La Guardia Nacional se encuentra entre las 10 instituciones con mayor cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Jueves 20 de abril de 2023
El domingo 16 de abril, alrededor de las 9:00 hrs., una familia viajaba en una camioneta por una carretera de Nuevo Laredo. Al incorporarse por un libramiento, elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego contra el vehículo hasta obligarlo a detenerse. Una vez que el auto chocó contra un muro de contención al intentar alejarse de los disparos, 3 de elementos de la Guardia Nacional lo rodearon y les ordenaron a los tripulantes correr, amenazándolos conque de lo contrario los matarían. Al intentar escapar, los cuatro integrantes de la familia recibieron disparos a quemarropa. El conductor, herido, no pudo salir de la camioneta.
Se contabilizaron 86 casquillos en la escena.
Al percatarse de que la familia no tenía armas o drogas, la GN se retiró del lugar, dejando a los heridos a su suerte.
Entre las víctimas estaban dos menores de edad. Una adolescente de 15 años, embarazada de 8 meses, fue sometida a una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé. No fue posible y la bebé nació muerta. Dos días después falleció la madre en el hospital. El chofer de 54 años murió en el lugar.
El resto de la familia permanece internada con heridas de gravedad.
Esta forma de actuar no es solo de la Guardia Nacional. El 26 de febrero, también en Nuevo Laredo, elementos del ejército mexicano abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaban 7 jóvenes, provocando la muerte de 5 de ellos.
Guardia Nacional, pilar de la 4T
Una de las medidas más importantes del del gobierno de AMLO fue la continuidad y extensión de la militarización como forma de fortalecer su legitimidad, ante los cuestionamientos a su discurso de ’abrazos no balazos’, pero también de establecer de manera silenciosa y paulatina un mecanismo de control preventivo frente a cualquier muestra de inconformidad que pudiera llegar a expresarse. Si bien la popularidad del gobierno del MORENA es innegable, también lo son las evidentes contradicciones que tiene y que día a día se dejan ver.
La presencia de la GN y de otros destacamentos de las fuerzas armadas, como la marina y el ejército, en las diferentes regiones del país y dentro de la CDMX, da cuenta de una estrategia de militarización que profundiza, aunque con otro discurso, la de sexenios anteriores. Poco a poco se hizo más “común” ver a elementos de este organismo en diferentes actividades como el resguardo de las vacunas contra el COVID, a lo largo de las campañas de vacunación que arrancaron en el 2021.
Su incorporación al Metro de la CDMX, después del choque de trenes de la L3, en donde murió una joven universitaria, le valió críticas que cuestionaron de qué manera la GN evitaría que continuaran ocurriendo accidentes como ése, los cuales son producto de la negligencia y falta de mantenimiento del principal medio de transporte para los trabajadores en la capital del país.
Mientras se reforzaba la presencia de la GN en las calles, se anunció que quedaría bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Una contradicción total, considerando que, en su mismo discurso, AMLO planteaba que la GN no era una corporación militar y que se trataba de una nueva forma de “mantener la seguridad del país”, con lo que buscaba justificar la presencia de la misma en las calles por lo menos hasta el 2028.
Sin embargo, a pocos años de su creación, la GN se sitúa entre las 10 instituciones con mayor cantidad denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Fuera militares de las calles
En lo que algunos medios presentan como un revés a la política de AMLO que describimos antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 8 votos en contra y 3 a favor, invalidó la transferencia de la GN a la SEDENA, por lo que tendrá que seguir incorporada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Independientemente del organismo al que pertenezca, ya es claro que la GN no tiene un carácter civil y que su finalidad no es salvaguardar a la población. Igual que el resto de las fuerzas represivas institucionales que operan en el país.
Esta decisión de la SCJN no le quita el carácter militar a la GN, ni detiene el proceso de militarización que lleva adelante el gobierno de AMLO. Sino que en realidad favorece a la derecha en su disputa contra la 4T, pero no podemos olvidar que fueron precisamente los gobiernos de la derecha, con Calderón a la cabeza, pero con apoyo del PRI, los que iniciaron la militarización y la ’guerra contra el narco’, que ha dejado cientos de miles de muertos.
Tampoco es casual que esta decisión se tome en el marco de la carrera electoral, pues es claro que la derecha aprovecha las demandas de la población para buscar ganar simpatía y la mayor cantidad de votos posibles.
La 4T se ha esforzado por fortalecer a los militares para tener un fuerte aliado, a pesar de que éstos no son vistos con buenos ojos por una parte de la población y constantemente están envueltos en escándalos, como los expuestos en el hackeo a SEDENA donde se mostró el espionaje que hacen los militares a medios de comunicación, periodistas, activistas, civiles y defensores de derechos humanos.
O el caso del titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, a quien se le descubrieron viajes de lujo al extranjero, a costa del erario público, realizados en jets del ejército, en compañía de su familia y un equipo de por lo menos 10 militares, además de intérpretes, personal de seguridad y médico para atender cualquier necesidad que tuviera. Una contradicción enorme con la ’austeridad republicana’ que proclama el MORENA pero sólo se aplica en contra de las y los trabajadores.
La SEDENA es una más de las instituciones que viven del dinero de la población y gozan de la mayor impunidad.
¿Necesitamos a los militares en las calles, independientemente del nombre que tengan? Crímenes como los presentados al inicio de esta nota, dejan en claro que este tipo de corporaciones no tienen como propósito cuidarnos, sino todo lo contrario.
No impidieron tampoco que los desperfectos del Metro continuaran interrumpiendo el servicio y poniendo en riesgo a los usuarios, no porque fueran ’incapaces’, sino porque no es su función como parte del actual y cualquier otro gobierno.
Su propósito es claro, mantener a raya a una población cada vez más descontenta con la precarización y violencia en el país, cuyas causas estructurales son amparadas por el Estado, mismo que no duda en aplicar la ’mano dura’ cuando lo requiere, contra aquellos que protestan en su contra.
La militarización del país no es más que una manera de mantener el control ante momentos que se pueden volver más convulsos si se agudizan la crisis económica y los ataques contra las y los trabajadores.
Es necesario no solamente que los militares regresen a sus cuarteles y salgan de las calles, sino la disolución que estos cuerpos represivos que, además de todo, suelen estar coludidos con el crimen organizado, como se ha demostrado en múltiples ocasiones.
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