Madrid. Greenpeace puso en evidencia la inacción de la casta política española: ¿les importa el cambio climático?

En el medio de una ola de calor, el Estado español se dirige hacia unas elecciones generales anticipadas, convocadas por el presidente Pedro Sánchez para el domingo 23 de julio, tras el mal resultado de su formación, el Partido Socialista, y de su socia Unidas Podemos, en los comicios municipales y regionales del 28 de mayo pasados.

En ese marco, los debates entre figuras oficialistas y de la oposición de derecha son elocuentes: ni al PP ni al PSOE les importa especialmente la crisis climática. En el “cara a cara” entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo realizado el lunes en el canal Antena 3, este asunto estuvo totalmente fuera de la discusión que, por otro lado, estuvo muy ausente de propuestas.

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Pero no es un problema solo de los partidos tradicionales del Régimen del 78. Vox es un partido abiertamente negacionista del cambio climático, con declaraciones de sus diputados como que “el cambio climático evitará muertes por frío” o que ponían en duda que el CO2 sea un gas contaminante. Han demostrado ser, además de negacionistas, unos ignorantes ante una crisis que ya está aquí. Un carro de la ignorancia y el negacionismo al que no duda subirse el PP con declaraciones como la de Isabel Díaz Ayuso, que propuso en la campaña electoral hacia las autonómicas “poner una maceta en cada balcón”.

La crisis climática no puede ser un problema más urgente. Con unas temperaturas que suben año a año y una devastación ambiental global que pone en tela de juicio la habitabilidad de algunas zonas del planeta en los próximos decenios, la derecha del Estado español no solo desdeña el problema en los debates, sino que también gobierna para los capitalistas que lo provocan. Este es el caso del gobierno de Andalucía, donde el PP y Vox están abandonando el parque natural de Doñana, que muere año a año debido a la escasez de agua. Frente a esta crisis del que es uno de los pulmones verdes más importantes de la Península Ibérica, la derecha prefiere gobernar para los empresarios del golf y la hostelería, dos de los sectores más contaminantes y demandantes de agua de la región.

Pero no es solo la derecha. Lo cierto es que la lona de Greenpeace da en el clavo, porque al social liberalismo del PSOE y el neorreformismo de Yolanda Díaz tampoco les importa la crisis climática, como demuestra que durante 4 años de gobierno no tomaron una sola medida efectiva para evitarla. Pese a que se pretenden presentar como una alternativa a la derecha, no han sido mas que la cara verde del capitalismo español y el IBEX-35, mientras permitieron que las eléctricas se forrasen a costa de subir las tarifas de luz y gas a las mayorías populares. ¿Cómo se explica si no que, en plena crisis por la pandemia y la guerra de Ucrania, Iberdrola obtuviera en el primer trimestre de 2023 un beneficio neto un 40 % superior al mismo periodo de 2022? Según la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su mejora se produjo, fundamentalmente, gracias a sus resultados en Reino Unido y el Estado español.

El Gobierno no solo ha blindado los beneficios empresariales de las corporaciones más contaminantes, sino que también ha acatado sin rechistar las directrices de la UE que consideran ahora al gas y la energía nuclear como energías verdes. Todo un despropósito que profundiza en la relación neocolonial de extractivismo entre la Europa imperialista y los países dependientes de la exportación de gas como Argelia. Porque plantear una alternativa, una disminución de los beneficios empresariales y una reconversión de las matrices energéticas de estos países a otras que utilicen fuentes más sostenibles no es rentable para las grandes empresas que hacen negocio expoliando los recursos de otros pueblos.

Pese a estos cuatro años en los que no han sido capaces de poner en pie una sola medida efectiva contra el cambio climático, Sumar pretende venderse como una alternativa verde y Yolanda Díaz ha salido rápidamente hoy a decir en redes sociales que a su partido “no se la suda” el cambio climático. Un partido que toma como referencia al Partido Verde Alemán (los campeones del militarismo verde) y al “Green New Deal” o Pacto Verde, según el cual las mismas empresas que provocan la crisis climática son las que le van a poner fin gracias a ayudas del Estado.

Sin embargo, la política de Yolanda Díaz durante los últimos años ha consistido en sentarse a la mesa (literal y metafóricamente) con la patronal. La misma patronal que no tiene ninguna intención de disminuir sus beneficios para evitar el colapso ambiental. Toda política de “pacto” con las empresas es un secuestro a plazos de las posibilidades, más urgentes que nunca, de frenar la crisis ambiental.

El camino contra la crisis y el negacionismo climáticos no lo marcan las políticas de colaboración con la burguesía ni la confianza en los partidos que gobiernan para ella, sino luchas como la del pueblo y la clase trabajadora de Jujuy, en Argentina, que pelean contra el saqueo de litio y la reforma del gobernador Gerardo Morales que pretende limitar el derecho a la protesta y regalarle los recursos naturales de la región al Fondo Monetario Internacional.

La campaña de Greenpeace tiene el objetivo de presionar sobre los candidatos de los distintos partidos para que tomen alguna iniciativa, independientemente de que estas tengan algún tipo de efectividad. No es algo que nos sorprenda de una ONG que siempre ha tenido vínculos con sectores del poder político y económico. Pero más allá de su política, de la misma manera que lo hace la campaña que hace apenas unos días lanzó Amnistía Internacional con un video generado por Inteligencia Artificial donde los candidatos defendían un programa comprometido con los derechos humanos, la acción deja al descubierto que en el terreno de la política ambiental tampoco hay ninguna alternativa para las mayorías trabajadoras en las próximas elecciones.

Y es que a una derecha de verdad que niega el cambio climático, que criminaliza a la población migrante, que persigue a las personas LGTBI, que niega la violencia de género, que rechaza el derecho a decidir de los pueblos y que se fundamenta en un españolismo rancio, no se le puede parar con políticas que se dicen “progresistas” que no sirven para nada. Y no sirven en el mejor de los casos, porque en el peor, directamente empeoran las condiciones de vida, como la apertura de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE, verdaderos campos de concentración para inmigrantes) o la aprobación de los últimos Presupuestos que aumentaron un 26 % el gasto militar.

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La izquierda que puede parar a la derecha, aquella que puede frenar la crisis climática y poner fin a las políticas que anteponen sus beneficios a nuestras vidas, está por construir. La juventud, que es quien más sufrirá esta crisis, debe aliarse la clase trabajadora. Esa clase de la que salen la mayor parte de los muertos año a año por golpes de calor (4700 solo en 2022), con las mujeres, con las migrantes y con el resto de los sectores que nada le deben ya a un sistema económico capitalista cuya lógica lleva tendencialmente a la destrucción de las condiciones de vida de las mayorías.

El programa que hoy no existe contra la crisis climática no se basa en “pactar” con el IBEX-35, sino en nacionalizar sus empresas energéticas bajo el control de sus trabajadores y el apostar por un transporte 100 % público, suficiente y sostenible, también gestionado por sus trabajadores. No son medidas utópicas, son imprescindibles. Lo utópico es pensar que solo nos cabe la resignación ante que a los candidatos al próximo gestor del régimen burgués “se la sude”. Es con movilización en cada centro de estudio y de trabajo y avanzando sobre la propiedad privada de quienes se lucran de la devastación ambiental y el expolio y muerte de miles de personas como podremos acabar con el capitalismo antes de que este acabe con nosotras.