Frente al amplio y masivos hitos del movimiento de mujeres, el gobierno de Sebastian Piñera ha buscado responder a la discriminación por género en las Isapres, pero su propuesta tiene más de demagogia al no afectar la salud de mercado.
Natalia Sánchez Concejala Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de Salud "Abran Paso"
Domingo 15 de septiembre de 2019
Bajo el marco de años de enormes movilizaciones por los derechos de las mujeres, Chile ha tenido un rol protagónico con la masiva movilización del 8M de este año, en la que participaron más de 100 mil personas, el Gobierno de Piñera ha respondido con buscar reducir la discriminación de género.
Una de sus políticas será despachada a partir del 16 de septiembre, la que "prohibiría" que las ISAPRES ofrezcan planes de salud donde se realice discriminación a aquellas mujeres que se encuentran en edad fértil, práctica habitual en las empresas de salud, que implica costos mas altos para las mujeres.
El texto afirma que “a contar del primero de diciembre del 2019 las Isapres no podrán comercializar o subscribir planes complementarios de salud que contemplen, para las prestaciones relacionadas con el parto, una cobertura inferior a la convenida por el resto de las prestaciones del plan”.
Pues hoy en día casi la mitad de las cotizantes optan por planes con menor cobertura (Superintendencia de Salud), que implican al momento de acceder a los servicios en el sector privado deban pagar costos adicionales a los planes. Ante esto el Gobierno plantea que “El objetivo de esto es terminar con la discriminación contra la mujer en edad fértil. De acuerdo con la asesoría legal que hemos tenido, hemos decidido que a través de esta circular se puede prohibir la suscripción de planes con cobertura reducida relacionada con el parto”, según explicó el ministro de salud, Jaime Mañalich.
Si bien, a primera vista la política podría significar un avance para aquellas mujeres que optan por el sistema privado de salud, que se ven afectadas al tener que pagar una brecha de género que se dirige directamente al bolsillo de clínicas y aseguradoras de salud, sin embargo, no cuestiona de fondo el modelo de salud de mercado, y queda en el marco de la demagogía.
De hecho, lo valida al aceptar que sea a través de la cotización de planes de mayores costos la forma de recibir a un derecho básico de acceso a la salud maternal. Por tanto, si bien esta política es en respuesta al movimiento de mujeres lo hace a través de promover el modelo de salud de mercado, profundizando la privatización de la salud de las mujeres. Esto es evidente al especificar que el instructivo no tiene efecto retroactivo, negándose a aquellas cotizantes que suscribieron su contrato con la ISAPREs antes del 1 de diciembre mantendrá las mismas condiciones de 25% de cobertura obstétrica, ante el 75% de otras patologías.
Pero esta línea no ha sido solo del actual Gobierno, si no que venía profundizando desde 2005, cuando se comenzaron a implementar los “planes sin útero”, que no contemplaban ninguna cobertura para partos, evidenciando que la crisis de la salud de mercado lleva un largo camino que empeora a cada paso, y que con políticas como FONASA plus o AUGE, que a primera vista muestran ser una solución a los problemas de los usuarios, que deben esperar largas listas y plazos, son un desvío constante de dineros al bolsillo de los empresarios de la salud mercantil, que la dictadura instaló en Chile.
