RÉGIMEN 78. Guerra al amarillo y relatos fantásticos en el Supremo

Termina este jueves con la crónica de una decisión anunciada. La Junta Electoral Central ordenaba al conseller de Interior catalán, Miquel Buch, la retirada por parte de los Mossos d’Esquadra de todos los símbolos independentistas que se mantengan en las fachadas de las sedes de la Generalitat y sus consellerías antes de las 15 horas de este viernes.

A su vez, llevaba al president de la Generalitat ante la Fiscalía para que investigue si ha cometido un delito de desobediencia penado con multas y inhabilitación para cargo público ¿Allanan ya los fiscales de la rebelión el camino a un nuevo 155 que termine con la destitución de otro president catalán? Todo es posible es este Reino.

Esta era la respuesta de este organismo a la decisión de Torra y sus consellers de sustituir los lazos amarillos por otros blancos cruzados por una línea roja -aludiendo al símbolo en defensa de la libertad de expresión que también ha sItuado en una de las ventanas del Palau de la Generalitat- o por otros iconos amarillos, como las gallinas, ovejas y otros animales que decoraban desde primera hora la puerta de la consellería de Agricultura.

Dicho cambio se producía después del informe del Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- en el que se pronunciaba a favor de la retirada de los símbolos originales para preservar la neutralidad de las instituciones en el periodo electoral.

No queda claro si la orden de la Junta incluye también a los nuevos símbolos – u otros aún más originales como la pancarta del Port de la Selva que ha sustituido el amarillo por el azul y el “llibertat presos polítics” por “ llibertat peixos pacífics”-. Es muy probable que así sea si atendemos a antecedentes como el de las elecciones del 155, las del 21D de 2017, en la que la Junta llegó a prohibir el color amarillo en la iluminación de fuentes y edificios o las luces navideñas.

El esperpento de policías entrando en edificios públicos y retirando pancartas, carteles y lazos es muy probable que se repita mañana. Las órdenes salen de un organismo tan independiente y poco de parte que incluye entre sus miembros a dos de los jueces que conforman el tribunal del Juicio al Procés.

Y mientras tanto en el Supremo, estos mismo jueces, con Marchena a la cabeza, siguen adelante con una farsa que no aguanta la más mínima prueba del algodón. Esta semana está siendo el turno de diversos agentes de la Guardia Civil.

Originalmente citados por su participación en diversos registros, el Tribunal permite a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y a Vox a preguntarles sobre su presencia en la represión del 1-O y otros hechos de los que los abogados de los acusados no tenían conocimiento de su participación hasta ese mismo instante. Una vulneración "de manual" del derecho a la preparación de la defensa.

Los relatos de los agentes, como era de esperar, rozan lo fantástico. Hablan de como sintieron un “odio nunca visto”, una “violencia inusitada”... y otras perlas por el estilo. Para que el delirio no quede tan evidente, Marchena ha decidido que sus palabras no puedan contrastarse con lo que pasó. Directamente ha prohibido que se pueda emitir ni una sola imagen de video de los hechos sobre los que declaran y que contradicen de cabo a rabo sus palabras.

Democracia y Judicatura “made in 1978” en plena acción. Este viernes seguirá el espectáculo. El curso autoritario y recentralizador del Régimen se sigue profundizando desde el golpe institucional del 155, y en esta película el guión lo van escribiendo codo a codo todos sus agentes, desde la Corona hasta el PSOE, pasando por supuesto por las derechas de PP y Cs y la recién llegada, pero que marca agenda como ninguna, de Vox.