Después de meses de devastación de la selva de Quintana Roo, la empresa perteneciente al magnate Germán Larrea comunicó que dará por terminado el contrato con el gobierno federal por el tramo 5 del Tren Maya, debido a que es imposible que este sea viable en corto y mediano plazo.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Martes 22 de noviembre de 2022
La empresa Grupo México comunicó que este lunes finalizó de manera anticipada su contrato para la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya por la “imposibilidad técnica” de terminarlo en 11 meses y entregarlo en julio de 2023, como lo planteaba el gobierno de México.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera en su conferencia matutina que la empresa incumplió con su contrato, este martes lanzó su comunicado, explicando que “la seriedad y el profesionalismo del consorcio lo llevaron a declinar ante la complejidad y la premura impuesta a la terminación del proyecto. El consorcio no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato”, aseguró la compañía.
Dice Grupo México que la terminación anticipada de su contrato para la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya se debió “a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023”. pic.twitter.com/9b1zCbBRBK
— Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) November 21, 2022
Por su parte López Obrador en su conferencia matutina acusó a la empresa de Germán Larrea de haber demandado a su gobierno por cancelar y entregar los contratos de construcción del tramo 5 del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa (Sedena), por lo que de ganarse estos litigios harán que el costo total de la obra se incremente.
El costo se lo lleva la selva
Durante meses se denunció a la empresa por afectar kilómetros de selva virgen en Quintana Roo y provocar un ecocidio al devastar más de 8 millones de árboles sanos, sin embargo el gobierno de la 4T hizo caso nulo a estas evidencias, en afán de acelerar la construcción del megaproyecto.
Expertos y activistas ambientalistas señalaron en muchas ocasiones que el proyecto es inviable ya que no cuenta con estudios sociodemográficos de lo que la población local requiere, y tampoco se presentaron permisos ambientales para iniciar la obra.
Ante esto el gobierno federal declaró la obra como "seguridad nacional" y desestimó los amparos que se habían ganado para parar las máquinas que devastaban la selva, sin embargo científicxs siguen alertando que a medida que el proyecto continúe sin los estudios necesarios serán devastadoras las consecuencias, no solo para el ecosistema, sino para las comunidades y los habitantes de la península de Yucatán.
