Hoy por la tarde, el Tribunal Oral Federal Nº 1 leerá el veredicto en el Juicio de los Obreros, donde se juzgaron los crímenes cometidos contra treinta y dos trabajadores de la zona norte del Gran Buenos Aires durante la dictadura cívico militar. Se trata del onceavo tramo dentro de la megacausa de Campo de Mayo.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 7 de octubre de 2014
Tanto la fiscalía como las querellas solicitaron penas de prisión perpetua y de veinticinco años para los dictadores Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros (exjefe Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura) y penas menores para policías y prefectos.
Como informamos en La Izquierda Diario, este juicio tiene aún sabor amargo a pesar de que se condene a los represores directos. Los empresarios y gerentes, responsables de entregar las listas, de marcar a los trabajadores, no han sido siquiera imputados. Por caso, el testimonio del jefe de personal de Lozadur no dejó dudas: el dueño de la firma tenía trato cotidiano y fluido con los militares, y los recibía en la planta, declaró.
Los trabajadores desaparecidos y asesinados pertenecían a las fábricas navieras y astilleros Astarsa y Mestrina, y a las cerámicas Lozadur y Cattáneo.
Y este dato es relevante no sólo por ser los instigadores sino porque los secuestros, desapariciones y asesinatos se dieron en estas fábricas donde se desarrollaba un activismo y coordinación obrera, con ejemplos de altos grados de organización y solidaridad entre las diferentes fábricas de la zona, organizados en los que constituyó la Coordinadora de la Zona Norte, que cuestionaron el poder empresarial en muchos establecimientos. Fue en el sindicato ceramista de Villa Adelina, con base en la cerámica Lozadur, donde se reunía la Coordinadora en 1975. Eso fue lo que quisieron aniquilar empresarios, burócratas sindicales y militares.
Carlos Morelli fue trabajador de Astilleros Astarsa hasta el ’76, testigo del secuestro de varios de sus compañeros. Su testimonio fue valioso en este juicio.
En diálogo con La Izquierda Diario, asegura que a los militares los van a condenar, pero manifiesta que no está todo dicho y sostiene sin dudarlo: “Este juicio en realidad es una pavada, ya son unos viejos estos milicos, además porque llega tarde y mal y eso no es justicia. Mal porque a los ideólogos, a los civiles, a los empresarios, a los sindicalistas nos los están juzgando”.
Hay símbolos de la impunidad que son muy notorios, es el caso de Jorge Rampoldi, una de las caras visibles del Sindicato de Obreros de la Industrial Naval. Como denuncia Morelli, “Rampoldi estaba ligado a grupos paramilitares, y así dirigían el sindicato, además fue viceministro de Trabajo de Carlos Ruckauf; es un hombre que tiene vínculos con la UATRE, el sindicato de Gerónimo Venegas”.
Este hombre, como todos los entregadores de la patronal y del sindicato (intervenido durante la dictadura), así como los empresarios de Ford por quienes no se elevó aun a instancia oral la causa, siguen impunes. Los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales que estarán presentes en la sentencia en el día de hoy harán saber su descontento y reclamarán que se impute de inmediato a todos los civiles implicados. Es hora de pasar de las palabras a los hechos.
