Más ajuste. Hambreadores: no hubo acuerdo acerca del salario mínimo

En una nueva resolución contra las grandes mayorías, el gobierno propició junto a los grandes empresarios el fracaso del Consejo del Salario. Definió que el monto del salario mínimo será fijado por las autoridades del gobierno por decreto y se espera que el mismo esté lejos de acompañar el brutal salto inflacionario que viene castigando los bolsillos de los sectores populares.

Luego de que ayer se conociera que una familia necesita casi $ 600.000 mensuales para no ser pobre, los empresarios se sentaron a la mesa de negociación sin plantear ninguna propuesta al respecto, según denunciaron desde la CTA. Hasta hoy, el salario mínimo se encuentra en $ 156.000, es decir, apenas una cuarta parte de ese monto. Este monto se encuentra paralizado desde el mes de diciembre a pesar de que hubo una inflación acumulada del 51 % en los dos últimos meses.

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La CGT, por su parte, había propuesto un aumento del 85 %, que igualmente se encuentra lejos de avanzar en recuperar lo perdido, quedando el salario mínimo en ese caso en $ 288.600, apenas por encima de los valores del índice de indigencia. Lo que no se detiene, por su parte, es la remarcación imparable de los mismos empresarios que se disponen a mantener muy lejos de la inflación el aumento de los salarios. Estos votaron en conjunto en contra de dicha propuesta. Ante esa situación y expresando un grado total de connivencia entre empresarios y el Gobierno, este último levantó la reunión y resolvió fijarlo en forma unilateral. Esta definición va de la mano de las intenciones del ministro de Economía Luis Caputo de avanzar en el ajuste vía licuación del salario.

Con una pobreza que ya superó el 50 %, el Gobierno deja a las claras sus intenciones de seguir profundizando esta tendencia: la determinación del valor del salario mínimo sirve como referencia para fijar los montos de programas sociales que reciben millones de personas a lo largo del país como el Potenciar Trabajo o la prestación por desempleo, que equivalen al 50 % y 75 % respectivamente del salario mínimo. También el cálculo de las jubilaciones mínimas se verá afectado para aquellos titulares con 30 años de aportes.

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Durante toda la jornada se concentraron en las puertas de la secretaría de Trabajo importantes delegaciones de organizaciones sociales y del sindicalismo combativo, para exigir un salario mínimo igual a la canasta básica familiar.

Luego de finalizada la reunión las centrales sindicales emitieron comunicados repudiando la actitud del Gobierno. La CGT directamente afirmó que "La irresponsabilidad social puesta hoy de manifiesto por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos".

Sin embargo, más allá de estas frases resonantes y, luego de la enorme movilización del 24 de enero, las centrales sindicales se encuentran totalmente paralizadas y no le han dado continuidad a esta expresión de bronca y voluntad de enfrentar estos ataques. Queda cada vez más claro, sin embargo, que ante las provocaciones permanentes de parte del Gobierno, estas deben convocar con urgencia a un paro nacional, en el camino de desarrollar un verdadero plan de lucha que pueda termine en una verdadera huelga general para tirar abajo todo el plan de ajuste del gobierno de la ultraderecha y el FMI.

Con la caída de la ley Ómnibus y ante el repudio social que crece a medida que se hace más dificil llegar a fin de mes, quedan en claro que la organización colectiva y desde abajo y la lucha en las calles son la única salida para poder tirar por tierra el conjunto del plan reaccionario y autoritario que quieren imponer Milei y sus ministros.