Bárbara Brito, vicepresidenta de la FECh y militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios, responde a Harald Beyer sobre la reforma educacional del gobierno a las universidades del Estado.

Bárbara Brito Docente y ex vicepresidenta FECH (2017)
Domingo 20 de agosto de 2017
Harald Beyer escribió una columna de opinión para El Mercurio titulada "U. de Chile y proyecto de ley de Ues Estatales". Comienza constatando una realidad: la mayoría de la U. de Chile "resiente" (eufemismo de rechazo) el proyecto de ley. Y procede a centrarse en el punto de gobernanza que propone la reforma.
En esta pasada el gobierno, Nueva Mayoría, la derecha y Harald Beyer (ex ministro de educación del gobierno de Piñera, pero además parte del Consejo Asesor Presidencial del primer gobierno de Bachelet conformado post lucha pingüina del 2006, el mismo que gestó la derrota del movimiento secundario tras la imposición de la LGE el 2009) están unidos.
Para Harald Beyer la reforma del gobierno no estaría incorrecta en su definición pues buscaría separar las funciones académicas de las administrativas traspasando estas últimas a un equipo de expertos. Y bueno, lo justifica citando una serie de ejemplos de universidades "exitosas" (es decir, de calidad, pero al servicio de los empresarios y totalmente elitizadas como Heidelberg).
Hoy no estamos luchando por tal o cual modificación parcial a la reforma, sería no sólo sesgado, insuficiente, "amarillo" y todos los epítetos que suelen recorrer las asambleas en debate a quienes se conforman con migajas; es engañarnos, tapar el sol con un dedo: nuestra lucha por el rechazo a la reforma actual del gobierno implica una confrontación con el modelo educativo de mercado, con el modelo de universidad empresa que defiende Harald Beyer, la ex Concertación y que ha sido administrada durante años por las autoridades y rectores de las universidades del Estado.
Dicha confrontación no está en escala de grises: remar en sentido contrario, en la conquista de una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo y no de los empresarios implica acabar con el mercado educativo, desechar y combatir cualquier incidencia del Estado en la administración y discusión sobre la orientación del conocimiento, a la vez que reponer la lucha por la gratuidad universal de la educación.
El gobierno universitario que necesitamos tiene que asegurar que la decisión quede en manos de funcionarios, estudiantes y académicos (tanto en el terreno de administración como respecto a la discusión sobre el desarrollo académico) a través de la elección universal de las autoridades personales y el cogobierno triestamental con mayoría estudiantil.