pesar del descontento popular y la crisis política abierta en el país, la Corte Suprema de Justicia rechazó las tres solicitudes de antejuicio planteadas contra el presidente Jimmy Morales por delitos electorales, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
Jueves 12 de octubre de 2017
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este martes la solicitud de antejuicio presentado por el Ministerio Público (MP) en contra del presidente Jimmy Morales Cabrera, por haber recibido durante nueve meses un bono de Q50 mil mensuales por medio del Ministerio de la Defensa (Mindef).
Ya antes el Comité Permanente de Exposiciones (Coperex) había presentado una solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales, con la que sumaban ocho las demandas durante los últimos seis meses, para retirar la inmunidad al mandatario. El Coperex manifestó además la existencia de varios delitos por parte de Morales y los ministros de Economía y Finanzas, que habían tendido un impacto social con nuevas movilizaciones y jornadas de protesta en Guatemala que reclamaron la salida y el enjuiciamiento del mandatario derechista que encabeza el partido FCN-Nación.
Para poder investigar a Morales, la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) pidieron el pasado 25 de agosto retirarle la inmunidad y, aunque una comisión especial del Congreso recomendó levantarle los fueros, en dos votaciones los diputados no alcanzaron los 105 votos necesarios para hacerlo.
El régimen guatemalteco se niega a pasar por otra crisis de gobernabilidad, ante el escándalo que ha provocado tanto la corrupción de Morales, como el intento fallido de expulsar a Iván Velázquez, la cara de la ONU –por medio de la Cicig– en Guatemala. A pesar de las movilizaciones y de las convocatorias a “paro nacional”, Morales ha expresado que se mantendrá en la presidencia como una muestra del blindaje que aún mantiene su gestión y que tiene que ver con el amplio apoyo que recibe por parte de sectores de militares de ultraderecha.
Ejemplo de esto último son las últimas iniciativas de reformas de ley electoral en Guatemala. Y es que sectores dentro del sistema político guatemalteco han propuesto una depuración del Congreso, que llevo a que tras el proceso de Morales, los diputados aprobaron reformas para quitar responsabilidad penal a los secretarios de los partidos políticos ante eventuales acusaciones similares a las que enfrenta el presidente.
Mientras la actual clase política y la derecha en Guatemala busca atrincherarse en esta etapa de la crisis, cada año se ven afectadas las condiciones de vida del grueso de la población con más de 60% de pobreza y con los más altos niveles de violencia dentro del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
Por ello, ante el cierre institucional que el régimen guatemalteco pretende dar al escenario actual es clave imponer otra agenda política con la participación de la clase trabajadora a la cabeza. Son las y los trabajadores los que pueden mostrar su potencial en las calles, saliendo con las demandas más sentidas de la población, y brindar una salida real que favorezca los intereses de la mayoría del pueblo guatemalteco frente a la corrupción que políticos, que como Jimmy Morales, su familia y los partidos políticos han orquestado en Guatemala durante largas décadas.
