César Astudillo dio a conocer el plan de Seguridad para la UNAM. Dejó claro que este plan criminaliza a la juventud y al activismo político. Estas medidas son aplicadas a lo largo del país y son los jóvenes los desaparecidos, asesinados y torturados.
Jueves 24 de diciembre de 2015
Tras su elección como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue declaró para el diario El País que era necesario medidas de seguridad para controlar el narcomenudeo y al activismo haciendo uso de la fuerza pública.
Astudillo, titular de la nueva Secretaria de Servicios a la Comunidad Universitaria, en una entrevista para El Universal presentó la Unidad Integral de Atención de Incidencias, que busca crear un número para toda emergencia. También se incrementarán la instalación de cámaras, así como renovar el cuerpo de vigilancia con jóvenes de 20 a 30 años que hayan concluido el bachillerato.
No somos sicarios, somos estudiantes
Astudillo justifica esta política debido a los índices tan altos de narcomenudeo donde señala a la Facultad de Ciencias Políticas, Filosofía y Letras y el Frontón. Criminaliza directamente a los estudiantes por el uso de alcohol y el más peligroso y complejo, el de la marihuana. También arremete contra los pobladores del Pedregal de Santo Domingo por sus altos grados de “delictividad” que se contagian al campus.
En la supuesta guerra contra el narcotráfico que implementó Felipe Calderón, dictada desde Estados Unidos de América, se enfatiza en la prohibición, penalización, persecución y encarcelamiento de los consumidores. Así mismo su guerra ha dejado cientos de miles ejecutados extrajudicialmente, decenas de miles desaparecidos y miles han sido torturados. Las fuerzas armadas son las principales violadores de derechos humanos.
En sus declaraciones, sólo hace gala de su ignorancia sobre el consumo lúdico de la marihuana, asumiendo que después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el uso de la sustancia se incrementará y que sucederá lo mismo con la compra. Basta de criminalizar y asesinar a la juventud por consumir drogas, su penalización del consumo y su supuesto combate han convertido al país en una fosa de cadáveres y tienen las cárceles repletas de consumidores.
Nuevo cuerpo de vigilancia
Surge la pregunta ¿quiénes serán los nuevos vigilantes? La rectoría de la Universidad y los partidos políticos del régimen históricamente han financiado a grupos de choque conocidos como los porros. Su función dentro de las escuelas es intimidar y robar a los estudiantes, siendo tolerados y auspiciados por las autoridades de los planteles.
Su otra función es enfrentar a los estudiantes organizados y al activismo político, son una fuerza de choque pensada para calmar a los movimientos por medio de la violencia y la agresión. En el último año los porros han atacado a planteles del bachillerato, donde el número de heridos y lesionados no es menor.
A nadie sorprendería que los jóvenes de 20 a 30 y con buena salud fueran los integrantes de los porros, así la Universidad legalizaría a los cuerpos porriles que operan en la impunidad. También, se contrataría a los jóvenes más pobres y precarizados. Este cuerpo está creado para controlar y criminalizar a la comunidad universitaria, no para su “seguridad” como lo quiere hacer ver Astudillo.
Astudillo justifica la videovigilancia para “cuidar” a la comunidad. El año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras integrantes de la Asamblea descubrieron una cámara que tenía registros de todas las asambleas de la facultad desde hace 4 años. Las cámaras son utilizadas para vigilar al movimiento estudiantil y no para “proteger” a la comunidad universitaria.
El movimiento estudiantil y su criminalización
Uno de los temas recurrentes es el del Auditorio Che Guevara y la ocupación del espacio por diversos sectores del movimiento estudiantil. Astudillo asegura que los grupos son focos de riesgo para el Estado por su resentimiento y mucha insatisfacción contra el gobierno.
Este tipo de declaraciones son comunes entre agentes del gobierno, gobernadores, medios de comunicación y las fuerzas armadas que buscan a toda costa criminalizar la protesta social y a los movimientos.
En la UNAM, el movimiento estudiantil ha protagonizado diversos procesos de la lucha política en México que ha cuestionado y denunciado al Estado, desde el movimiento #YoSoy132, el apoyo a los profesores del magisterio que hasta ahora se moviliza en contra de la Reforma Educativa y el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas.
La Rectoría de la Universidad en diversas ocasiones ha salido en defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Graue a través de Astudillo deja claro que no permitirán focos rojos dentro de la UNAM. Esto significa una lucha más frontal contra el movimiento estudiantil y con la política de seguridad aseguran la imposición de medidas más represivas y siguiendo la línea del Gobierno Federal.
Desde la Juventud del Movimiento de los Trabajadores Socialistas denunciamos en la imposición de Rector que cualquiera que fuera designado se alinearía a las políticas del Gobierno Federal. La creación de la Secretaria de Servicios a la Comunidad Universitaria tiene un tinte reaccionario que no busca el beneficio de la comunidad sino la criminalización de los estudiantes por ser jóvenes y del movimiento estudiantil que lucha en contra de la política de barbarie y precarización de nuestras vidas.
La imposición de medidas de seguridad acordes a la política de régimen, son una muestra del carácter antidemocrático de la toma de decisiones en la universidad, que incluye las modificaciones a los planes de estudio, la composición de la plantilla docente, la distribución del presupuesto, la complicidad para la protección a los acosadores, etc. Estas decisiones tendrían que discutirse y decidirse en espacios abiertos compuestos por académicos, estudiantes y trabajadores, que se apuesten a tomar en sus manos el rumbo de la universidad.
Frente a la declaración de Astudillo y la imposición de Graue como rector de la UNAM, llamamos a continuar la lucha contra el ataque a la universidad y a la creciente criminalización de la protesta social y a construir un gobierno tripartito de académicos, trabajadores y con mayoría estudiantil. Además por luchar para echar abajo las reaccionarias instituciones de la rectoría, la junta de Gobierno, el tribunal universitario, su ley orgánica y de la secretaría de servicios a la comunidad universitaria que únicamente permiten garantizar las decisiones autoritarias y perpetuar la antidemocracia.
