OPINIÓN. Guernica: laboratorio concentrado de una situación cada vez más crítica

Al momento de escribir estas líneas, la batalla de Guernica aún no ha terminado. Con la nueva postergación de la orden de desalojo, se abre un nuevo momento de esta emblemática lucha por la vivienda que en las últimas semanas ha concentrado la atención del país.

En el camino, van quedando ya sin embargo importantes lecciones, cuya importancia excede largamente al conflicto en curso. El mismo actúa en cierto modo de caso testigo, al tratarse de uno de los episodios de lucha de clases más importantes desde que comenzó el Gobierno del Frente de Todos.

Guernica constituye una suerte de laboratorio para observar el rol de distintos actores políticos y sociales frente a una situación de conflicto, que en parte tiñe el presente pero sobre todo adelanta un futuro que no será de desarrollo armónico sino de mayores convulsiones. Una grave situación económica y social, combinada con un Gobierno que de a poco se fue debilitando en los últimos meses, así lo anticipa.

Las estadísticas, frías, no dan lugar a dudas de la gravedad de la situación: según las propias cifras oficiales conocidas en las últimas dos semanas, hay 18 millones de personas en situación de pobreza en el país, un engañoso 13,1 % de desocupación que en realidad es mayor por la gente que no buscó trabajo, y un derrumbe económico del 19,1 %. El panorama de más ajuste que se empieza a perfilar en el presupuesto 2021 y las conversaciones con el FMI, no ofrecen precisamente una perspectiva de mejoría en este aspecto.

Los testimonios, emotivos, dan cuenta de otra cosa. Detrás de los números, personas reales como las de Guernica que, ante la falta de respuestas, tomaron el camino de la acción directa. Familias, parejas, madres, mujeres que en muchos casos perdieron sus únicos ingresos durante los últimos meses, optaron por tomar en sus manos una parte de su propio destino.

Frente a un futuro complejo, el “test Guernica” ayuda a discernir quiénes son los amigos y los enemigos del pueblo en esta crisis cuando este, desde abajo, decide irrumpir en la escena.

La respuesta del régimen político en su conjunto frente a las tomas deja muchas lecciones y va más allá de un problema circunstancial o coyuntural: se evidencia una cerrada defensa de un sistema de guerra de clases contra los pobres por la tierra y la vivienda, en el cual cada vez más, en las últimas décadas, los terrenos son para los millonarios, los especuladores inmobiliarios o los countries, mientras a millones se les niega hasta el mínimo derecho a lo más elemental, una vivienda.

En esto no hay grieta: desde el comienzo importantes funcionarios del Frente de Todos como Sergio Massa o Sergio Berni coincidieron con los referentes más de derecha de Juntos por el Cambio en salir a condenar las tomas, alentar la mano dura y defender la propiedad privada. El ala supuestamente progresista del oficialismo, como Kicillof o Frederic, enseguida les hizo la segunda. La ausencia total y absoluta de las burocracias de la CGT y la CTA apoyando la lucha, completa el cuadro.

Sin embargo, esta semana el violento ataque gubernamental contra los sectores populares en lucha dio un verdadero salto. No fue Sergio Berni quien estuvo a la cabeza, sino el dirigente de La Cámpora y ministro de Axel Kicillof, Andrés “El cuervo” Larroque.

Su “batalla cultural” no estuvo precisamente al servicio de cuestionar corporaciones o pelear por una ampliación de derechos, sino de construir una corriente de opinión contra los sectores populares más golpeados, estigmatizando sus luchas para crear un mejor terreno para desalojarlos con la misma policía que supuestamente era destituyente hace algunas semanas atrás y que está fuertemente sospechada por el caso de Facundo Castro.

Así fue como el ministro de Kicillof, después de homenajear desde su cuenta de Twitter al exponente de la derecha sindical peronista José Ignacio Rucci, se puso en “modo Duhalde”: olvidándose de toda crítica a los medios de comunicación, usó todo micrófono que tuvo a su alcance para lanzar una cadena nacional de demonización contra los luchadores de Guernica, mintiendo, ocultando y difamando.

Sus acusaciones de que en las tomas había “grupos violentos” fueron demasiado parecidas a aquellas que se hicieron en 2002 para preparar la Masacre de Avellaneda en la cual fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Felipe Solá y Aníbal Fernández son dos de los funcionarios de entonces que gozan de importantes cargos en el Gobierno actual. Experiencia sobra.

Que el desalojo haya sido postergado a pedido del propio Gobierno no debe llamar a engaño: ante el alto costo político que implicaría reprimir a sectores populares, en su mayoría votantes del peronismo, buscan derrotar la lucha por otros medios. Por eso estos días, mientras buscaban amedrentar con la amenaza del desalojo, a los luchadores de Guernica les “ofrecían” que acepten salir pacíficamente a cambio de promesas abstractas, pasar la noche en un parador o darles algunas chapas para una casilla. Verdaderas miserias y engaños, mientras a los especuladores inmobiliarios no se les toca un pelo.

Sin embargo, la valiente persistencia en Guernica de quienes están dispuestos y dispuestas a ir hasta el final en la lucha por la vivienda, junto con el gran apoyo que recibieron de la izquierda y organismos de derechos humanos, obligó a postergar el desalojo. Pero la lucha sigue, y el tiempo debe ser aprovechado para redoblar la organización.

A 10 meses de Gobierno del Frente de Todos algo queda claro en esta lucha testigo que anticipa futuros y mayores combates de clase: ante una pelea emblemática, su política, con sus funcionarios, medios afines, policías y burócratas sindicales, se ubica del lado opuesto a los intereses de los sectores populares. Es el correlato inevitable de una política de ajuste junto al FMI.

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Recuerdos del futuro

Guernica no es la única lucha. En Jujuy, más de 10.000 personas se manifestaron por Ni Una Menos. En Mendoza se viven movilizaciones históricas contra la política educativa del gobernador Suárez. En distintas empresas los trabajadores empiezan a plantarse, mientras que en algunos gremios se comienza a expresar la bronca por las paritarias.

En el próximo período, esto no hará más que acrecentarse. Frente a un Gobierno con su autoridad cuestionada por retroceder en Vicentín o frente al chantaje de la Bonaerense, o por sus mayores muestras de dificultad para manejar la crisis económica, está inscripto un horizonte de mayor conflictividad. El revés oficialista en la Corte Suprema de esta semana, si bien concita poco interés para el gran público, debe ser leído como un momentáneo y sintomático conflicto de poderes que habrá que seguir en el transcurso de la crisis, bajo una lupa latinoamericana.

La política oficial de administrar la decadencia de la mano del FMI, con disciplina fiscal y sin política soberana, solo cierra con pobreza y represión: ningún problema estructural de vivienda, pobreza o decadencia estructural del país será solucionado sin poner en cuestión el dominio capitalista de los resortes estratégicos de la economía que guían al país por el camino de la irracionalidad y la sed de ganancias y no por la necesidad de las grandes mayorías.

Más temprano que tarde, eso chocará con los millones que son golpeados por la crisis y agoten su paciencia y su experiencia con el Frente de Todos, después de haber visto el desastre macrista. Para esos escenarios es necesario fortalecer desde hoy las luchas obreras y populares, así como la organización política con un programa de independencia de clase, identificando desde hoy quiénes son los enemigos del pueblo.

En cada lugar de trabajo, de estudio o en cada barrio, la tarea hoy es rodear de solidaridad a Guernica para que triunfe, exigiendo a las organizaciones de masas que se pongan al frente, porque en la unidad de los trabajadores se fortalecen las peleas del presente y se preparan las batallas de fondo que decidirán quién paga esta crisis.