Han pasado 12 años desde que la Guerra contra el Narco fue anunciada por Felipe Calderón Hinojosa. Una generación de jóvenes hemos crecidos sumidos en la mayor de las violencias, ¿qué nos espera con su continuidad plasmada en la Guardia Nacional?

Después de más de una década de militarización, el sexenio de Enrique Peña Nieto cerró con más de 200 mil víctimas y más de 40 mil desaparecidos, según cifras oficiales. El ejército mexicano cuenta con el mayor número de denuncias de violaciones a derechos humanos en el país, lo cual impulsó la lucha por la desmilitarización que fue, en estos años, una de las demandas centrales de sectores de la juventud.

Después de doce años de violencia, este 2019 tiene el mayor número de muertos jamás registrados en el país. Muestra de ello se dio, recientemente, con la masacre en Minatitlán que costó la vida de catorce integrantes de una familia, entre ellos un bebé de un año.

El diagnóstico no es complicado, tampoco se necesita ser un experto en política pública o en el crimen organizado para saber que la estrategia, utilizada durante más de una década, es inútil para enfrentar las causas de esta situación y lejos de eso golpea más a los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Ha quedado claro que las fuerzas armadas están coludidas en distintos niveles —en primer lugar, los altos mandos— con los grandes capos del crimen organizado quienes no sólo trafican droga, sino que se dedican al robo de combustible y, sobre todo, a la trata de personas.

Gatopardismo de la militarización

El Plan Nacional de Seguridad y Paz (PNS) propuesto por el Gobierno Federal1 argumenta que la actual Policía Federal [1] no está capacitada para prevenir y erradicar la delincuencia y, por tanto, es necesario continuar con el apoyo de las fuerzas armadas. Al presentar su PNS, López Obrador mencionó que:

Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones. Decidimos apoyarnos en las Fuerzas Armadas, buscar la unidad. Conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación: en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión que tomamos.

La nueva Guardia Nacional está compuesta por integrantes de la policía militar, de la marina y policía federal [2] que, actualmente, están desplegados en el territorio nacional. A esto se sumarán 50 mil nuevos integrantes a través de una convocatoria que lanzó el Gobierno Federal para la juventud. Este despliegue se organizará en 266 regiones, en las que se contempla la presencia de, aproximadamente, 500 elementos en cada una.

Se propone que las Fuerzas Armadas (militares y marinos) tengan “un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional”; [3] es decir, la Guardia Nacional tendrá entrenamiento, formación y disciplina militar.

Para que todo esto pueda funcionar, el Gobierno Federal, avalado por los diputados y los senadores, modificó la Constitución para que la Guardia Nacional tenga “certeza legal y jurídica” para involucrarse en asuntos de seguridad pública. Por la vía de los hechos, esto ya estaba funcionando: los militares, lejos de lo que se dice en la Constitución —respecto a que los mismos deben estar en sus cuarteles en tiempos de paz— fueron desplegados desde 2006.

Por si fuera poco, el Gobierno destinará 70 mil millones de pesos, solamente, en 2019 —que contempla la construcción de más de 80 bases militares— una cifra récord para la inversión en seguridad pública que rebasa otros rubros: más de cinco veces la inversión en cultura, estimada en más de 12 mil millones de pesos, o mayor al aumento del presupuesto en el sector educativo al que se le sumó únicamente 4 mil millones de pesos para la UNAM, UAM e IPN, esto según el Presupuesto de Egresos para la Federación. Es así que mientras el presidente pide hacer más con menos bajo el lema de austeridad, invierte millones en la continuidad de la militarización.

Incluso organismos internacionales como la ONU, ya desde 2014 hicieron un llamado (que hoy se reitera) para regresar a los militares a sus cuarteles debido al número de denuncias de violaciones a DDHH que tienen las Fuerzas Armadas y que representan 3 de cada 4 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relativas al derecho a la vida. Esta mención, proveniente de un organismo como la ONU, con múltiples denuncias hacia los Cascos Azules, muestra la gravedad del problema.

Más allá de la retórica gubernamental de que la Guardia Nacional sería “pueblo uniformado”, su carácter y la participación de estas instituciones policíacas y militares muestra que uno de los objetivos del PNS es la continuidad de la militarización y, con ello, se seguirán perpetuando la violencia y los agravios contra las mayorías del país.

Lejos de este nuevo discurso, sectores críticos a la Guardia Nacional, que incluso votaron por Morena, salieron a explicar las consecuencias de esta política. Uno de ellos es el académico Alejandro Madrazo Lajous quien asegura que la Guardia Nacional significa un cambio a un régimen cívico militar, además de que representa la continuidad en la militarización cuyas consecuencias mencionamos anteriormente. [4] Como respuesta a la conferencia matutina de AMLO del 13 de febrero, donde arremetió contra las organizaciones y la “sociedad civil” con el discurso de que obstaculizan los planes, Alejandro Madrazo, en las audiencias públicas, mencionó que “la defensa de ese modelo fallido de 12 años es revestirla de una etiqueta nueva, llamarla Guardia Nacional y meterla en la Constitución”.

El académico enmarca su crítica en la petición de reforzar a la policía federal para que sea ésta, y no el ejército, quien se encargue de las tareas de seguridad pública; sin embargo, sabemos de la actuación histórica que ha tenido este cuerpo policíaco, como garante de la criminalización y persecución a los sectores populares, así como parte del aparato represivo que es pilar de la clase dominante.

Los jóvenes del Morena defendiendo la militarización

Los militantes jóvenes del nuevo oficialismo defienden estas medidas arguyendo que la Guardia Nacional solo es una parte de todo el plan de seguridad. Como si la continuidad de la militarización fuera menos grave por estar oculta en un subpunto del PNS.

Argumentan que es un cuerpo completamente diferente a los militares puestos en las calles por Felipe Calderón, según aseguró Gibran Ramírez, politólogo y miembro del Morena, en un debate con Denise Dresser. Como si, con todo lo antes descrito, no fuera evidente que los efectivos actuales que fueron parte de la “guerra contra el narcotráfico”, son los que hoy conformarán la Guardia Nacional, incluso más facultades de intervención.

Otro de los debates se refirió a la disyuntiva entre mando civil o mando militar. El colectivo Seguridad Sin Guerra (SSG), [5] presentó minutas al Senado donde se solicitaba un mando civil para la Guardia Nacional. Este colectivo aplaudió la aceptación del mando civil y la “fiscalización de las Fuerzas Armadas”, mencionando incluso que es un triunfo de la relación entre el Senado y la Sociedad Civil. [6] La realidad es que no cambia el hecho de que la capacitación, entrenamiento y disciplina estará a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Antonio Attolini, una de las caras juveniles del Morena quien en años previos fuera referente del ala moderada del #Yosoy132, argumentó que no importa el mando, pues la última decisión y conducción la tendrá el poder federal; es decir, el presidente. Esto va acompañado de la promesa de que AMLO no ocupará al ejército como lo hicieron las administraciones previas.

Podría discutirse en torno a las intenciones reales de AMLO: lo que fuera, un posicionamiento histórico centrado en reformar y humanizar el capitalismo se expresó, una vez llegado al gobierno, en la continuidad de planes económicos y políticos de sexenios anteriores, combinado con medidas que pretenden sostener y ampliar su base social entre los sectores populares y medios.

Este posicionamiento va acompañado, necesariamente, de preservar los pilares fundamentales de la dominación burguesa, lo cual incluye a las fuerzas represivas del Estado. La creación de la Guardia Nacional —en un contexto donde el rol de los militares durante la llamada “guerra contra el narco” fue, duramente, cuestionado— pretende combinar esas cuestiones. Por una parte, preserva el lugar de las fuerzas armadas y, por otro lado, le da legitimidad con una operación gatopardista con cambio de nombre y de “renovación ideológica” del rol de las mismas, a lo que nos referiremos más adelante.

En ese sentido, los jóvenes del Morena justifican una política que busca fortalecer el pilar del estado capitalista, cuyo rol es resguardar los intereses de la burguesía y las acciones del personal político que está al servicio de la clase dominante. No podemos terminar esta idea sin mencionar que este rol, más temprano que tarde, se manifestará frente a la protesta social. La promesa de “diálogo, siempre diálogo” de AMLO, llegará a su fin cuando se cuestione en las calles la política del gobierno.

Esto va acompañado de un discurso que puede llamarse “distractivo” respecto a las causas de la violencia. AMLO responsabiliza, en los hechos, a los jóvenes consumidores de droga de la violencia existente mencionando que “el problema de inseguridad y de violencia, lo podemos enfrentar si evitamos, entre otras cosas, que siga creciendo el consumo al interior del país.” [7] Se invierte lo que el movimiento contra la guerra dejó en claro: el responsable de la violencia fue el mismo aparato del Estado y su confrontación con los “carteles”, mientras que las víctimas fueron miles de trabajadores, mujeres y jóvenes.

En esas circunstancias, el llamado de AMLO y el Morena a enlistarse en la Guardia Nacional representa una política francamente reaccionaria pues pretende que la juventud se incorpore a una función represiva. Su destino ya no es sólo ser “carne de cañón” del narcotráfico, ahora es integrarse a una Guardia Nacional cuya función y preparación es, claramente, opuesta a los intereses de los trabajadores y la juventud.

El cambio de relato y el “nuevo” ejército

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fue el corolario de años de violencia y represión. Sembró en el imaginario el repudio a la militarización y a la colusión entre el narcotráfico y los distintos niveles del Estado y el régimen político. Minó la legitimidad del gobierno de Peña Nieto, poniendo a los partidos burgueses ante una importante crisis de representación.

No fueron pocas la veces que el ahora presidente anunció que, en caso de ser electo, iba a regresar de manera inmediata al ejército a los cuarteles. Para grandes sectores de la población eso implicaba un cambio respecto a la política de seguridad del neoliberalismo y coadyuvó a generar un voto masivo a AMLO, dándole una legitimidad histórica. Esto le permitió inaugurar un nuevo relato sobre las Fuerzas Armadas. Como si la campaña hubiera sido un sueño lejano, AMLO y su partido intentan reescribir la historia.

Primero intentaron absolver a las Fuerzas Armadas de la matanza del 2 de Octubre de 1968, [8] centrando la responsabilidad, únicamente, en el ahora desaparecido Estado Mayor Presidencial.

Después, revisaron su papel histórico. La argumentación es que el carácter y la responsabilidad de sus acciones se determina por los individuos que la llevan adelante, ocultando el rol que tiene como institución central del Estado burgués, que es lo que determina su papel reaccionario contra los trabajadores y el pueblo. De tal forma que el ejército, una institución represiva, se transformó en una corporación “revolucionaria”, el “pueblo armado”, de acuerdo al relato del presidente. En apoyo a esto, acudieron intelectuales orgánicos del Morena como Paco Ignacio Taibo II, rescatando gestas históricas como la guerra contra la ocupación francesa y las fuerzas conservadoras con una clara finalidad política.

¿Qué nos queda a la juventud?

La militarización en México no puede entenderse sin hablar de la subordinación que existe ante los Estados Unidos. La política de “guerra contra las drogas”, dictada hace décadas desde la Casa Blanca, ha influenciado e impuesto el reforzamiento de las fuerzas represivas.

Ésta facilitó, entre otras cuestiones, la implementación de las reformas estructurales, la inversión privada, los megaproyectos y las múltiples apuestas de la burguesía internacional que pudiera tener frutos en México. Actualmente, una de las primeras acciones de la Guardia Nacional fue, de hecho, contener a los migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos.

Por eso, es impensable modificar el panorama de un país militarizado sin poner en cuestión la subordinación de México al vecino del Norte. La política de colaboración y tolerancia de AMLO con respecto a Trump, denota que mantendrá la subordinación que, en décadas, ha dejado en pésimas condiciones a la clase trabajadora mexicana; además del aumento de la violencia como producto de la situación estructural impuesta por el imperialismo y la militarización.

Doce años de “guerra contra el narco” nos deja como lección que la única forma de cambiar esto de raíz ves combinar las banderas de la lucha contra la militarización del país con el cuestionamiento sin cortapisas de la opresión imperialista. La salida de fondo a todas estas problemáticas devendrá de una estrategia política que apunte a transformar, en clave revolucionaria, las condiciones estructurales impuestas por el capitalismo a millones de oprimidos y explotados.