuncias, que hoy parecen nuevos descubrimientos. El monseñor fue uno de los más denunciados por familiares, quienes se acercaban a un supuesto cura de una posición aceptable que los recibía se comprometía a ayudarlos y les daba consuelo, hasta que llegaban a la conclusión que estaban siendo engañados, que era parte de un juego siniestro.
Otros testimonios citados de Conadep en este libro dan cuenta de esto. “La señora Adelina Burgos Di Spalato expuso: a los 40 días de la desaparición fuimos a ver a Monseñor Graselli, quién nos dijo que volviésemos a los 8 días. Transcurrido ese lapso fuimos a verlo y Graselli nos mostró una lista con muchos nombres, nos dijo que nos fijásemos en el nombre de nuestro hijo. Aquellos que tenían una cruz, quería decir que estaban muertos, si no, que estaban vivos. Según esto, la víctima estaba con vida”
De todos los documentos que muestran su responsabilidad, hay uno junto con el de mi tío que es realmente impactante, el de Carlos Oscar Lorenzo, también de la Conadep, quién declara que “Graselli les dice que los jóvenes están en un operativo de rehabilitación, en casas que se han armado a tal efecto… manifiesta que Videla ha sido el alma caritativa que urdió el plan… dice que se trabaja con los jóvenes con psicólogos y sociólogos y que a los ’irrecuperables’ puede que alguien piadoso les de una inyección y los irrecuperables se duermen para siempre”.
Cientos de pruebas que sólo podrían llevar a que este monstruo este preso.
Sólo puedo entender que, luego de décadas, las centenares de denuncias de los familiares que prueban su rol en el genocidio no hayan sido tenidas en cuenta para que hoy esté preso, es por su peso en al estructura de la iglesia y por el respaldo que sigue manteniendo hasta el día de hoy. Pero también del mismo estado y el gobierno que pretendió ocultar esta información. No estamos hablando de un cura más, sino de alguien con alto poder tanto en la dictadura, como durante todos los gobiernos constitucionales.
Una muestra del respaldo que tiene en mantener su impunidad es lejos de haber sido apartado y puesto a disposición de la justicia, fue destinado por el propio hoy Papa Francisco a la parroquia Nuestra Señora de Luján donde celebra misa diaria.
Esta lucha de cientos de familias, con las pruebas y los testimonios, no puede quedar solamente en su imputación, sino que tiene que haber realmente justicia.
La que cientos de familias venimos exigiendo es la cárcel inmediata para Graselli, como para todos los miembros de la Iglesia que jugaron un rol central en el genocidio."
Alejandrina Barry
Diputada de la ciudad por el PTS-FITU