Es por manifestarse en el paro nacional del 6 de abril. La notificación que llegó desde la Fiscalía de Instrucción Correccional comprende un grave ataque contra el derecho a la protesta.
Miércoles 24 de mayo de 2017 14:01
Foto: diputado Lautaro Jimenez (PTS FIT), imputado por manifestar el 6A
En las últimas horas, legisladores del Frente de Izquierda y referentes sindicales de la provincia, fueron notificados por la Fiscalía de Instrucción Correccional N° 33, a cargo de la Fiscal Graciela Cobos, de la apertura de imputación por violar el artículo 194 del Código Penal, luego de haber participado activamente en el paro realizado el pasado 6 de abril.
De esta forma, el gobierno de Alfredo Cornejo vuelve a demostrar un completo autoritarismo y una grave falta de respeto hacia las libertades democráticas.
El ataque dirigido hacia legisladores de izquierda, dirigentes sindicales y abogados defensores de los derechos humanos, sienta un preocupante precedente en la provincia y es un claro avance para criminalizar la protesta social.
Entre los dirigentes imputados se encuentran, el diputado del PTS FIT Lautaro Jimenez; los legisladores del PO FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina; los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado de derechos humanos Enrique Jasid.
El diputado Lautaro Jimenez del PTS FIT el 6A
El legislador Lautaro Jimenez luego de conocer la notificación afirmó que "esta imputación es un ataque a la protesta, que se basa en una norma establecida durante la dictadura de Onganía. Toda una declaración de principios del gobernador Cornejo, quien está detrás de esta persecución. Como no puede dar respuesta a los problemas de trabajo, vivienda, salud o educación quiere encarcelar a quienes reclaman por sus derechos y a quienes nos solidarizamos con esos reclamos", y agregó "repudiamos esta decisión de la Justicia adicta y amañada, armada a gusto de Cornejo, para perseguir a quienes reclaman derechos elementales".
Por su parte, la senadora del FIT Noelia Barbeito declaró que "claramente esta decisión de la Justicia, propiciada por el gobernador, es una barbaridad que debe ser repudiada por todos los sectores políticos y sindicales del país. Esta política de persecución y amedrentamiento es impulsada por el radicalismo y el presidente a nivel nacional".
