Una fuerte crisis del régimen guatemalteco, que ocasionó la renuncia del ahora ex presidente Otto Pérez Molina, como una vía para desviar las movilizaciones de meses pasados, aunado a la crisis desatada tras el alud que dejó más de 500 muertos en un barrio pobre, es el escenario para las siguientes votaciones que definirán la presidencia de Guatemala.
Sábado 24 de octubre de 2015
Al no poder llegar al 50% de votos como piso mínimo en las elecciones del pasado mes de septiembre, la segunda vuelta para elegir a presidente, vicepresidente y diputados, se disputará entre Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Jimmy Morales por el Frente de Convergencia Nacional (FCN), siendo este último el que aparece como favorito para el ala más conservadora del régimen entre los que se encuentran poderosos militares y ex militares.
Mientras las autoridades y los candidatos enfrentaban en los medios el fuerte cuestionamiento tras el derrumbe en el barrio El Cambray II -que trajo cientos de muertos, desaparecidos y denuncias de otros barrios bajo las mismas condiciones y problemáticas sociales- los candidatos cerraban su campaña con un debate público en donde reinaron las descalificaciones.
La ausencia de un programa político para definir y dar salida a la actual crisis que enfrenta el régimen guatemalteco -siendo uno de los países latinoamericanos con mayor índice de pobreza, con tasas alarmantes de feminicidios, en donde la educación y la salud no están garantizadas para el grueso de la población- parece ser el común denominador de ambos candidatos. Junto a ello, los candidatos se han mostrado comprometidos en fortalecer y consolidar la alianza entre la Iglesia y el Estado.
Los grandes problemas sociales no ocupan un lugar dentro de la agenda de los candidatos, así como tampoco de ningún partido político. En cambio evadieron respuestas de interés público, en alusión a las propuestas de conformación de gabinete o en referencia a la demanda social por una nueva reforma política electoral, además de no mencionar su propuesta frente a la importación y la problemática aduanera, detonante de las movilizaciones y denuncias recientes.
Todo indica que el ataque a las masas trabajadoras continuará. En una de sus últimas declaraciones de cierre de campaña, Jimmy Morales afirmó que de ganar la contienda electoral, presentaría al Congreso un aumento de 180 días de clases, instalando un GPS a los maestros del país para verificar que estén dando clase y cumplan con el calendario escolar. El magisterio guatemalteco es uno de los principales sectores opositores al gobierno de Otto Pérez, y ha jugado un papel importante en las últimas convocatorias de paro nacional. Por eso ahora el partido de Jimmy Morales manda un mensaje de continuidad para quienes han encabezado la movilización, cuestionando la política educativa actual.
Una elección bajo el auspicio de la OEA
Desde la primera semana de octubre se hacían públicos algunos comunicados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en donde una Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por el uruguayo Juan Pablo Carlazzoli, ha comisionado a 70 expertos para recorrer el país y conocer los avances en la organización de los comicios.
Lo que esto indica es que la segunda vuelta estará nuevamente bajo la observación de la comunidad internacional, dando luz verde para que todo acto fuera del marco legal se perfile con total impunidad, como sucedió en el pasado proceso de elección. Así, el régimen espera cerrar la coyuntura marcada por la corrupción y la crisis política de los pasados meses, reafirmando el visto bueno de Estados Unidos, que desde 1970 han delegado misiones de este tipo para el seguimiento de por lo menos 16 procesos electorales.
Y después de las elecciones...
Hay una cuestión que permanece latente para Guatemala: las actuales condiciones sociales, políticas y económicas persisten y no se resolverán fácilmente, aún después de las elecciones. Históricamente, la clase poderosa; políticos, empresarios y militares, han sabido perpetuarse conteniendo movimientos con demandas progresivas y, sin embargo, el actual régimen y su estructura política permanece intacta.
La negociación se ha dado “por arriba” y, así como desde años atrás se ha dejado impune el genocidio al mando de Ríos Montt, así también se pacta desde las alturas y se establecen alianzas para salir fortalecidos y dar continuidad a los planes que contra los intereses de los campesinos, de las clases populares, de las mujeres y del pueblo trabajador, que llegan a pagar con la vida, los negocios sucios de la actual clase política, como quedó demostrado en el caso del derrumbe en El Cambray II.
Todos estos sectores no tienen una verdadera opción que resuelva sus demandas, frente al escenario de segunda vuelta. La salida será conquistar una organización independiente de cualquier partido político actual, así como de los organismos internacionales -como la propia Cicig y la OEA- que han mantenido como su principal objetivo desviar el descontento social y preservar los intereses del imperialismo norteamericano.
Con información de Prensa Libre / El País / El Nuevo Herald
