La corrupción no cesa en Guatemala. A pesar de contar con las distintas operaciones de organismos internacionales, un nuevo escándalo de fraude millonario vuelve a cuestionar al régimen guatemalteco.
Martes 13 de febrero de 2018
El ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom (2008-2012), fue detenido este martes por la mañana por un fraude millonario que cuestiona su gestión y afecta al Transurbano, el sistema de autobuses de la capital del país.
Colom fue arrestado con otras nueve personas, todos ellos miembros reconocidos de su ex gabinete, entre los que sobresale la detención de Juan Alberto Fuentes Knight, que durante la gestión de Colom fundió como Ministro de Finanzas, pero actualmente figuraba como presidente de Oxfam Internacional.
Los otros detenidos son: Salvador Gándara (Gobernación), Abraham Valenzuela (Defensa); Celso Cerezo (Salud); Ana Francisca del Rosario (Educación); Jerónimo Lancerio (Cultura); Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo); Oscar Erasmo Velázquez (Economía); Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura y Deportes) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).
Este arresto se suma a la reciente crisis de Oxfam Internacional que ocasionó la reciente dimisión de la directora Penny Lawrence de la Oxfam desde el lunes 12 de febrero, por abusos sexuales de la organización después del terremoto de Haití en 2010.
Las recientes detenciones se han llevado a cabo por orden del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que han efectuado 14 allanamientos en los que se ha arrestado a diez personas, incluido el ex mandatario, acusados de los delitos de fraude y peculado.
Así lo ha confirmado el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien ha explicado que todos los arrestos están relacionados con la firma de una serie de acuerdos gubernativos que destinaron más de 270 millones de quetzales (30 millones de euros) a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para financiar el sistema prepago en el Transurbano.
Dichas aportaciones, según el MP y la CICIG, fueron ilegales, dado que en la legislación de Guatemala no existe ninguna normativa que permita este tipo de pagos a una entidad privada para la puesta en marcha de un sistema de transporte que compite en la capital con el Transmetro, perteneciente a la Municipalidad, y con los autobuses rojos, que operan sin ningún tipo de control.
Durante su mandato, Colom defendió la legalidad de estas aportaciones millonarias, que según recalcó, iban dirigidas a poner en marcha un sistema de transporte público seguro que fuera una alternativa a los autobuses rojos, que sufren casi a diario asaltos y asesinatos de pilotos y de pasajeros por parte de las pandillas.
Sin embargo, tanto desde la Procuraduría General de la Nación, como desde la Procuraduría de los Derechos Humanos se advirtió de que el Ejecutivo de Colom, perteneciente al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no podía destinar dinero público a una empresa privada.
La corrupción viene de las entrañas del régimen de Guatemala
Todo indica que Álvaro Colom se unirá a la suerte de otro corrupto y ex presidente como lo es Otto Pérez Molina (2012-2015), encarcelado en septiembre de 2015 después del destape por el caso de fraude aduanero de más de 3,5 millones de dólares conocido como ’La Línea’, y que también vinculó a gran parte de su gabinete.
Otros casos se han ventilado en Guatemala. En mayo de 2016 fue el proceso de el ’Caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)’ por el que también se encuentra en prisión el empresario español Juan José Suárez. En este escándalo de corrupción se investiga un soborno de 30 millones de dólares por parte de TCQ, que fue filial de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), con el fin de lograr un usufructo de 25 años de unas 34 hectáreas en el Puerto Quetzal. En concreto, Pérez Molina fue señalado en este caso de los delitos de cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero.
Por otra parte, en julio del pasado año, el ex presidente también fue ligado a un tercer caso de corrupción conocido como ’Cooptación del Estado’. En esta causa, por la que está acusado de los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, se investigan 450 contratos públicos que se efectuaron a cambio de cuantiosas comisiones que superaron los 500 millones de quetzales (55,5 millones de euros) a través de una ’organización criminal’ que tenía como fin saquear las arcas del Estado.
Mientras estos procesos transcurren en una Guatemala gobernada por Jimmy Morales, el mandatario profundiza las relaciones con Estados Unidos. Prueba de ello, es la reciente visita del mandatario a la Casa Blanca para sostener una reunión con Donald Trump y dar continuidad al tema migratorio, así como continuar con una política servil con la decisión de trasladar a Jerusalén la embajada guatemalteca en Israel.
