A través de la Resolución 929/18 el Gobierno autoriza a la PSA y las Fuerza Aérea a intervenir en tareas que realizan los trabajadores de rampa de los aeropuertos.
Lunes 3 de diciembre de 2018 16:14
Con fecha 27 de noviembre se publicó en el Boletín Ofician una resolución emitida por la ANAC que autorizaba a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) a realizar tareas que prestan los trabajadores aeronáuticos de rampa en el marco del G20. La medida estaba dispuesta por treinta días.
Ya terminado el G20 y todo su despliegue de seguridad, una resolución publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial dispone que la intervención se prolongue por 30 días más. La realidad es que la PSA ya tiene gran presencia en los lugares de trabajo dentro de los aeropuertos, la nueva resolución los capacita y habilita para cumplir tareas de los trabajadores e incluye a las Fuerzas Armadas. Esta resolución constituye un salto y un ataque a libertades democráticas de los trabajadores, con la gravedad que implica que ahora tienen que trabajar rodeados de efectivos de una de las tres fuerzas que llevaron adelante el golpe genocida.
La autorización de intervención de la PSA y las Fuerzas Armadas en tareas de rampa se da en el marco de conflictos del sector aeronáutico.
Los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas reclaman la recomposición de sus salarios, la negociación paritaria se encuentra pendiente desde septiembre, ante las negativas y silencios por parte de la empresa y el gobierno, se realizaron distintas medidas de lucha durante el último mes. De fondo, hay una pelea que trasciende por mucho la discusión paritaria y por lo que el gobierno apuesta mucho para ganar: se trata de un ataque a los aeronáuticos de conjunto avanzando por la vía de los hechos con la reforma laboral que no pudieron votar en el congreso. Así degradar los convenios laborales, desregular toda la actividad con la entrada de más empresas privadas (que en su mayoría prohíben la afiliación sindical de sus trabajadores), achicar la línea aérea estatal a punto de ponerla al servicio de estas compañías privadas (en especial LATAM cuyo ex CEO Lopetegui es el ideólogo gubernamental del plan), y esmerilar el poder de fuego de los sindicatos y a través de ellos a todos los trabajadores efectivos y tercerizados. Luego del paro del 8 de noviembre, la empresa en una alianza feroz con el Gobierno puso en pie un fuerte ataque: 376 trabajadores fueron suspendidos arbitraria e ilegalmente, en una clara intención de quebrar la lucha y organización de los trabajadores. El Gobierno desplegó un discurso privatista respecto a la aerolínea de bandera y los costos deficitarios que implica para el Estado.
Por otro lado, la cuestión respecto a la empresa Intercargo que implica desregularizar el servicio de rampa que ahora presta esa empresa, con cientos de trabajadores tercerizados para reducir los costos operativos, lo que significa el traspaso de una empresa estatal a la esfera privada acompañado de un brutal ataque a los trabajadores, de precarización y despidos.
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Todo aquello en el marco del plan del Gobierno respecto a la actividad aerocomercial en total beneficios de sus socios y afectando directamente a usuarios y trabajadores, que comenzó con la entrada de las Low Cost.
Como complemento de aquellos ataques, ahora dispone la intervención directa de las fuerzas armadas y de seguridad en las tareas de los trabajadores aeronáuticos “ante la presentación de circunstancias excepcionales que así lo requieran”. La resolución se basa en un decreto del año 1973 firmado por el propio Lanusse.
La aplicación de esta medida constituye un hecho gravísimo, donde por primera vez una Fuerza Armada se instala en un ámbito laboral, para realizar tareas propias de los trabajadores. Constituye también un peligroso precedente, la presencia directa y con facultades de intervención directa en las tareas de rampa para las fuerzas armadas y de seguridad en el lugar de trabajo de cientos de trabajadores que, como agravante de esta situación, se encuentran en conflicto reclamando por sus salarios y contra las suspensiones arbitrarias de sus compañeros y compañeras y al cual el Gobierno decidió atacar directamente con un discurso contra la organización de los trabajadores y por la privatización de la aerolínea estatal. Utilizando el conflicto para llevar adelante parte de su hoja de ruta aeronáutica que, claramente, va más allá de la clausula gatillo que le niega a los trabajadores para el mes de septiembre.
Ya es moneda frecuente que el Estado ponga a disposición de los empresarios a las fuerzas de seguridad ante los reclamos de los trabajadores por cuestiones salariales y despidos, ya vimos como se aprestan a desalojar acampes en fábricas y reprimir la protesta.
Sin embargo, La militarización de tareas aeronáuticas no es novedad y tiene precedentes a nivel internacional. Sucedió en 2017 en España cuando se dispuso la actuación de la Guardia Civil durante la huelga de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona, para garantizar el servicio, con antecedente en la implementación de medidas similares por el gobierno de Zapatero en el 2010 y respecto a los controladores aéreos. Pero en nuestro país es un hecho inédito que la FAA se instale en los aeropuertos, por tiempo prácticamente indeterminado.
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La decisión de la utilización de las fuerzas armadas y de seguridad es clara, la excusa del G20 ya no existe, y el Gobierno decide sostener la medida, con un claro fin de disponer la intervención de sus fuerzas represivas al servicio de la empresa, en un marco convulsionado de ataques a la actividad y la respuesta de los trabajadores conflicto que se encuentran aun sin respuesta y sin nuevas medidas de lucha anunciadas por los sindicatos.
