Crisis Política. ¿Hacia un endurecimiento del golpismo en Bolivia?

La madrugada del viernes 6 de diciembre se aprobó en la cámara de diputados el proyecto de ley destinado a garantizar de manera especialmente intensa el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales para dirigentes sindicales y políticos hoy perseguidos y acosados por el revanchismo derechista quienes han calificado a esta como "ley de impunidad".

Aunque la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez afirmó que vetaría esta ley, el senado tiene la posibilidad de promulgarla sobre la base de los dos tercios que tiene el MAS y con la presidencia de Eva Copa en la Cámara de Senadores. En este escenario, y ante la posibilidad de que el MAS pueda promulgar la ley, Áñez señaló que podía recurrir a la justicia constitucional demandado la inconstitucionalidad de la misma.

Hay que señalar que esta ley, trabajada por el reciente salido ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, con mediación de la conferencia episcopal así como la OEA fue parte de las negociaciones entre el MAS y los golpistas para aprobar la ley de convocatoria a elecciones 2020. Los diputados del MAS aseguran que la importancia de esta ley radica en que “va a ayudar a pacificar el país”.

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Por su parte representantes del movimiento cívico y de la derecha dura han empezado a exigir el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como lo afirmó Nelson Gutiérrez, dirigente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), y/o la anulación de la personería jurídica del MAS, quedando la posibilidad de proscribir al partido mayoritario del país. El inicio de movilizaciones de la derecha, que son gentilmente invitadas a la plaza Murillo para protestar contra la Asamblea Legislativa, es parte de este endurecimiento del golpe celebrado el 10 de noviembre y legalizado por el negociado con los parlamentarios del MAS.

El rechazo militante de la derecha a esta ley es que abriría la posibilidad de que tanto Evo Morales como García Linera puedan retornar al país y dirigir la campaña electoral de manera efectiva, situación que aterroriza a los golpistas ante la posibilidad de perder en las urnas lo que ganaron con los militares y policías. Tanto la eventual proscripción del MAS para las próximas elecciones, como el eventual cierre del Congreso significarían un recorte cualitativo de los derechos democráticos y políticos, y avanzan en un endurecimiento del régimen golpista. La urgencia de preparar y organizar la resistencia al golpe implica impulsar decisivamente la mayor acción unitaria, como lo sucedido en Senkata este 8 de diciembre en una expresión magnífica del frente único partiendo de un marco común muy progresivo como es la denuncia a la negociación del MAS con los golpistas.

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La lucha por el despliegue de las consignas democráticas sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, los derechos culturales y de diversa índole es una tarea central de todos aquellos que buscamos unir la fuerza y potencia de la gran masa campesina, de los pueblos indígenas y del movimiento de las y los trabajadores asalariados quienes mueven los resortes de la economía.

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