El 17 de mayo de 2013 falleció en el penal de Marcos Paz, a sus 87 años. Hasta el último de sus días reivindicó el terrorismo de Estado de la dictadura genocida y varios de los juicios por delitos de lesa humanidad quedaron inconclusos.
Viernes 17 de mayo de 2019 12:00
A las 6:25 del 17 de mayo de 2013, Jorge Rafael Videla fue encontrado muerto, sentado en un inodoro de su celda de Marcos Paz. Allí cumplía su condena por crímenes de lesa humanidad desde junio de 2012.
Previo a eso había gozado de los beneficios de la prisión militar ubicada en Campo de Mayo, sitio donde había vivido como comandante en jefe del Ejército y que ocupó hasta 1980.
Hasta el día de su muerte, Videla reivindicó el terrorismo de Estado y jamás se arrepintió de los delitos de lesa humanidad por los cuales fue condenado.
Su primera condena fue en el año 1985, durante el famoso Juicio a las Juntas. Allí fue condenado a reclusión perpetua por la llamada “Causa 13”, que lo encontró culpable de diversos crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en 1986 el pacto de impunidad entre militares, peronistas y radicales quedaría plasmado en la Ley de Punto Final y, meses más tarde (tras el levantamiento militar de Semana Santa de 1987) en la sanción de la Obedicencia Debida.
En 1990, ya con Carlos Menem en la Casa Rosada, Videla y los demás militares condenados hasta entonces recuperarían su libertad gracias a los decretos de indulto.
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Fueron largos ocho años en los que los escraches se hicieron comunes entre los organismos de derechos humanos para denunciar la impunidad de los genocidas sueltos y reclamar justicia.
En 1998 el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich dispuso su detención por la causa que investigaba el destino de un bebé nacido en cautiverio. Sin embargo, la detención sólo duró un mes y el genocida regresó a su casa gracias al beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años.
Un beneficio que lo mantuvo “recluido” en su lujoso departamento ubicado en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida Cabildo.
La lucha incansable de los organismos de derechos humanos, de la izquierda y de infinidad de organizaciones sociales motivó la anulación de las leyes de impunidad en 2003, reactivándose así una decena de causas que volvieron a tener el nombre de Videla entre sus fojas.
En 2008, el juez Norberto Oyarbide dictaminó que finalizara el beneficio de arresto domiciliario. Pero Videla siguió manteniendo sus privilegios para evitar la cárcel común y fue enviado a la prisión militar de Campo de Mayo, predio donde se secuestró, torturó y asesinó y en donde funcionó una maternidad clandestina durante la dictadura.
En 2010 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos de Menem y dejó firme su condena a reclusión perpetua por la Causa 13. Esa sería la única condena firme con la que cargó hasta el día de su muerte, a pesar de sumarse otra por fusilamientos en Córdoba y por el robo de bebés en Buenos Aires.
Con su muerte, quedaron inconclusos distintos juicios como el que se llevaba adelante por el “Plan Cóndor”, por sólo mencionar un ejemplo.
La impunidad de la que gozó durante tantos años Videla fue la impunidad de cientos y miles de militares genocidas, de los empresarios que orquestaron el golpe y que actuaron en común llegando incluso a tener centros clandestinos de detención en sus propias fábricas. Una impunidad que, en la mayoría de los casos se mantiene hasta hoy.
Es la misma impunidad de la Iglesia, que bendijo el robo de bebés y los vuelos de la muerte mientras arrancaba confesiones en las salas de tortura.
Impunidad que sólo puede terminar con la apertura de los múltiples archivos de la dictadura que el Estado mantiene guardados en secreto desde hace décadas. Esa es una cuestión central y sumamente vigente ya que abriendo esos archivos será posible saber cuál fue el destino de las 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, de los más de 400 bebés apropiados que aún tiene su identidad robada y para desmantelar los grupos que hoy siguen en actividad en los servicios de inteligencia y las fuerzas represivas, espiando y actuando en contra de las organizaciones obreras y populares.
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