La imposición de las zonas económicas especiales, que implicarán despojos territoriales, devastación ambiental y malas condiciones laborales, es con balas y represión para acallar la protesta social.
Jueves 23 de junio de 2016
Los verdaderos objetivos de la reforma educativa
El ataque desplegado contra el magisterio, que cobró el 19 de junio las vidas de hasta ahora 11 manifestantes, tiene un entramado de intereses económicos detrás.
Por un lado, la imposición de la mal llamada reforma educativa tiene la finalidad de liquidar la estabilidad laboral del magisterio y degradar sus condiciones de trabajo.
También conlleva cargar a madres y padres de familia con los gastos de mantenimiento de los establecimientos educativos.
Asimismo, en el ámbito de los planes de estudio, el secretario de Educación pretende reducir los conocimientos impartidos a la lectoescritura y destrezas matemáticas básicas. O sea, dar los elementos mínimos para formar una mano de obra eficiente que no cuestione nada.
Pero esto no es todo lo que se juega en la movida gubernamental. La campaña mediática centrada en desprestigiar al movimiento magisterial, así como las detenciones arbitrarias de activistas y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscan eliminar a este sindicato que cuenta con gran prestigio entre amplios sectores.
Y de la mano de liquidar a la CNTE buscan disciplinar a todos los sindicatos que se reivindican opositores. ¿Por qué?
Detrás de todo esto está el objetivo de convertir a la clase trabajadora en una masa inerme que no cuente con armas para defenderse ante la ofensiva de las trasnacionales y los gobiernos imperialistas para aumentar la tasa de explotación de las y los trabajadores. Más explotación para los de abajo, más ganancias y lujos para los de arriba.
Y en particular, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeado por la crisis abierta por Ayotzinapa, luego por los sucesivos escándalos de corrupción, cuyo epicentro fue la casa blanca de Angélica Rivera, y castigado en las urnas en las elecciones del pasado 5 de junio, se ha propuesto la aplicación de las reformas estructurales, ordenadas por los organismos internacionales.
Hacia un nuevo proceso de expoliación
Así, apenas a principio de junio, antes de lanzar estos ataques represivos contra el magisterio, Peña Nieto anunció la sanción de Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Entre las regiones donde quieren desarrollar las ZEE, se encuentra -nada de casualidad- ni más ni menos que Salina Cruz, municipio que alberga el puerto homónimo y la refinería de Pemex Ing. Antonio Dovalí Jaime. Justo uno de los escenarios donde se desplegó el operativo represivo del 19 de junio.
En particular, pretenden “desarrollar” la carretera Transístmica, el Gasoducto Transoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, reactivar el Ferrocarril Transístmico y el gasoducto Salina Cruz-Puerto Chiapas-Guatemala.
Estamos hablando de megaproyectos de infraestructura como base para la posterior instalación de industrias en la región.
Pero, como se evidenció en estos días, el pueblo oaxaqueño está harto de los agravios de los gobiernos de turno. También el pueblo de Chiapas. En los estados donde hay mayor nivel de pobreza es donde se viene expresando activamente el descontento social, del cual el movimiento magisterial es el catalizador, así como lo fue en su momento el movimiento democrático surgido al calor de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Hoy, en cada manifestación de apoyo al magisterio se expresa el descontento ante los innumerables atropellos que recibió la población, en especial en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, como el despojo de tierras cuando fue la construcción del parque eólico del corredor La Ventosa en Oaxaca o la resistencia de pueblos a proyectos mineros.
Pues bien, en el marco regulatorio de las ZEE, hay un Convenio de Coordinación suscrito entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios en donde se ubique cada ZEE y su respectiva Área de Influencia.
Entre sus cláusulas se cuenta “Realizar acciones de ordenamiento territorial en el Área de Influencia” y “Planear y ejecutar las acciones de seguridad pública necesarias para el establecimiento y desarrollo de la Zona, así como establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para el efecto, observando lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
O sea, el plan de Peña Nieto y los gobernadores es aplastar la protesta social para allanar el camino hacia nuevos despojos territoriales de ejidos y comunidades de pueblos indígenas que habitan las regiones donde planean edificar gasoductos y otras grandes obras de infraestructura, cuyos contratos serán adjudicados a consorcios de capitales internacionales, que ya sueñan con las ganancias que obtendrán.
A su vez, está en ciernes también la expoliación a gran escala de los recursos naturales de la región: centralmente minerales, petróleo y agua. Todo esto, de llevarse a cabo, abonará a la devastación del medio ambiente de la región.
Y una vez desarrollada la infraestructura, vendrá la instalación de las grandes industrias, que estarán exentas de pagar impuestos al comercio exterior y tendrán otras ventajas impositivas, como la exención del pago de IVA a los insumos que se adquieran para la utilización en las industrias de las ZEE. También contarán con ventajas para la contratación de los trabajadores.
Capitales europeos, estadounidenses y chinos son los principales candidatos para establecerse en las ZEE, un adelanto de las implicancias del Acuerdo Transpacífico.
No está dicho que el capital internacional pueda hacer su voluntad. Depende en gran medida de si se extiende ampliamente o no el apoyo al magisterio que hoy enfrenta la reforma educativa, y del curso que trace en su lucha la CNTE. La clase trabajadora y los sectores populares tienen la palabra.
