Reforma Educacional. Gratuidad universal y eliminación del CAE: los grandes ausentes de la Reforma a la Educación Superior

Adriana Delpiano, Ministra de Educación, ya ha confirmado que el ingreso de las indicaciones sustitutivas al proyecto de Educación Superior se ingresarán dentro de la primera quincena de abril, luego de haber zanjado la división de la reforma para acelerar su tramitación legislativa y posterior aprobación dentro de este Gobierno.

Sin embargo, este miércoles 22 La Tercera tuvo acceso a la minuta oficial que en artículos permanentes se redujo de 202 a 118, y en artículos transitorios de 60 a 40.

Lucro y acreditación

Respecto del lucro, este será tipificado como delito, lo cual se desarrollaría en el capítulo dedicado a la Superintendencia de Educación Superior. Según la minuta, “el delito busca resguardar que los recursos de las instituciones serán utilizados en el cumplimiento de los fines de ésta, y sanciona penalmente a quienes teniendo facultades de dirección en la institución celebren estos actos con personas relacionados en los cuales estos tengan un interés”.

La acreditación, por su parte, seguirá a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), descartando el anuncio previo de la creación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, aunque cambiando algunos aspectos como la eliminación de los representantes de las instituciones como consejeros dentro de la propia CNA, para estar compuesta por “personas que no tengan un vínculo directo con las instituciones, que no sean juez y parte”.

Ahora bien, respecto al funcionamiento de la acreditación, se conserva la obligatoriedad de la misma para las instituciones y la voluntariedad para las carreras (a excepción de Pedagogía y Medicina). Sin embargo “se eliminan las referencias a los niveles de calidad, manteniéndose la acreditación por años. Corresponderá a la CNA realizar una propuesta de cuáles serán los niveles de calidad del sistema”.

Respecto a los periodos de acreditación, cambian de un máximo de 7 años a 8 años, especificando que “una institución con tres años se entiende acreditada, y que con dos años obtiene una acreditación condicional”. En el caso de las instituciones que no logren acreditación, se mantiene el nombramiento de un administrador provisional, aunque si en tres años no se logra la certificación necesaria, se procederá al cierre del plantel.

Eliminación del CAE y gratuidad: los grandes ausentes

Sin embargo, son precisamente los temas más importantes y sentidos los que han quedado fuera de este pequeño maquillaje denominado reforma.

Respecto del financiamiento, la minuta señala que según la glosa presupuestaria de 2017 se adecuarán los requisitos para acceder a la gratuidad; mientras que se eliminará el recién creado Financiamiento para Investigación y Creación Artística, el cual fue ideado precisamente para las instituciones que adscribían a la gratuidad.

En cuanto al Crédito con Aval del Estado (CAE), en esta pasada no se revisará su eliminación, sino que quedará como tarea del Ministerio de Hacienda en una tramitación legislativa aparte que aún ni siquiera es discutida con parlamentarios.

Alerta a los estudiantes y movilización nacional

Desde el 2011 que la educación se ha puesto en el centro del debate político, no por interés de los parlamentarios corruptos que hoy se encuentran en el parlamento, sino por presión directa del movimiento estudiantil, que a través de lucha y organización impuso la demanda por una educación gratuita y universal, financiada completamente por el Estado.

Sin embargo, se veía venir que la tan bullada reforma de la Nueva Mayoría sería nada más que un pobre intento por sacar nuestras demandas de las calles para meterlas al Parlamento.

Hoy es aún más claro: la acreditación continúa bajo una lógica de competencia, que no resuelve problemas como los que hoy llevaron al cierre de la ARCIS. Según la reforma, un plantel que no se acredita en tres años se cierra, pero ¿qué pasa con los miles de estudiantes que quedarán en las calles?; junto con ello, se retrocede en la eliminación del CAE, el cual lejos de ser un beneficio estudiantil, es sólo un crédito de consumo más, negocio y ganancia para la banca privada; y ni qué decir de la gratuidad universal para asegurar la educación como un derecho social, que vuelve a quedar relegada a los vaivenes del mercado, con una nueva glosa presupuestaria y que además, mantiene el mecanismo de acreditación de la pobreza para ser “beneficiario”.

El rechazo y retiro de esta reforma neoliberal del parlamento se hace necesario y urgente. Las y los estudiantes debemos salir a las calles este 11 de abril, no sólo para apoyar y visibilizar lo recientemente ocurrido en la Universidad ARCIS y la Iberoamericana, sino también para denunciar esta reforma que sólo busca regimentar medianamente al mercado, pero que no responde ni de cerca a nuestras principales demandas históricas.